Rusia busca alianzas contra el terrorismo sin condiciones

Coreando a Vladímir Putin, la clase política rusa en masa exhorta a Occidente a una alianza contra el terrorismo, pero pocos se aventuran a expresarse sobre las condiciones, fines y limitaciones de una coordinación (como mínimo) o coalición (como máximo) con los países a los que simultáneamente vituperan. “La coalición antiterrorista ya existe y Rusia puede unirse a ella”, afirma Alexandr Cherkásov, director del centro de defensa de derechos humanos Memorial, refiriéndose a EE UU y sus aliados occidentales.

En opinión de Cherkásov, “contra el terrorismo hay que colaborar, pero hay que observar los procedimientos y no tergiversar los objetivos”. “Para los Gobiernos autoritarios la colaboración antiterrorista puede convertirse en un instrumento muy cómodo para dirigir el país, someter a la sociedad civil y perseguir a la oposición”, advierte. Recuerda el activista que el Kremlin denominó “operación antiterrorista” la campaña dirigida “contra la oposición separatista” en Chechenia. “Los instrumentos tienen que estar de acuerdo con los fines. Hay que saber contra quién se lucha y no se debe usar la lucha contra el terror de forma indiscriminada, contra objetivos civiles”, señalaba.

En la “lucha contra el terrorismo”, Moscú prima la fuerza frente a otros métodos de persuasión y ha cometido excesos documentados por instituciones como el Consejo de Europa o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Al Parlamento ha llegado una ley que, de ser aprobada como es previsible, permitirá a Moscú rechazar cualquier decisión del Tribunal de Estrasburgo.

En Rusia, los órganos de seguridad han gozado de amplio poder en la “lucha contra el terrorismo” y fueron los encargados de limpiar el Cáucaso de potenciales malhechores en vísperas de la Olimpiada de Sochi (febrero de 2014), cuando la estrategia policial sustituyó a los intentos de persuasión para tratar de reintegrar en la sociedad a jóvenes que en muchos casos se habían echado al monte ante las arbitrariedades policiales. Un instrumento para contener el “exceso de celo” de los servicios de seguridad fue la creación en las repúblicas del Cáucaso de “comités de adaptación”, con representantes de cuerpos de seguridad, pero también políticos y activistas de derechos humanos con el fin de garantizar a quienes se entregasen que “no serán exterminados sin más” y que las instituciones del Estado “cumplirán la ley”, dice Abaldí Shjagóshev, diputado de la Duma Estatal y víctima de un acto terrorista.

Entre los pocos “comités de adaptación” que han funcionado está el de la república de Ingushetia, cuyo presidente Yunis-bek Yevkúrov, logró crear un clima de confianza, a diferencia de la vecina Chechenia, donde el líder Ramzán Kadírov, quiere exterminar a los “terroristas” y “colgarlos de los aparatos volantes no tripulados que atacan las posiciones del Estado Islámico”.

Según el secretario del Comité de Ingushetia, Magomed Padíev, 62 personas han sido reintegradas desde que se creó el comité en 2011. “El comité está abierto también a quienes han participado en grupos armados en el extranjero, si se entregan y cumplen la condena que se les imponga”, afirma Padíev. Shjagóshev está de acuerdo, aunque los políticos centrales rusos hablaron de exterminar a los terroristas en Siria para evitar su vuelta a Rusia.

Guerra de Chechenia

Putin se hizo popular en 1999, siendo primer ministro, cuando lanzó la segunda guerra de Chechenia y afirmó que perseguiría a los terroristas hasta en “el retrete”. Svetlana Gánnushkina, presidenta del Comité de Asistencia Ciudadana y especializada en refugiados, cree que las instituciones empujan al radicalismo y cita el caso de un pastor que se incorporó a la guerrilla en Oriente Próximo tras ser obligado a abandonar del país por agentes de seguridad que le habrían torturado.

“Hay que colaborar contra el terrorismo, pero no hay que confundirse y hay que poner condiciones estrictas”, opina Gánnushkina. “Los acuerdos deben ser sobre operaciones concretas, no hay que improvisar y deben observarse de forma escrupulosa los derechos humanos”, afirma. “En Rusia hay 2.500 personas condenadas a distintas penas por delitos relacionados con terrorismo”, dice Shjagóshev.

Por su parte, en el diario Védomosti el político y economista Grigori Yavlinski afirma que la razón fundamental de la desconfianza de Occidente hacia Rusia es el “rumbo político antieuropeo” y la “continua mentira” que lo acompaña. Estos factores, afirma, ya llevaron al conflicto armado en Ucrania: “Hasta que la parte rusa no demuestre su disposición a cambiar este rumbo y volver a la colaboración normal (…) con el mundo desarrollado, y corregir los errores cometidos en Ucrania, no habrá ninguna confianza, es decir no habrá coalición”.