Tsipras se juega el poder al someter el pacto al Parlamento

Los agricultores del norte de Grecia saludaron este martes con las primeras movilizaciones de protesta el acuerdo técnico entre el Gobierno de Atenas y el cuarteto. El campo será uno de los sectores más afectados por las duras concesiones que el Ejecutivo de Alexis Tsipras se ha visto obligado a hacer para asegurarse el tercer rescate que se concede a Grecia desde 2010.

Pero para desbloquear el primer tramo del mismo —entre 20.000 y 25.000 millones, según las cuentas de Atenas—, el Parlamento griego debe aprobar este jueves un proyecto de ley ómnibus con 35 medidas urgentes. En octubre se votará un segundo paquete de reformas estructurales.

El nuevo curso político quedará supeditado al estado en que quede la mayoría del Gobierno tras este embate legislativo; en las dos votaciones anteriores, en julio, su bancada —formada por los 149 escaños de Syriza y los 13 de ANEL, su socio de coalición— perdió su mayoría absoluta por la oposición al rescate de una treintena de diputados críticos del partido de Tsipras. Si el Gobierno obtiene menos de 120 votos (de un total de 300) se aceleraría la convocatoria de elecciones.

En la presentación pública del acuerdo, este martes, el Gobierno evitó reseñar las medidas más dolorosas y subrayó sus pequeñas victorias, como por ejemplo evitar reintroducir el pago de 5 euros por consulta hospitalaria, como pedían los acreedores. También la rebaja en los objetivos presupuestarios, o el modelo del fondo de privatizaciones.

Entre las medidas pactadas figuran las siguientes:

Agricultores. La modificación del régimen fiscal agrario del 13% al 26%, en dos fases, tendrá alto coste electoral (el campo es vivero de votos para las formaciones políticas tradicionales). Aunque Tsipras aseguró la semana pasada que su Gobierno intentaría convencer a los socios para mantener la fiscalidad del 13% para agricultores jóvenes y aquellos que tienen como única fuente de ingresos el campo, se han impuesto finalmente las exigencias de los acreedores; también al eliminarse beneficios como el 40% de descuento en electricidad y gasoil.

Objetivos presupuestarios. El pacto prevé un superávit primario para este año del 0,25% (en vez del 1%). En 2016 se exige el 0,5%; en 2017, el 1,75%, y en 2018, el 3,5%. La moderación en los objetivos ayudará, según el Ejecutivo, a suavizar los ajustes en 20.000 millones —en cálculos del Ministerio de Finanzas que dirige Euclides Tsakalotos— y propiciar el crecimiento.

Hipotecas. Uno de los puntos más conflictivos son las carteras de créditos morosos —muchos de ellos hipotecas— para sanear la banca. Las instituciones proponían venderlas a fondos buitre; Atenas, desviarlas a una especie de banco malo. El capítulo ha quedado pendiente hasta otoño (hasta fines de año está vigente la moratoria antidesahucios).

Pensiones. La eliminación de las jubilaciones anticipadas será gradual; además, se prevé reestructurar el régimen de pensiones para ahorrar un 0,5% anual del PIB. Una de las concesiones más sensibles es la eliminación del fondo compensatorio para las pensiones más bajas (EKAS, en sus siglas griegas).

Impuestos. Habrá cambios en el polémico impuesto sobre bienes inmuebles (Enfia, en griego), que Syriza había prometido suprimir en su programa electoral. También se modificará la nueva ley que permite devolver en cien plazos los pagos pendientes a Hacienda y la Seguridad Social.

Profesiones. La liberalización de los gremios (o “profesiones cerradas”, en griego) es una herencia no resuelta de rescates anteriores; esta vez les tocará a ingenieros o notarios, entre otros profesionales.

Privatizaciones. El fondo exigido por los socios para privatizar 50.000 millones en bienes públicos permitirá rentabilizar estas propiedades, contemplando la posibilidad del alquiler, y no sólo de la venta, como el organismo encargado de las privatizaciones hasta la fecha (Taiped, en sus siglas griegas).

Sector energético. Se contempla también la liberalización total del mercado del gas natural en 2018. Las instituciones demandan asimismo la separación de las redes de los distintos proveedores, algo que el Gobierno objeta.