El chavismo libera opositores para aliviar la presión exterior

Justo en la semana cuando la bandera de Estados Unidos vuelve a ondear en la delegación diplomática de La Habana el Gobierno de Venezuela excarcela a dos importantes opositores. Uno de ellos es Daniel Ceballos, número tres de la organización que lidera el dirigente Leopoldo López. El exalcalde de San Cristóbal ha sido acusado por las autoridades venezolanas de liderar los disturbios en esa ciudad del occidente del país, que mantuvieron en jaque al Gobierno de Nicolás Maduro en el primer semestre de 2014. El otro es el general Raúl Baduel, la versión venezolana de otro importante estratega militar del régimen cubano, Arnaldo Ochoa, ejecutado en 1989 después de encabezar las campañas militares de la isla en Angola y Etiopía. En las últimas horas se conoció la liberación del estudiante Deivis Oliveros, quien permanecía recluido sin juicio en la policía política desde 2014.

Ceballos permanece en arresto domiciliario, mientras que Baduel no tiene impedimento para moverse. Todo parece indicar que el régimen venezolano ha dado una muestra concreta para intentar mejorar sus deterioradas relaciones con Washington. Al tiempo, las liberaciones pretenden aliviar la presión internacional y las denuncias sobre encarcelamientos por motivos políticos. “Es una demostración de que nuestro sistema de justicia actúa con base en el derecho y apegado a la Constitución. Así funciona la democracia venezolana”, aseguró el defensor del pueblo, Tarek Williams Saab.

El general Baduel, parte de la logia militar venezolana que comenzó a conspirar en 1982 bajo las siglas Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000, fue el responsable del espectacular regreso de Hugo Chávez al poder el 14 de abril de 2002 tras ser derrocado por un golpe de Estado.

Vitoreado por el chavismo, Baduel prosiguió su imparable ascenso hasta convertirse en Ministro de la Defensa en 2006. Cuando en 2007 se mostró contrario a la reforma de la Constitución promovida por Chávez, el oficialismo lo crucificó. Un tribunal militar le impuso en 2009 una condena de ocho años por “sustracción de fondos” del Ejército y lo recluyó en el penal de Ramo Verde. La OEA ha celebrado las excarcelaciones.