Cataluña: control de daños

A seis días de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, hay un resultado seguro: la Transición ha muerto. El gran milagro del proceso histórico que marca el único éxito que la Ilustración ha tenido en España en 300 años es el que se dio en el periodo comprendido entre 1976 y el momento actual. Su base estaba en el diálogo como forma de acción política.

Este sistema permitió construir la llamada Transición para conjurar el enemigo interno del golpismo, la destrucción institucional tradicional y los fallos de entendimiento en la historia española, creando así el ejemplo que sirvió no sólo en España sino en otros países.

El proceso de secesión encubierta de Cataluña marca muchos aspectos que no son, en su totalidad, responsabilidad de los gobernantes españoles. Europa era uno de los grandes elementos para salvaguardar la normalidad democrática e institucional española. Los hijos del 76 siempre supimos que la pertenencia plena al Viejo Continente y a la OTAN eran factores que buscaban romper el círculo autoritario y la destrucción sistemática de la democracia.

Y a pesar de que el sistema no era perfecto, es evidente que a día de hoy resulta difícil encontrar otros ejemplos de mayores autogobiernos que aquellos concedidos a Cataluña y al País Vasco y, en consecuencia, al resto de las llamadas autonomías.

Siempre se pensó que la intención separatista vendría con las bombas y las pistolas de ETA. Sin embargo, la historia nos muestra que la tendencia a romper el llamado sentido común se ha dado realmente en Cataluña con sus aventuras independentistas recurrentes.

La crisis económica y europea, el desgaste y la falta de creación de un terreno político común son, en parte, factores que permiten explicar el colmo de la ineficiencia política que están demostrando tanto el presidente catalán, Artur Mas, como el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, absolutamente empatados en incapacidad para manejar esta crisis.

La obligación de todo buen Gobierno es aportar soluciones para superar los problemas y no hacer del mismo problema una campaña, un objetivo y un final

Cada vez que alguien llega al poder promete hacer cumplir las leyes. Pero no hay que dejar de considerar que para que una ley tenga vigencia debe ser aceptada por la mayoría de aquellos a quienes va dirigida, y los buenos políticos saben que la única manera de evitar la destrucción de las leyes es anticiparse e irlas modificando para que puedan interpretar las realidades de cada momento.

Sin embargo, el consenso basado en que nadie puede negar a Cataluña el derecho democrático a separarse y manifestarse en las urnas choca con el artículo de la Constitución que consagra y mantiene la unidad nacional española, lo que es verdad, pero deja esta situación sin salida.

Tanto el discurso de Mas como el de Rajoy olvidan dos aspectos muy importantes. Uno, que más allá de las palabras o de la capacidad de crear tensión, como en el caso del presidente catalán, la obligación de todo buen Gobierno es aportar soluciones para superar los problemas y no hacer del mismo problema una campaña, un objetivo y un final.

Y otro que, si bien el presidente del Gobierno español es el defensor de la Constitución, no debería olvidar que también es un político con la obligación de hacer de manera ordenada aquellos cambios que sean necesarios para que la forma de gobierno y las leyes por las que se regula no pierdan vigencia.

¿Acaso sería posible esta crisis sin la crisis europea? ¿O también sería posible sin la crisis económica? Considero que no. Pero en cualquier caso, no tenemos que limitarnos a una política de control de daños, sino a empezar a pensar qué haremos al día siguiente porque se impone un cambio de protagonistas en el diálogo.

Y si siguen cada uno con su discurso, uno refugiado en la trampa democrática de que nadie le puede quitar a los pueblos su derecho de expresión, y el otro empeñado en que el movimiento no es legal, entonces nos condenamos no sólo a una lección de incapacidad política —como la que vivimos— sino a una tragedia sin salida.

Los partidarios y los detractores de la independencia y el orden en su conjunto —catalán y español— requieren no sólo de soluciones pactadas y del alumbramiento de una nueva legalidad. Se necesita pragmatismo y no demagogia para encontrar una salida al conflicto de un territorio de gran relevancia económica.