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El proceso de impeachment en Brasil ahoga al país en el marasmo político

La destitución parlamentaria durará ocho meses. Es difícil que prospere, pero no imposible

Dilma Rousseff
Rousseff, en una rueda de prensa tras la apertura del proceso de destitución. AP

La decisión del presidente del Congreso brasileño, el polémico Eduardo Cunha, de poner en marcha el miércoles el proceso de destitución parlamentaria (impeachment) contra la presidenta, Dilma Rousseff, ha sacudido al país de arriba abajo, con el efecto de una bomba atómica política. Por todos lados se comentan las etapas necesarias para que el proceso prospere, lo que no es fácil, pero no imposible. El país, inmerso en una crisis económica que va camino de convertirse en la peor de su historia, asiste algo estupefacto a la caldera de odios personales y acusaciones que se intercambian Rousseff y Cunha.

El presidente del Congreso conservaba en su despacho varias decenas de peticiones de destituciones parlamentarias desde hace meses. Hasta el miércoles no se decidió a aceptar ninguna. Toda la prensa brasileña, todo el Gobierno, e incluso algunos de los juristas autores de esas peticiones de impeachment, acusan a Cunha de haberse servido de su poder para desencadenar todo el proceso con el fin de mercadear votos en una comisión que le debía juzgar a él, acusado de corrupción en el caso Petrobras: a cambio de no poner en marcha la bomba política contra Rousseff, los tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT) en esa comisión, de la formación de la presidenta, votarían en contra y Cunha quedaría libre de acusaciones, asentado en el cargo para el resto de legislatura y sin amenaza de acabar en la cárcel.

Pero los tres diputados anunciaron el miércoles por la tarde que el 8 de diciembre votarán a favor de la reprobación de Cunha en esa comisión. Y una hora después, este comparecía en la televisión para anunciar que aceptaba una de las solicitaciones de destitución parlamentaria. Hay expertos que aseguran que actuó por simple venganza, sin un cálculo muy preciso.

Fuera como fuera, la bola ya ha echado a rodar, y su desarrollo es impredecible. El proceso incluye la creación de una comisión parlamentaria, y una votación en el Congreso y otra en el Senado. Todo durará —dependiendo de si los parlamentarios se toman vacaciones en enero— de seis a ocho meses. Tal vez más. Aunque dentro de ese plazo habrá una etapa, mientras los senadores deliberan, en la que la presidenta será apartada de su cargo. El vicepresidente Michel Temer, del mismo partido que Eduardo Cunha, el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), se hará con el poder mientras tanto. O tal vez dure mucho menos, ya que el Gobierno ha recurrido la acción de Cunha y basta una decisión judicial para detenerlo todo.

Votos para el bloqueo

De cualquier forma, para abortar el proceso en su primera etapa, a Rousseff le bastaría con 170 votos de los 512 posibles en el Parlamento. Actualmente, miembros del PT aseguran que la presidenta cuenta, entre diputados del PT y aliados, con cerca de 200. Con lo que se aseguraría, en principio, una victoria. Y con eso el alivio definitivo de alejar para siempre el fantasma del impeachment, que le ha venido persiguiendo desde que fue nombrada presidenta, en enero. Pero nada es sencillo ni predecible en el hiperfragmentado Parlamento brasileño, donde las alianzas y contraalianzas (cuando no las traiciones y el transfuguismo) es algo corriente y de todos los días. Baste decir que los diputados del PT en el Congreso son sólo 66.

Lo paradójico del caso es que la causa del proceso de destitución —el maquillaje de cuentas públicas para poder gastar más de lo que está permitido por ley— no sería efectivo hoy, ya que el miércoles, este mismo Congreso que va a juzgar a Dilma Rousseff por —teóricamente— saltarse la ley, modificó, por mayoría absoluta esa misma ley presupuestaria a fin de que engordar el déficit público sea legal. Era la única manera, a juicio del Gobierno, de que el país no se paralizase en medio de una crisis económica que ha mermado considerablemente los ingresos.

Pero estas minucias legales, según muchos analistas, no se discutirán demasiado en el Congreso, que convertirá el impeachment en un mero juicio político. Por eso, tendrá mucha importancia tanto la respuesta de la calle (en los meses de marzo se produjeron en São Paulo y otras importantes ciudades brasileñas multitudinarias manifestaciones contra Dilma Rousseff) como la habilidad de la presidenta y los suyos en conservar las necesarias alianzas para no sucumbir.

De ahí que el resultado de todo este proceso, desencadenado, en buena medida, por la venganza personal de Cunha hacia Rousseff, sea como muchas otras cosas ingobernables en la política y en la vida: uno sabe cómo empiezan pero no cómo pueden terminar.

Leve subida de la Bolsa tras el anuncio

Ana Carolina Cortez / Heloísa Mendonça São Paulo

Los mercados de Brasil acogieron con una moderada alegría la apertura de un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La Bolsa de Valores de São Paulo abrió al alza (un 3,34% en menos de 15 minutos) un día después del anuncio, pero los expertos en finanzas reclaman prudencia. Una hipotética salida de Rousseff, reelegida en octubre de 2014, contribuiría a la incertidumbre a corto plazo en un momento en el que la recesión se ha agravado (la economía se desplomó un 4,5% este año) y la crisis política persiste.

“La presidenta se volvió la personificación de la crisis y su salida es vista como una buena noticia por los mercados”, opina el economista André Prefeito. Raphael Figueredo, analista de Clear Correctora, subraya que el mercado tiende a apoyar la destitución. “Con un nuevo Gobierno podrían concretarse proyectos” como los de infraestructuras ya anunciados. Pero “aún hay un partido muy largo por delante”, comenta.

El economista Alexandre Schwartsman advierte de que la crisis impedirá al Congreso concentrarse en el ajuste fiscal y otras medidas para aumentar la recaudación.

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