La justicia argentina prohíbe a Menem salir del país

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), que ya fue condenado por contrabando de armas pero sigue libre mientras apela contra la sentencia, no podrá salir de su país por otra causa que lo persigue, la del presunto encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Así lo determinó ayer el tribunal que iniciará en agosto próximo el juicio por el ocultamiento de los responsables del ataque terrorista islámico que en 1994 mató a 85 personas en Buenos Aires.

Tampoco podrán salir de Argentina, además de Carlos Menem, los otros imputados en la causa, desde el juez que investigaba el atentado, Juan José Galeano, hasta otros exfuncionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial.

La masacre de la AMIA ocurrió en pleno Gobierno de Menem, un peronista neoliberal que había alineado a Argentina detrás de la política exterior de Estados Unidos y de la guerra de la superpotencia contra Irak por el dominio de Kuwait en 1991. En 1992 había ocurrido otro atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que fallecieron 29 personas. Pero pasan los años y no hay condenados por este ataque ni por el de la AMIA.

Todos los implicados

La justicia comenzó a investigar en 2000 el presunto encubrimiento de los autores del ataque contra la mutua judía, pero solo el mes próximo, 15 años después, se iniciará el juicio oral y público. Los imputados son Menem, el exjuez Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex secretario de Inteligencia menemista Hugo Anzorreguy, los ex jefes policiales Jorge Palacios y Carlos Castañeda, los exespías Patricio Finnen y Juan Carlos Anchezar, el expresidente de uno de los principales colectivos judíos en Argentina, Rubén Beraja; uno de los investigados por el atentado, Carlos Telleldín, y su esposa, Ana Boragni, y el abogado Víctor Stinfale.

Menem, de 85 años, es recordado por los argentinos por su plan económico neoliberal que en un principio domó la hiperinflación, pero al final dejó una herencia de deuda y desempleo. También sobre él pesaron diversas acusaciones de corrupción. En 2013 fue condenado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero sigue libre mientras espera el resultado de su apelación. El pueblo de su provincia, la norteña La Rioja, lo sostiene como senador en el Congreso argentino. El kirchnerismo se ha negado a destituirlo de su cargo pese al fallo.

En enero pasado el fallecido fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa AMIA, intentó iniciar otra investigación por presunto encubrimiento de los autores de esa masacre y acusó a la actual presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios y dirigentes sociales. Fernández había firmado en 2013 un pacto con Irán para que los acusados iraníes por el ataque declararan en su país, y no en Argentina. A partir de ese acuerdo, Nisman sostuvo su denuncia contra la jefa de Estado cuatro días antes de su misteriosa muerte. Seis meses después del deceso, se desconoce si se suicidó o lo mataron, pero en el medio su denuncia ha sido archivada después de que un juez, un tribunal y un fiscal la desestimaran con el argumento de que el convenio con Irán no constituía un delito. La familia de Nisman asegura que el fiscal fue asesinado, y está en contra de la versión de los médicos forenses que señalan que no hay indicios de ello.

Lo que continúa en tela de juicio es la constitucionalidad de ese pacto entre Buenos Aires y Teherán. Un tribunal determinó el año pasado que el acuerdo no respetaba la Carta Magna y se espera que otra corte de apelaciones determine si confirma ese fallo o lo revierte. Mientras, el caso de la AMIA sigue dando vueltas.