Obama recurre al Supremo para salvar sus medidas de inmigración

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá de nuevo la última palabra sobre uno de los grandes avances que conforman el legado de los años de Barack Obama en la Casa Blanca. Como sucedió con la reforma de la sanidad o el matrimonio homosexual, la estrategia del Partido Republicano de judicializar todo aquello a lo que no se puede oponer desde otras instancias ha llevado hasta la máxima instancia judicial del país las reformas en materia de inmigración que Obama adoptó hace un año sin contar con el Congreso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes por la mañana que va a recurrir ante el alto tribunal la decisión conocida el lunes de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, que confirmó la suspensión de las medidas migratorias anunciadas hace un año por Obama. El origen del caso es la denuncia que presentaron en un juzgado de Texas 26 estados gobernados por el Partido Republicano sobre la base de la falta de autoridad del presidente. El juez les concedió como medida cautelar la suspensión de la entrada en vigor del alivio migratorio.

Estados Unidos tiene 11 millones de inmigrantes indocumentados. La última vez que se dio una solución a este colectivo fue hace más de 20 años, con lo que el problema ha crecido enormemente y hoy hay millones de personas que han hecho toda su vida en Estados Unidos, tienen hijos ciudadanos estadounidenses, trabajan, compran casas, montan negocios y pagan impuestos. Pero viven en las sombras. Un simple problema de tráfico los puede llevar a la cárcel y a la deportación del país.

El 20 de noviembre de 2014, tras años de parálisis en el Congreso y ante la evidencia de que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se niega siquiera a considerar una reforma integral del sistema de inmigración, Obama anunció un plan ejecutivo (sin contar con el Legislativo) por el que ampliaba la protección a los inmigrantes que llegaron siendo menores de edad y protegía también a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses que llevaran cinco años en el país. Si se apuntaban al plan, no tendrían que temer por la deportación.

Las medidas anunciadas por Obama suponían proteger de la deportación y sacar de las sombras a entre cuatro y cinco millones de personsas, según los cáculos. Los beneficiarios, sin embargo, no han podido ni siquiera presentar la solicitud, pues el proceso fue detenido provisionalmente por la justicia de Texas. La consecuencia más grave, con todo, fue arrojar dudas sobre un proceso muy delicado y donde la confianza de la gente es fundamental, ya que se está pidiendo a personas que llevan toda la vida huyendo de las autoridades que faciliten a la Administración todos sus datos.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans fue recibida con cierto alivio por las organizaciones de defensa de los inmigrantes. El proceso ha sido una batalla más política que judicial desde el minuto uno. Dando casi por descontada una decisión adversa, los defensores de los inmigrantes deseaban un fallo cuanto antes. La Administración Obama puede así presentar el recurso ante el Supremo para que, antes de diciembre, este decida si lo admite a trámite entre los asuntos de este curso. Si lo hace, habrá sentencia definitiva antes de junio, con Obama todavía en la Casa Blanca y en plena campaña de las elecciones presidenciales.