Hablemos menos de Atenas y más de Europa

Llevamos meses hablando de Grecia. Pero el problema es la eurozona. El vodevil griego no sería noticia si la Unión Monetaria estuviera consolidada. Entonces nos podríamos permitir la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin que hubiera un solo inversor o analista que dudase de la viabilidad y permanencia de la unión monetaria norteamericana. Y desde luego el FMI no hubiera demostrado su preocupación por el impacto en el crecimiento mundial, ni los estadounidenses insistido en el carácter geoestratégico del país. Evitar que Grecia sea un Estado fallido no es un objetivo únicamente europeo, ni la respuesta puede ser solo monetaria. Por cierto, si el presidente Obama está tan preocupado, podría hacer como Clinton en la crisis mexicana de los noventa y encabezar un programa de rescate internacional que incluya ayudas bilaterales de su gobierno y de la Reserva Federal, un papel protagonista del FMI y del Banco Mundial.

Si la pregunta relevante es por qué un problema menor en la Eurozona se ha convertido en cuestión de supervivencia, la respuesta debería ser evidente. Hay un primer plano político, el ciudadano europeo no existe, no hay un demos político europeo. Y la crisis económica, con sus inevitables ajustes, ha debilitado el sentimiento de pertenencia a un pueblo común. Tanto en los países acreedores, cansados de pagar por un cariño no correspondido, como en los deudores, que se refugian en su dignidad herida. Por eso emergen partidos nacionalistas en todas las geografías y en todos los espacios ideológicos. Europa necesita construir una identidad propia.

El problema es la eurozona. El vodevil griego no sería noticia si la Unión Monetaria estuviera consolidada

Hay también un segundo plano institucional. A pesar de algunos avances en el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Cooperación Europeo, la Eurozona se halla en un limbo jurídico, oficialmente no es más que un estado transitorio. Lo que explica que todos los organismos con capacidad de decisión sean instituciones de la Unión Europea en su conjunto, como el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el ECOFIN. Con la única excepción del BCE, cuyo protagonismo en esta crisis responde no solo a su naturaleza de autoridad monetaria sino también a que se trata de la única institución de la Eurozona que está en los Tratados, la única que tiene la legitimidad democrática para hablar y decidir por todos los socios del euro y solo por ellos.

Esta realidad institucional crea dos problemas adicionales que necesitan respuesta. Primero, la mera posibilidad de que una hipotética decisión soberana de abandonar el euro plantee la legalidad de la pertenencia a la Unión Europea convierte un problema nacional en un problema europeo y resta credibilidad a cualquier sanción fruto de la gobernanza fiscal del euro. Pero al mismo tiempo, la consolidación de la Unión Monetaria como espacio económico y político no puede hacerse rompiendo la Unión Europea en dos grupos antagónicos que reproduzcan la división de Europa Occidental hasta los ochenta en dos unidades paralelas, la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Por eso el referéndum griego y el británico, que se plantee la salida de Reino Unido, tienen bastante en común. Ambos plantean la necesidad de dar cabida institucional y legal a una Europa a dos velocidades. Ambos hacen necesario un nuevo Tratado Europeo que sustituya a Maastricht. Y ambos obligan a España a renovar un gran consenso político que sitúe a nuestro país inequívocamente en la primera velocidad. Por eso fue tan importante la enmienda que consagraba la estabilidad presupuestaria como un objetivo y una obligación constitucional, y tan peligrosas las rectificaciones posteriores.

Y hay evidentemente un tercer plano económico. La Eurozona no es un área monetaria óptima y aunque se han dado pasos muy importantes en esa dirección desde 2010, sobre todo en la unión bancaria, todavía hay espacios de fricción y oportunidades de ruptura auto infligidas. Donde queda más camino por recorrer es en la unión fiscal. A nadie se le escapa que es políticamente lo más difícil. Una unión fiscal no supone la igualación de impuestos y prestaciones sociales en la Eurozona porque ha de respetar el principio de subsidiariedad. Cada país debe seguir siendo soberano para alcanzar los objetivos fiscales de déficit y deuda acordados solidariamente por los Estados Miembros de la forma que considere más oportuna, para elegir la combinación de ingresos y gastos público que considere más adecuada a sus intereses. La razón de la unión fiscal no es la reparación ni el afán justiciero, pero tampoco la homologación de derechos sociales y gasto público. El objetivo último y necesario es simplemente limitar las externalidades, impedir que los costes de las decisiones domésticas recaigan sobre el contribuyente europeo no nacional.

Donde queda más camino por recorrer es en la unión fiscal, que es, políticamente, lo más difícil

La unión monetaria conduce inexorablemente a la creación de un Tesoro Europeo con competencias tasadas como un mecanismo necesario para la sostenibilidad de la Eurozona. Pero construir un Tesoro Europeo es mucho más complejo que poner en circulación un activo europeo seguro y libre de riesgo, los famosos eurobonos que son sin duda necesarios para evitar complejidades y susceptibilidades a la política monetaria única. Habrá que decidir cómo se va a financiar ese activo europeo y no parece adecuado plantear la creación de un nuevo impuesto europeo, sino más bien la transferencia automática de alguno de los ya existentes. Habrá también que consensuar el uso que se va a dar los fondos así transferidos, siendo obvio que dotar un fondo de estabilidad macroeconómica para el conjunto de la Eurozona es la prioridad aunque hay también quien plantea financiar un “tramo europeo” del seguro de desempleo. Y por último, y no menor, habrá acordar bajo qué institución europea se crea; y por las razones apuntadas en un artículo anterior en este mismo periódico, me parece obvio que hoy solo puede ser sobre el Eurogrupo.

La Unión Monetaria exige mayores niveles de coordinación fiscal ex ante porque la disciplina fiscal no puede imponerse ex post mediante sanciones; por muy automáticas que éstas pretendan ser nunca serán creíbles salvo que incluyan la sanción última, la potencial expulsión del área euro de los incumplidores sistemáticos y recalcitrantes. Pero incluso ésta posibilidad es una incógnita, como estamos observando precisamente estos días. La Unión necesita reglas preventivas que eviten la acumulación de déficits públicos antes de que estallen. Esas reglas habrán de traducirse en una especie de aval europeo a los presupuestos nacionales previo a su aprobación por los respectivos Parlamentos nacionales y en un control periódico de la ejecución de los mismos.

Cumplir las reglas fiscales tiene que tener la contrapartida de la protección conjunta y de la mutualización de la deuda europea emitida en cumplimiento de los objetivos fiscales ratificados por la Unión. Solo así se puede hacer legítima y democráticamente aceptable la soberanía compartida. Pero no cumplir debe suponer también, automáticamente, la pérdida de autonomía fiscal, la intervención de facto de la Hacienda Nacional por los administradores europeos, en un proceso que no puede ser muy diferente a lo previsto en la Ley de Disciplina y Estabilidad Presupuestaria aprobada en esta legislatura por el Parlamento español. O disciplina común o ausencia de aval europeo al endeudamiento nacional, lo que en la unión monetaria significa que el BCE deja de aceptar como contraparte el papel soberano de ese gobierno, precipitando sin duda su suspensión de pagos y su eventual salida del euro. Lo contrario sería crear un sistema perfecto de incentivos perversos, un ejemplo de libro de texto de lo que los economistas llamamos riesgo moral.

Fernando Fernández Méndez de Andés, IE Business School