“Indictment”

No es fácil para los ciudadanos mantener el optimismo semana tras semana cuando medio país se dedica a irrespetar sus cargos, usar las trampas para burlar la justicia, aprovecharse de la impunidad social y judicial, mientras el otro medio busca desesperado cambiar las violencias por formas de reconciliación definitivas terminando por volverse voces quijotescas.

Y me refiero a quienes se levantan a trabajar cada mañana sobre sus pies sin un arma jamás empuñada como las madres que mandan a sus hijos al colegio y salen a sus labores para pagar pensiones y arriendos como lo hacen cientos de profesionales de todos los niveles socioeconómicos.

Mientras en La Habana, en Cuba, los negociadores del gobierno colombiano luchan minuto a minuto para que unas Farc encerradas en sus postulados entiendan y se logre antes del 23 de marzo el anhelado acuerdo, en diversos sectores en Colombia insisten en enriquecerse desde el poder que les confieren los cargos a los que llegan o con los que la sociedad los premia.

Aceptó cargos en Estados Unidos Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol en el Fifagate. El Indicment, acusación del distrito de Nueva York en su contra dice que “corrompieron la empresa mediante la participación en diversas actividades criminales…para mover el dinero que recibían por cuentas de sobornos u comisiones…”.

Un hombre de origen humilde que para sostenerse vendió ropa en almacenes y ahora lidera millonarias transacciones en dólares producto de sobornos por derechos de transmisión de eventos deportivos que tienen a la FIFA enfrentando el mayor escándalo en 112 doce años de historia. “Secuestraron el deporte”, dijo la fiscal Loreta Linch.

Desde otra alta posición, la que confiere la toga de magistrado, Jorge Petrelt amenazó esta semana al presidente colombiano con pedir la intervención de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana por supuestas presiones de Santos en su proceso judicial. El mandatario le pidió a la Cámara de Representantes que resuelva con celeridad el caso del ex presidente de la Corte Constitucional a quien se investiga por soborno para presuntamente fallar una acción de tutela. Cierto es que el principio de separación de poderes implica la no injerencia del ejecutivo en decisiones judiciales, pero en Preteltgate no puede seguir encontrando en dicha Cámara refugio para sus pecados.

Y en medio de esos casos, quizá esta semana Colombia tuvo que ver uno que afecta lo más profundo de la institucionalidad. En la Policía, ya empieza a conocerse lo que se ha denominado el Palogate, porque las denuncias sobre el actual director de la institución, Rodolfo Palomino, habrían producido que subalternos suyos se dieran a la tarea de perseguir e interceptar a periodistas, como en la época del expresidente Uribe, específicamente a Vicky Dávila por revelar un presunto caso de acoso sexual por parte del oficial.

Como si fuera poco, otro general, Luis Eduardo Martínez, quien aspiraba a ser ascendido perdió el apoyo del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en 48 horas. Primero lo apoyó como el gran oficial que efectivamente demostró ser en diversos cargos, y luego pidió aplazar su ascenso porque un documento nada menos que de la DEA comprometería a Martínez en una lista de uniformados con vínculos con el narcotráfico y organizaciones ilegales como la temida oficina de Envigado, cuna de sicarios en Medellín.

Ello según testimonios, entre otros, de un general colombiano hoy preso en Estados Unidos: Mauricio Santoyo. El Ministro Villegas le reconoció a Dario Arismendi en Caracol Radio que hay una división por el poder en la policía colombiana.

La lista es interminable y la última y más reciente, única esperanza para esos ciudadanos que aspiran a una Colombia en paz para sus hijos, es la aprobación del plebiscito por la paz como mecanismo para refrendar los acuerdos a los que se llegue con las Farc, opacados en las últimas horas por el secuestro de un soldado cuya autoría no está confirmada, y la demora en conocerse el acuerdo final de 75 puntos sobre justicia transicional.

El proyecto aprobado sin duda tiene pros y contras. La oposición como era esperable ha dicho que el plebiscito debería hacerse sobre la continuidad del gobierno de Santos pues insiste en que lo aprobado por el legislativo cambia las reglas de juego sobre el mecanismo de participación ciudadana a su acomodo.

Para sus defensores, dicho mecanismo de refrendación, al que incluso no está obligado el presidente, le da legitimidad a los acuerdo de lograr el respaldo de 4 millones 400 mil votos por el SI. Aunque baja el umbral de participación al 13%, solo para este caso, es imposible no entender que el carácter excepcional del momento así lo requiere y su resultado será vinculante.

Para los contradictores, no es legítimo porque solo pregunta por el sí o por el no, sin que los ciudadanos puedan conocer el contenido de los acuerdos, desconocen la promesa del gobierno de que los hará públicos e insisten en que la reducción del umbral es inconstitucional y corre riesgos en la Corte Constitucional.

Diana Calderón es directora de Informativos y de Hora 20 de Caracol Radio Colombia Twitter @dianacalderonf