El aborto en Colombia, un camino lleno de baches

Carolina Sabino, famosa en Colombia por sus actuaciones en telenovelas, se vio obligada a dejar el lado amable de los reflectores para convertirse en el rostro del aborto en Colombia. Su caso se hizo público el viernes pasado cuando la Fiscalía colombiana anunció que sería procesada por un supuesto aborto ilegal, lo que generó una oleada de indignación entre los defensores de los derechos de las mujeres. A favor o en contra del aborto, la mayoría coincidió en que la vida privada debe respetarse.

La Fiscalía conoció del aborto al interceptar una conversación telefónica de la actriz con su hermana, en el marco de una investigación que no tiene nada que ver con ella. Sabino se mostró sorprendida porque un hecho “tan personal y doloroso” fuera expuesto de esa manera y dijo que habían atacado su dignidad y por sobretodo, sus derechos como mujer.

Como resultado, la Fiscalía dio marcha atrás, e incluso, el fiscal general, Eduardo Montealegre, se declaró defensor del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en los tres casos que se permiten en Colombia: cuando hay riesgo para su vida o salud (física y mental), malformación del feto o es producto de una violación. Pero lejos de apaciguarse, el debate quedó abierto, evidenciando que hay un gran desconocimiento de la jurisprudencia sobre el aborto, que existen barreras para que las mujeres puedan acceder al servicio y persiste la estigmatización. “Todas somos Carolina Sabino”, propuso la feminista Florence Thomas.

En Colombia, donde no hay un sistema sólido que registre las interrupciones voluntarias del embarazo, se estima que se practican cerca de 400.000 abortos al año, de los cuales solo el 1% sería legal. Hasta la semana pasada, no se conocía de mujeres que hayan ido a la cárcel por interrumpir su embarazo. “Esto evidencia la gran desinformación que hay sobre las circunstancias en las que el Constitucional reconoció el derecho de las mujeres a optar por una interrupción del embarazo. En particular, el caso de riesgo para la salud mental (caso de la actriz)”, dice Mónica Roa, la abogada que lideró hace una década la despenalización parcial.

A ello Roa suma que no existen garantías institucionales para las mujeres que ejercen este derecho por la vía legal. “Hemos tenido que enfrentar a un Procurador General que sin ninguna vergüenza ha usado el poder institucional del Estado para evitar que la sentencia de la Corte se pueda cumplir y ahora nos enfrentamos a una fiscalía que no tiene el tema claro y aunque se haya retractado, ya creó muchas dudas para las mujeres sobre lo que les puede pasar si acceden al aborto legalmente”, agrega.

La despenalización parcial del aborto se constituyó en un hito, pero el camino recorrido ha estado lleno de baches, ya que muchos en el campo médico, religioso y político, han intentado entorpecer su implementación. “El gran triunfo de 2006 fue más en el terreno simbólico. Quedó claro que el aborto es un tema de derechos que involucra preocupaciones de salud pública, discriminación, justicia social y equidad de género”, dice Roa. Sin embargo, reclama que las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder al servicio.

Se calcula que cada año un total de 132.000 mujeres sufren complicaciones por abortos clandestinos, lo que a su vez le genera al Estado colombiano un gasto enorme. Las barreras van desde la negación del servicio, la rotación por varios centros de salud, la exigencia de juntas médicas, hasta la objeción de conciencia. “Si logramos quitar estas barreras seguro que las cifras de interrupciones del embarazo en condiciones seguras van a aumentar”, dice Juan Carlos Vargas, portavoz de Profamilia, una entidad privada que apoya a las mujeres para ejercer su autonomía reproductiva y sexual. Allí, en 2014, se realizaron 3.473 interrupciones de embarazo, mil más que el año anterior.

La estigmatización también preocupa. “No queremos más mujeres perseguidas ni juzgadas por hacer valer sus derechos”, decía uno de los mensajes que circularon en redes sociales con el caso de Sabino. “Es uno de los obstáculos más grandes. Como hay unos imaginarios negativos sobre las mujeres que abortan, es muy difícil que accedan a la información de manera preventiva, que lo vean como un derecho y no como un delito”, dice Claudia Gómez, directora de investigaciones de Profamilia. También se juzga a los médicos que prestan el servicio.

Por el desconocimiento del derecho a abortar en los tres casos, Profamilia implementa desde mayo la campaña La decisión es tuya, con carteles en el servicio público, lo que ha despertado duras críticas de quienes se oponen al aborto. Sin embargo, esta institución lo toma como ganancia, ya que ha visibilizado aún más la campaña. Para los defensores de las mujeres, la indignación por el caso de Sabino es un indicador de cambio. “Tener personas que defiendan el derecho de otros, aunque no estén de acuerdo, es un avance inmenso. Es la clave para construir una sociedad que pueda vivir en paz en medio de la diferencia”, rescata Roa.