Bachelet reconoce que le costará cumplir sus reformas estructurales

El proyecto de Gobierno con el que presidenta Michelle Bachelet llegó por segunda vez a La Moneda en marzo de 2014 se ha trastocado. Si hace 16 meses la socialista pretendía llevar adelante un complejo paquete de reformas estructurales, centrados sobre todo en los cambios a la educación, el sistema tributario y una nueva Constitución, el nuevo escenario económico chileno y otra serie de factores la han llevado a reconocer públicamente que no logrará realizar todo lo que prometía en su programa de Gobierno, que fue respaldado por el 62% de la ciudadanía y generó expectativas ilimitadas.

Este lunes, durante la promulgación de una ley que establece una cuenta pública anual a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, la mandataria señaló que priorizará su hoja de ruta “por el bienestar de las familias”. Hace tres días, el viernes pasado, había dado vuelta las cartas: “Debemos avanzar en las prioridades programáticas, de acuerdo a las condiciones sociales, políticas y económicas del contexto actual (…) Tenemos que ver realistas y sinceros de cara al país”. 

En Chile algunos sectores hablan de derrota política y, desde el sinceramiento autocrítico de la presidenta, en el mismo bloque oficialista se ha cristalizado nuevamente la pugna interna entre quienes buscan la mesura y los que veían en esta Administración la oportunidad histórica para realizar los cambios de fondo contra la desigualdad. Los desafíos de este segundo Gobierno de Bachelet eran ambiciosos y pretendían lograr las transformaciones que el centroizquierda de la Concertación no logró llevar a cabo entre 1990 y 2010, durante la peculiar transición chilena en que se avanzó en la medida de lo posible.

En el Gobierno se ha dicho que habrá una jerarquización. La propia Bachelet ha señalado que se trata de “realismo, sin renuncia”. Pero al margen de la semántica y aunque todavía no es del todo claro lo que se postergará y lo que definitivamente se dejará de hacer, el complejo escenario económico de Chile no permitirá contar con el dinero necesario para sacar adelante todas las propuestas que este Gobierno intentaba realizar en apenas cuatro años, hasta marzo de 2018. 

La economía no jugado a favor de Bachelet. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) fue de 0,8% en mayo, la inflación es superior a la prevista con un 0,5%, la tasa de paro subió a un 6,6% y el Gobierno ha recortado el crecimiento de 2015 hasta llegar al 2,5%. Los políticos y los economistas se han trenzado en los últimos meses en diversas controversias para detectar el origen del frenazo. Pero aunque la desaceleración comenzó en la Administración de Sebastián Piñera (2010-2014) y los factores externos a Chile han influido en la realidad local, como en toda América Latina, parece un hecho probado que la manera en que el Gobierno llevó adelante las discusiones en 2014 terminaron por contaminar la economía.

Con la reforma tributaria se dio una situación insólita que demuestra, al menos, las falencias comunicacionales del Ejecutivo. Pese a que recauda mayor cantidad de dinero, es regresiva y estaba contemplada en el programa de Gobierno como principal fuente para financiar la educación, un 70% de los chilenos piensa que es negativa para el grueso de la población, sobre todo para los pobres y la clase media. La semana pasada el Gobierno se abrió a realizar algunos ajustes en su implementación, según anunció el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que el 11 de mayo llegó a ocupar un papel clave en lo que será esta nueva etapa de la Administración socialista. 

La principal incógnita es si el Gobierno logrará cumplir a cabalidad y en los plazos establecidos con su principal promesa de campaña y una de las esencias de su programa: la gratuidad universal para la educación superior, que llegaría a un 70% en 2018. Los diputados de la bancada estudiantil, que en 2011 lideraron las protestas, han señalado que no deben haber excusas para la implementación del beneficio y que la medida no puede estar condicionada al crecimiento económico. El ministro del Interior, Jorge Burgos, este lunes indicó que ni la reforma educacional ni la laboral están en peligro, pero incluso desde el oficialismo pidieron mayores precisiones. A estas alturas lo que parece claro, sin embargo, es que no se alcanzará a llevar adelante uno de los pilares de transformación de este Gobierno: el cambio a la Carta Magna. Pese a que en septiembre el Ejecutivo tiene contemplado que arranque un proceso constituyente, que pocos comprenden, difícilmente habrá nueva Constitución antes de 2018. 

Cambio de rumbo

El cambio de rumbo de Bachelet, sin embargo, no se explica solo por la economía. Los escándalos de corrupción que han afectado a todos los sectores políticos desde el segundo semestre de 2014 ha inaugurado una etapa de descrédito generalizado hacia las autoridades y las instituciones democráticas. Pese a que había resistido a la indignación ciudadana que se observa en Chile desde 2011, la propia presidenta tiene una popularidad en los suelos.

De acuerdo a la reciente encuesta Adimark, la socialista alcanza un 27% de respaldo, como nunca en sus dos Gobiernos, y un rechazo encumbrado en el 68%, la misma desaprobación que llegó a tener Piñera. A la compleja situación que enfrenta el Ejecutivo también contribuyen las tensiones existentes en el oficialismo, dividido desde 2014 por la profundidad y rapidez con que se deben realizar las reformas prometidas por el bloque para llegar a La Moneda. 

El reconocimiento de la presidenta ha hecho que diversos actores políticos hablen en estos días con mayor franqueza. Un dirigente influyente de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez, señaló en Televisión Nacional que todos sabían que el programa no se iba a poder cumplir. El senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, en la misma línea de los reconocimientos indicó, según el diario La Tercera: “No hicimos el cálculo adecuado y ahora todos tenemos que apechugar (poner el pecho a los problemas)”. 

La propia Bachelet ha dado a conocer un nuevo ingrediente para explicar la tormenta perfecta. En la redefinición de su agenda programática reconoció que su Gobierno tuvo problemas de gestión para llevar adelante las principales reformas que han dado a luz, como la tributaria y algunos de los proyectos de educación: “Debemos reconocer que la administración estatal no estaba preparada para procesar los cambios estructurales simultáneamente. Es parte de los obstáculos que hemos heredado y tal vez los subestimamos”, indicó la presidenta, que intenta dar un nuevo aire a su Administración con un llamado a todos los sectores a recuperar las confianzas bajo el eslogan Todos por Chile.