Investigado por evasión fiscal y blanqueo el primer ministro rumano

La Fiscalía Anticorrupción de Rumania ha abierto una investigación penal contra el primer ministro del país, Víctor Ponta. El político socialdemócrata, que encabeza el Gobierno desde 2012, es sospechoso de blanqueo de capitales y evasión fiscal cuando trabajaba como abogado en su propio bufete, en 2007. También está siendo investigado por 17 cargos de falsedad documental y conflicto de intereses cuando ya se había convertido en ministro, a partir de 2008. El jefe del Ejecutivo ha criticado el procedimiento penal y ha insinuado que se trata de una investigación política. “La política se hace en el Parlamento, no en la DNA [Dirección Nacional Anticorrupción]”, ha dicho.

El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, ha reclamado este viernes a Ponta que presente su dimisión. Iohannis, en el cargo desde que en diciembre del año pasado derrotó de manera inesperada a Ponta en las urnas y rival político del primer ministro, ha asegurado que la situación y la postura del socialdemócrata es “insostenible”. “Lo peor que podría ocurrir es que esto desembocase en una crisis política”, ha declarado Ioannis tras conversar con él.

Ponta, no obstante, ya ha declarado que se mantendrá en el cargo. “Hay que respetar el cargo público. Yo fui nombrado por el Parlamento rumano y solo el Parlamento puede destituirme. El respeto a los principios constitucionales es esencial para nuestra sociedad y nadie puede aceptar que un fiscal de la DNA esté por encima del Gobierno, el parlamento y los ciudadanos rumanos. Esto se asemejaría a dictadura, y creo que 25 años después de 1989 esto sería un gran error para todos”, ha escrito en su cuenta oficial de Facebook, en la que ha colgado varios documentos escaneados que, afirma, demostrarían su inocencia.

La DNA, la oficina  especial de la fiscalía anticorrupción que se ocupa de los cargos públicos y de grandes sumas de dinero, ha solicitado al Parlamento que retire la inmunidad a Ponta para que pueda ser acusado y juzgado. El caso contra el ahora primer ministro está vinculado con otra investigación por corrupción contra uno de los aliados políticos de Ponta, Dan Sova, ministro de Transporte en el Gabinete de Ponta de marzo a junio de 2014. La DNA sospecha que Ponta y Sova pudieron cometer los delitos durante su asesoramiento legal a las compañías energéticas Turceni y Rovinari.

Aunque Ponta sigue conservando la mayoría en el Parlamento, está muy debilitado políticamente tras su derrota electoral en su carrera a la presidencia el año pasado. De hecho, el anuncio de la fiscalía coincide con una moción de censura al primer ministro en el Parlamento.

Ponta, de 43 años, ha sobrevivido a varios escándalos políticos. Incluidas las duras críticas de la UE sobre sus maniobras “poco democráticas” y las acusaciones de “violar sistemáticamente la Constitución” para expulsar de la presidencia a su antiguo gran rival, Traian Basescu; también a las acusaciones en 2012 de plagio de su tesis doctoral. Ponta siempre lo negó –la investigación se publicó en la revista científica Nature--, aunque el pasado diciembre renunció a su título de doctor.

La corrupción está gravemente institucionalizada en Rumania. En 2013 y de nuevo en 2014, el exprimer ministro Adrian Nastase, mentor político de Ponta, fue condenadoa cuatro años de cárcel por corrupción. En los últimos meses, la DNA, dirigida por la fiscal Laura Codruta-Kovesi, ha procesado a varios políticos y funcionarios de alto nivel. En marzo, el ministro de Finanzas dimitió después de que Anticorrupción abriese varias investigaciones contra él. El mes pasado, el exministro Liviu Dragea fue condenado por fraude electoral en 2012, en un intento del partido socialdemócrata de hacerse con la presidencia, entonces en manos de los conservadores de Basescu.