Absuelto el militar colombiano que lideró la retoma del Palacio de Justicia
El coronel retirado Alfonso Plazas Vega había sido condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de dos personas
La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió, en una sorpresiva decisión, al coronel, ya retirado, Alfonso Plazas Vega, que había sido condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia, como se conoce a los hechos ocurridos después de la toma a la sede del poder judicial de la capital colombiana por parte de la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Plazas Vega, que permanecía recluido desde el año 2007 en una guarnición militar, había sido declarado culpable por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de desparición forzada cometido contra la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Rodríguez.
El excoronel, que con la nueva decisión de la justicia ha quedado en libertad, fue quien lideró, con tanques blindados, el operativo que las autoridades iniciaron después de que el M-19 irrumpió en el complejo judicial. Según la sentencia que lo condenó en primera instancia, Franco y Rodríguez habrían salido con vida del Palacio de Justicia y llevados, por orden de Plazas Vega, a un lugar donde habrían sido torturados y asesinados, según testimonios escuchados en el proceso de investigación.
La Corte Suprema de Justicia al revisar durante más de un año el recurso de casación, interpuesto por la defensa de Plazas Vega para tumbar la pena, consideró que no existían pruebas suficientes para endilgar en el excoronel la responsabilidad por esas dos desapariciones y con una votación 5-3, la mayoría de magistrados de esa sala (la más alta de la justicia colombiana) decidió dejarlo en libertad.
Según la Corte, las declaraciones de los tres testigos que sirvieron de soporte para la condena inicial contra Plazas Vega, no "brindan la credibilidad dadas las inconsistencias de sus testimonios".
La decisión del Supremo echa para atrás una investigación que tomó varios años y que generó presiones a la fiscal que decidió desempolvar el caso. Ángela Buitrago, hoy una de las encargadas del 'caso Iguala' en México, fue quien después de 20 años de total impunidad en el proceso del Palacio de Justicia encontró testimonios que puso contra las cuerdas a los militares que, con una acción desproporcionada, al intentar recuperar la edificación tomada por la guerrilla, desaparecieron a por lo menos 12 personas y torturaron a civiles y guerrilleros.
René Guarín, hermano de Pilar Guarín, una de las empleadas de la cafetería que salió viva del lugar y permaneció desaparecida hasta este año, cuando fueron hallados sus restos, asegura que respetan la decisión de la justicia, pero anuncia que se pronunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "La CIDH condenó al Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia y hasta ahora se ha ignorado todo lo que la sentencia ordenó: la búsqueda de todos los restos, las indemnizaciones, las investigaciones por tortura. Y ahora se da esto", apunta Guarín.
Hace un mes, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón, como lo ordenó la CIDH, por las acciones del Estado en el intento por recuperar el Palacio de Justicia, pero las víctimas, 30 años después, siguen esperando justicia.
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