La ley de internet mexicana provoca fuertes críticas de la sociedad civil

Uno de las piedras filosofales de Internet es que la tecnología no es buena ni mala en sí misma. La neutralidad tecnológica busca garantizar el acceso en un plano de igualdad a los recursos técnicos de la Red. Las reglas sobre internet deberán por tanto limitarse a poner orden en el uso que se haga de la tecnología, pero prácticamente cada ofensiva legislativa provoca una tensión de ese axioma. México ha presentado una iniciativa legal sobre delitos informáticos y se ha encontrado con la respuesta de varias organizaciones de la sociedad civil, que consideran que la redacción de la norma es tan vaga y ambigua que puede convertir prácticamente cualquier actividad con un ordenador en un delito.

La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos fue presentada en el senado el pasado martes y desde entonces ha generado un torrente de críticas. “Criminaliza la herramienta en vez de castigar el uso de la herramienta”, apunta Aleida Calleja, portavoz del Observacom, una organización que supervisa la regulación de los medios.  “Contempla supuestos tan amplios, tan ambiguos, que dan lugar a una discrecionalidad que pueden abrir la puerta para el abuso”, añade.

Los casos de acoso o intimidación en redes sociales se castigan con seis meses a dos años de prisión. Utilizar un programa informático sin permiso, está penados con hasta ocho años de cárcel. “Además de una redacción muy deficiente se produce una duplicación de tipos. Hay delitos que ya está contemplados en la legislación penal. El robo, el fraude o las ofensas quedan con esta ley agravados por el simple hecho de cometerlos en internet”, defiende Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D). Esta organización, una de las que más firmemente se está oponiendo a la medida, reclama también que se abra un debate con la sociedad civil y el resto de actores implicados durante el trámite legislativo de la propuesta, que aún debe pasar por el largo recorrido parlamentario.

El senador Omar Fayad anunció la celebración de una audiencia pública  para debatir la medida

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y ponente de la iniciativa, Omar Fayad Meneses (PRI) anunció este viernes la celebración de una audiencia pública el jueves cinco de noviembre. “El objeto de esta ley es proteger a nuestros hijos de personas que cometen conductas que ni siquiera han sido consideradas como delitos y de esta manera prevenir y castigar a quienes incurren en estos supuestos”, apuntó Fayad en una rueda de prensa convocada a raíz del caudal de críticas.

“Estamos obviamente de acuerdo en perseguir delitos que se comenten en internet. Pero la redacción del texto es deficiente y no son necearías estas medidas draconianas”, sostiene el director de R3D. García pone como ejemplo el artículo 16: toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a ocho años de prisión. Según su interpretación, esta redacción abre la puerta a que irregularidades como mentir sobre la edad en un perfil de Facebook o otro incumplimiento de las condiciones de uso de cualquier programa –ese listado interminable que el usuario debe aceptar marcando una x en una cajita– eleve desproporcionadamente su condición jurídica. “Convierte una infracción de un contrato privado en un delito”, explica García.

El glosario de la norma recoge términos como arma informática, ataque cibernético o terrorismo informático. Según la redacción del texto, “la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”, será considerada un acto de terrorismo. “Es desproporcionado. Ya intentó hacer algo parecido Javier Duarte y la Suprema Corte lo echó para atrás”, apunta Calleja, en relación a una ley promulgada en 2011 por el polémico gobernador de Veracruz, que castigaba con penas de cárcel la difusión de mensajes falsos relacionados con el crimen organizado en la redes sociales, y que fue tumbada dos años después por la justicia por ser contraria a la libertad de expresión y el derecho a la información.