El Supremo se pronunciará sobre el aborto por primera vez en una década

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará la ley del aborto por primera vez en casi una década. La máxima instancia judicial del país ha aceptado una demanda contra la regulación de Texas, una de las primeras leyes que desde 2010 han protagonizado una oleada de restricciones al derecho al aborto en Estados gobernados por republicanos.

La intervención del Supremo llega además en una campaña electoral en la que ya han entrado a debate los derechos reproductivos de las mujeres. La sentencia de uno de los casos más importantes de la última década se conocerá el año que viene, durante los últimos meses de un año electoral en el que hay dos mujeres candidatas a llegar a la Casa Blanca.

Estados Unidos legalizó el acceso al aborto en 1973, también a través de un dictamen histórico del Supremo, que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. En estas cuatro décadas, pocos asuntos han dibujado más claramente la división entre demócratas y republicanos como el derecho al aborto.

Numerosos estados conservadores han impulsado leyes en los últimos cinco años que buscan proteger los derechos del feto a la vez que garantizan la salud de la madre. Pero los demandantes no creen lo mismo y aseguran que, como en el ejemplo de Texas, “estas leyes están aprobadas bajo la promesa de la salud de las pacientes pero en realidad acaban poniendo en peligro a las mujeres”.

El acceso al aborto es legal en todo el país, pero los límites a este derecho dependen de cada Estado

La ley protagonista de este nuevo caso fue aprobada en Texas en 2013 y aumentó los requisitos que debían cumplir tanto las clínicas como los médicos que practican abortos. En aquel año Texas contaba con 41 centros disponibles para abortar. En cuatro meses se redujeron a 22. Hoy quedan 18. Los abogados de los demandantes argumentan que si el Supremo da la razón al Estado, se reducirá a 10.

“Texas es el Estado más poblado del país, allí viven 5,4 millones de mujeres en edad reproductiva y 60.000 de ellas eligen abortar cada año”, aseguran los demandantes en este caso. Según los abogados, la legislación “retrasa o impide que miles de mujeres puedan abortar y empuja a algunas de ellas a recurrir a métodos ilegales e inseguros para interrumpir su embarazo”.

Este argumento es el que ha centrado el último episodio de la llamada ‘guerra contra las mujeres’ en Estados Unidos. Comenzó en 2010, con la victoria del Partido Republicano en las legislativas de ese año. Su mayoría en varias asambleas legislativas estatales les permitió sacar adelante leyes similares a la de Texas en 38 Estados, según datos del Centro para los Derechos Reproductivos.

Desde entonces el acceso al aborto es legal en todo el país, pero los límites a este derecho dependen de cada Estado. En el caso de Texas, por ejemplo, la ley requiere a las clínicas que practican abortos cumplir garantías de seguridad equiparables a las de un hospital. El cierre de centros médicos en el Estado supone que algunas mujeres tienen que desplazarse más de 400 millas para poder abortar legalmente. Los demandantes aseguran que estas leyes restrictivas, al dificultar el acceso al aborto, imponen una carga innecesaria sobre la mujer que quiere interrumpir su embarazo, limitando sus derechos.

Una sentencia de 1992 dictaminó que las leyes no pueden “añadir regulaciones innecesarias cuyo único propósito o efecto sea presentar un obstáculo a las mujeres que quieran abortar”. El Supremo decidirá este curso -antes del próximo verano- si la ley de Texas impone esa carga “innecesaria”.