París hace polémicas concesiones a Rabat para cerrar la crisis bilateral

La grave crisis entre Francia y Marruecos, que supuso la congelación durante un año de toda colaboración judicial y policial, se ha cerrado con un alto precio pagado por París. La última cesión se ha producido este martes en la Asamblea Nacional, que ha aprobado un polémico cambio legal según el cual Marruecos será advertido de inmediato de toda causa judicial abierta contra uno de sus ciudadanos. El proceso judicial será remitido “prioritariamente” a los tribunales marroquíes.

Asociaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, el sindicato de la magistratura y diputados de la izquierda radical han rechazado ese cambio legislativo. Rabat, argumentan, podría alertar a perseguidos a los que desee proteger o, en último caso, enterrar causas judiciales por motivaciones políticas. Destacan, además, que en Marruecos se castiga la homosexualidad como delito o que no ha firmado la Convención Europea de Derechos del Hombre ni la de la ONU contra la tortura. Y que el principio de justicia universal aplicado en Francia queda en entredicho.

Es precisamente un caso de presuntas torturas el que originó el problema. Dos franco-marroquíes denunciaron en París presuntas torturas sufridas en Marruecos. La juez del caso aceptó que se citara como testigo a Abdelatif Hammuchi, el poderoso jefe de los servicios secretos marroquíes. El 20 de febrero de 2014 se encontraba supuestamente en la residencia del embajador de Rabat en París, y allí acudieron con la citación seis policías, a quienes les dijeron que Hammuchi no estaba en la casa.

El rey Mohamed VI ordenó la inmediata congelación de toda colaboración judicial y de información antiterrorista. Desde entonces, se acumularon en los cajones 83 comisiones rogatorias francesas, 60 peticiones de arresto y hasta 230 causas judiciales. En Francia viven 1,5 millones de marroquíes y, en Marruecos, 48.800 franceses.

Los detractores del cambio legal consideran que Francia ha hecho dejación de sus principios en defensa de los derechos humanos

De nada sirvieron las excusas del ministro de Exteriores, Laurent Fabius. O la mediación de la diputada socialista Elisabeth Guigou, nacida en Marrakech y ahora ponente de la modificación legal aprobada. Guigou reconoce que en ese cambio legislativo hay “ambigüedades e imprecisiones”, pero concluye que no pone en entredicho el derecho francés “ni los compromisos internacionales”.

Para la diputada ecologista Cécile Duflot, el nuevo acuerdo es “una marcha atrás en los principios de los derechos humanos por un cálculo político”. Para Rabat, como señala su embajada en París, se trata de que la colaboración sea “de igual a igual, con respero mutuo”.

La diputada ponente ha destacado que la colaboración marroquí en la lucha antiterrorista es clave para Francia, como lo son las relaciones comerciales. El incidente con Hammuchi fue calificado por Rabat como “un atentado grave a las normas elementales de cooperación entre los dos países” y una falta de respeto a la justicia marroquí. Portavoces del centroderecha, que unió sus votos a los de los socialistas, le dieron la razón en el debate parlamentario de este martes.

El Gobierno francés, además, ha anunciado que condecorará con la legión de honor a Hammuchi. Y que será el propio ministro del Interior francés, Bernard Cazenueve, quien le impondrá la distinción.