La Justicia vuelve a fallar contra las medidas de inmigración de Obama

Las medidas para proteger de la deportación a millones de inmigrantes indocumentados aprobadas por Barack Obama hace un año sufrieron este lunes un nuevo revés judicial. La Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (el juzgado de ámbito federal competente) falló a favor de la demanda interpuesta por el Partido Republicano para bloquear la acción ejecutiva del presidente en un juzgado de Texas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es ahora la última instancia que le queda al que ha sido el avance más importante en política de inmigración en dos décadas.

En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de origen mexicano. El pasado 20 de noviembre, después de años de inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria que diera algún tipo de solución a este colectivo, el presidente Barack Obama anunció un paquete de medidas ejecutivas (que no necesitan autorización del Legislativo) para proteger de la deportación a los inmigrantes padres de hijos norteamericanos que llevan más de cinco años en el país. Las medidas eran más modestas que una reforma integral del sistema de inmigración. Un proyecto de reforma fue aprobado en el Senado de EE UU con apoyo bipartito, pero la mayoría republicana de la Cámara de Representantes se negó a someterlo siquiera a votación, con lo que el proyecto murió.

Poco después del anuncio de las medidas, 26 estados gobernados por el Partido Republicano presentaron una denuncia en un juzgado de Texas argumentando que se trata de una amnistía para gente que se ha saltado la ley. El juez les concedió como medida cautelar la suspensión de la entrada en vigor de las mismas. Alrededor de cinco millones de personas, las que cumplían los requisitos para no ser deportadas, se quedaron con los papeles en la mano y sin poder acogerse a la protección del presidente. El fallo conocido este lunes rechaza (por dos votos contra uno) el recurso de la Administración Obama y da la razón a los demandantes. En el fondo del debate no está la política de inmigración en sí, sino si la Administración federal puede imponer estas medidas a los estados.

La primera consecuencia es alargar más un proceso que es una de las grandes batallas políticas de Estados Unidos y que se ha judicializado desde el día siguiente a que el presidente decidiera actuar por su cuenta. El lado positivo, valoraban este lunes algunas voces de defensa de los inmigrantes, es que el caso pasará inmediatamente al Tribunal Supremo (dando por hecho el recurso del Departamento de Justicia de EE UU). Los plazos son importantes: si el recurso se presenta pronto y el Supremo admite el caso a trámite, podría pronunciarse en este curso, todavía en la presidencia de Obama y antes de las elecciones de noviembre.

Marielena Hincapie, directora del National Immigraton Law Center, afirmó, citada por Politico: “Las familias inmigrantes y sus hijos ciudadanos estadounidenses han estado esperando con ansiedad la decisión. Ahora, pedimos al Departamento de Justicia que busque inmediatamente el recurso al Tribunal Supremo donde es más probable que consigamos justicia para nuestras comunidades”.

Tras conocerse la sentencia, el senador demócrata Bob Menéndez dijo que esta podía ser "decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras". "El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA”, dijo Menéndez, citado por Efe.

DACA es el acrónimo del programa aprobado en 2012 y que protegía de la deportación a los llamados dreamers, jóvenes que entraron irregularmente en Estados Unidos junto con sus padres. Desde entonces se han acogido al mismo medio millón de jóvenes. Las medidas de 2014 ampliaban este programa. DAPA es el acrónimo de un segundo programa por el que se protegía a los padres de ciudadanos estadounidenses que lleven cinco años en el país y no tengan antecedentes.

A pesar de estar en un juzgado de Texas, el caso ha sido una batalla política fenomenal por parte de ambos partidos. Frente a la demanda de los republicanos, una coalición de 28 ciudades liderada por los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y de Los Ángeles, Eric Garcetti, se personó en el proceso con un informe en el que destacaban la contribución económica de los inmigrantes irregulares a las grandes ciudades de Estados Unidos.