La NSA ve recortado su poder por primera vez desde el 11-S

Estados Unidos se prepara para adoptar los mayores recortes a la vigilancia de la NSA, la agencia de espionaje electrónico, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En la medianoche del domingo y a la espera de que en los próximos días el Congreso apruebe una reforma que impondrá límites a la NSA, el programa de almacenamiento masivo de datos telefónicos quedó en suspenso. Tanto el cierre temporal de este programa, como la nueva ley, son un freno a la progresiva expansión de la agencia en los años de la guerra contra el terrorismo. La reforma, que es consecuencia de las revelaciones del analista Edward Snowden, quitará a los espías el control de los datos y los dejará en manos de las compañías telefónicas.

La historia reciente de la NSA (iniciales en inglés de la Agencia de Seguridad Nacional) es la de una ampliación creciente de su capacidad para espiar. La última vez que el Congreso logró frenarla fue en 1978 cuando, tras el caso Watergate y otros desmanes de los servicios secretos, prohibió la vigilancia en territorio estadounidense y estableció controles del poder legislativo a sus actividades.

La nueva ley prevé que el programa se mantenga durante un periodo de transición de medio añ

El 11-S, unido al desarrollo de Internet y los teléfonos móviles, inauguró una nueva era en el espionaje electrónico. La descoordinación entre las agencias de espionaje en vísperas de los atentados de 2001 disparó la alerta. Las nuevas tecnologías abrieron un campo insólito para los criminales y para los espías.

Unas semanas después de los atentados, la Administración del republicano George W. Bush empezó a recopilar en secreto registros de llamadas telefónicas. Era una pieza más en el rompecabezas de medidas antiterroristas, algunas en una zona de penumbra entre la legalidad y la ilegalidad. En 2006, Bush logró la legalización del programa, aunque siguió siendo secreto hasta que en 2013 Snowden, un exanalista subcontratado por la NSA, lo reveló.

El debate que Snowden abrió hace dos años desemboca ahora en uno de estos dramas legislativos —negociaciones agónicas, plazos incumplidos— que han marcado la presidencia del demócrata Barack Obama. Esta vez han sido dos republicanos los que se han enfrentado y han provocado el bloqueo, y ambos son senadores por Kentucky: el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el aspirante presidencial Rand Paul.

McConnell quería prolongar la sección 215 de la Patriot Act. Este texto amparaba el almacenamiento de los datos telefónicos —número de teléfono, hora y duración de la llamada— por parte de la NSA, pero expiraba el 1 de junio. Paul —líder del ala libertaria de la derecha estadounidense, contraria a la intrusión del Estado en la vida privada— quería dejar expirar la ley. En un término medio, Obama y una mayoría de congresistas, demócratas y republicanos, defendían una nueva ley, la USA Freedom Act, ya adoptada por la Cámara de Representantes. Esta ley, sin cuestionar la autoridad de los espías para vigilar las comunicaciones privadas, supone el primer intento serio, desde 1978, de poner coto a la NSA.

El plazo de la medianoche del domingo llegó sin acuerdo para prolongar la sección 215. La NSA perdió la autoridad legal para recopilar llamadas telefónicas de los residentes en EE UU. Por primera vez quedaba clausurado un programa que las dos últimas administraciones han juzgado esencial para proteger al país de amenazas terroristas.

El cierre de este programa —y de otros dos que sirven para vigilar a lobos solitarios y para pinchar los teléfonos a sospechosos que cambian con frecuencia de aparato— es temporal.

El domingo, unas horas antes de la hora límite, McConnell cedió, admitió que carecía de apoyos suficientes para prolongar la sección 215 y apoyó una votación preliminar de la USA Freedom Act, que avanzó con 77 votos a favor y 17 en contra. La votación final, pendiente de posibles enmiendas, se puede celebrar a partir de este martes. Entretanto, el almacenamiento de datos telefónicos seguirá en suspenso. Una vez aprobada la USA Freedom Act, el programa volverá a funcionar.

La nueva ley prevé que el programa se mantenga durante un periodo de transición de medio año. A partir de este momento, los datos sobre las llamadas permanecerán en manos de las compañías telefónicas, no del Gobierno de EE UU. La NSA necesitará la autorización del tribunal secreto. La ley exige más transparencia en los procedimientos de este tribunal.

La USA Freedom Act busca un punto medio entre los halcones que colocan la seguridad nacional como prioridad y quienes temen que los excesos del espionaje recorten las libertades civiles. Los estadounidenses coinciden con esta visión. Un 54% se opone al control de la NSA de los datos de teléfono e Internet, según el Pew Research Center. Al mismo tiempo, casi la mitad cree que las políticas antiterroristas son insuficientes para protegerles.