El cáncer que la ONU no logra extirpar

Fue el 14 de agosto cuando el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, calificó de “cáncer” la riada de acusaciones de abusos sexuales cometidos por su personal contra civiles en misiones de paz. El contingente en República Centroafricana (Minusca) estaba en el disparadero: una operación de ruandeses y cameruneses a principios de mes en la capital, Bangui, se había saldado con la muerte de un padre, su hijo adolescente, y la supuesta violación de una niña de 12 años. También falleció un casco azul en enfrentamientos con la población. Según los datos facilitados hasta ese día 14 por la ONU, la Minusca reunía ya 57 denuncias, 11 de ellas por abusos sexuales a menores. Eso al menos sobre el papel, porque dos días antes de las palabras de Ban, la oficina de Nueva York de la ONU había sido informada de la violación de otras tres jóvenes centroafricanas. La brecha de abusos sumaba ya 60 casos, y no 57, en sólo 11 meses de misión.

Según los datos facilitados la pasada semana a este periódico por Vannina Maestracci, portavoz del secretario general, el 12 de agosto, las familias de tres jóvenes denunciaron sus violaciones por tres miembros de la Minusca. Ese mismo día, la gota colmó el vaso de Ban. El surcoreano instó a dimitir al jefe de la Minusca, el general senegalés Babacar Gaye, un veterano en misiones de paz. Gaye aceptó.

Pero el cáncer ya se había extendido. Para muchos no sólo el de los abusos sino sobre todo el de la impunidad. Paula Donovan es codirectora de Aids Free World (AFW), organización con sede en Nueva York que trabaja monitoreando la gestión que la ONU hace de estos escándalos. “El problema no es tanto que el personal de las misiones no reciba formación contra los abusos”, dice Donovan, “sino que sepan lo que les puede pasar si los cometen, y eso no está muy claro”.

Tras las palabras de Ban, la embajadora de EE UU en la ONU, Samantha Power, admitió que el número real de denuncias contra cascos azules “podría ser mucho peor” si la cadena denuncia-investigación no fuera tan deficiente. Precisamente una auditoría interna de la ONU realizada en Haití y publicada este fin de semana señalaba que al menos 138 casos de denuncias por supuesta “mala conducta” –en muchas ocasiones, abusos sexuales- de personal desplazado contra civiles siguen abiertos sin resolución más de un año después de iniciadas las pesquisas. Hay expedientes que superan incluso los cinco años.

También sobre Haití, un informe interno filtrado a la prensa en junio destapaba cómo miembros de la misión de paz mantenían relaciones sexuales con al menos 225 mujeres a cambio de comida y medicinas, algo absolutamente prohibido. Haití, República Centroafricana, Liberia, Sudán del Sur… Diez años después de la primera gran investigación sobre explotación sexual en misiones de paz, el llamado informe Zeid sobre Congo, los abusos siguen siendo un agujero negro por donde se escapa la credibilidad y se cuela la impunidad en las operaciones de la ONU, con más de 125.000 expatriados por todo el mundo en 16 misiones.

Lisa Sharland, analista del think tank estadounidense Stimson Center, hace especial hincapié en la responsabilidad de los Estados que envían tropas. Ni la ONU ni el país receptor de la misión tienen potestad para enjuiciar a los soldados denunciados. Es el país de donde salen el que debe fiscalizar el caso. “Algunos de estos Estados son más rigurosos y transparentes en sus investigaciones que otros”, apunta Sharland. “Los Gobiernos son muy sensibles a la información sobre denuncias contra su personal”, continúa la analista, “y eso deriva en falta de transparencia a la hora de conocer cómo se administran las denuncias y si el personal es o no castigado”.

Este déficit de colaboración ha empujado a Ban Ki-moon a amenazar con publicar la información por país de las denuncias de peso hechas contra su personal en el terreno. Pero la ONU no salva el cerrojo informativo. La suspensión de uno de sus funcionarios, el sueco Anders Kompass, por filtrar a Francia el expediente sobre denuncias contra sus soldados en República Centroafricana, destapó, en primer lugar, un escándalo de abusos cometido contra menores de edad y, en segundo lugar, el especial celo de la misión sobre las pesquisas.

Donovan, de AFW, organización que sacó a la luz este caso, alerta sobre el gran obstáculo que tienen las investigaciones de estas vejaciones: “el dinero”. El que llega de contribuyentes a las misiones y el que se destina a los países que aportan soldados. Con luz y taquígrafos, estas cantidades se podrían ver en peligro.