El fútbol sudamericano podría perder su inmunidad diplomática

Gobiernos, jueces y fiscales de diversos países latinoamericanos buscan mostrarse preocupados y activos ante la corrupción que denunció el pasado miércoles EE UU en la FIFA y por la que están imputados 18 dirigentes de fútbol, 11 de ellos oriundos de esta región. En Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el presidente del Senado, Blas Llano, anunció este viernes que ingresó a esa cámara un proyecto de ley para quitarle la inmunidad diplomática que su país le había otorgado en 1997 a la entidad deportiva. Dirigentes de la Conmebol están acusados de recibir 100 millones de dólares en sobornos sobre un total de 150 millones que denunció la fiscal general norteamericana, Loretta Lynch.

Pero la justicia de EE UU aún no logrado que la de Paraguay allanase la sede de la Confederación Sudamericana para requisar documentación por la protección de la que goza como si fuera una delegación de un país extranjero o de un organismo multilateral. "Paraguay no debe aparecer manteniendo una inmunidad que pueda ser entendida en la comunidad internacional como blindaje que impida investigar el funcionamiento de la Conmebol”, opinó el senador Llano.

El presidente de la entidad sudamericana, el paraguayo Juan Ángel Napout, dijo este sábado en una entrevista con Radio Mitre, de Buenos Aires, que apoya el proyecto de derogación de la inmunidad: "Vamos a abrirnos y a colaborar. Queremos que se vea todo”. Sin embargo, cuando un periodista de la emisora le preguntó por los presuntos sobornos por 7,5 millones de dólares que él y otros presidentes de asociaciones nacionales de fútbol de Sudamérica habrían recibido en 2013 por los derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América, según consta en la denuncia de Lynch, Napout respondió que no hablaría del tema e interrumpió la comunicación.

El presidente de la Conmebol y exjefe de la Asociación Paraguaya de Fútbol no está, pese a todo, entre los 18 imputados por EE UU. En cambio, sí figura su compatriota Nicolás Leoz, de 86 años, que presidió la entidad sudamericana entre 1986 y 2013. La justicia norteamericana ha pedido su detención el mismo miércoles en que se difundió la imputación, pero Leoz se hizo ingresar de inmediato en una clínica de su propiedad en Asunción por una presunta “crisis hipertensiva” dentro de un cuadro que los médicos describieron como “enfermedad coronaria, valvular aórtica e insuficiencia renal crónica”.

La fiscalía paraguaya reconoció que no puede encarcelar a mayores de 70 años o a personas que sufran una enfermedad grave sino que solo puede ordenar su arresto domiciliario. Pero, mientras permanezca ingresado, Leoz solo deberá someterse a un procedimiento de identificación y control médico por parte de funcionarios judiciales. El juez paraguayo a cargo del caso aún no determinó cuándo se concretará ese proceso.

En Argentina, un juez allanó el viernes las sedes de dos empresas del negocio de la televisación y la mercadotecnia del fútbol cuyos tres dueños están en la lista de los 18 acusados por EE UU y que aún permanecen prófugos. Por petición de la justicia estadounidense, Interpol requisó la oficina de la productora televisiva Torneos y Competencias, propiedad del imputado Alejandro Burzaco, entre otros socios, y la de Full Play, de Hugo Jinkis y su hijo Mariano. EE UU pide la extradición de los tres empresarios por presunto lavado de dinero y pago de sobornos. Sin embargo, puede que Argentina niega su envío a la superpotencia. Sucede que al día siguiente de la imputación de Lynch, las autoridades tributarias de este país sudamericano denunciaron a Burzaco y los Jinkis por fraude impositivo. “Nuestro país, como muchos otros, gravan la renta global, independientemente de cómo se genere. Se trata, en este caso, de empresas argentinas que han sido denunciadas por sobornos y lavado. Ese dinero ha salido de la banca suiza y se ha lavado. Se ha puesto en superficie en la banca americana y la banca americana lo ha denunciado. A nosotros nos interesa cobrar los impuestos en Argentina por ese dinero”, dijo el jefe de Hacienda de Argentina, Ricardo Echegaray, al periódico ‘Clarín’.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, apoyó la investigación de EE UU y prometió ayuda: “Tenemos un acuerdo con ellos. Brasil y el Departamento de Justicia colaboran sistemáticamente”. Incluso el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, se reunió con el exfutbolista del Barcelona y actual senador Romário para analizar el escándalo que ha llevado a la detención en Suiza de José Maria Marin, destituido del cargo de vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol 24 horas después de destaparse el caso.

La justicia de Uruguay levantó el secreto bancario y congeló las cuentas de otro de los arrestados en Zürich, sede de la FIFA, las del vicepresidente de esta entidad y exjefe de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, según el periódico ‘El País’, de Montevideo. En Uruguay tenían domicilio dos de las empresas de mercadotecnia deportiva involucradas en el caso: Full Play y Datisa, que es la firma de los argentinos Jinkis y Burzaco, del brasileño José Hawilla y del norteamericano Aaron Davidson, que habría pagado 100 millones de dólares en sobornos a los dirigentes de la Conmebol y otros 10 millones a los de la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) por las próximas cuatro copas América, incluida la que de forma extraordinaria se celebrará en EE UU en 2016 para celebrar el centenario de este trofeo sudamericano.

El Gobierno de Bolivia, enfrentando hace tiempo con el presidente de la federación de fútbol de su país, Carlos Chávez, aprovechó el escándalo para pedirle a esa entidad información sobre sus finanzas. La Federación Boliviana de Fútbol respondió que Chávez no figura en la denuncia de EE UU, pero omitió recordar que sí aparece una mención de sobornos al presidente de esa entidad, aunque sin dar su nombre.

En Perú, fuentes vinculadas al exjefe de la asociación local de fútbol Manuel Burga aseguraron que los supuestos sobornos no fueron a parar a su bolsillo sino a las cuentas de la entidad. El mismo argumento esgrimieron las federaciones de Argentina, Chile y Ecuador. "Es un dinero que le pertenece a la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) por la participación de Ecuador en la Copa América, un dinero normal”, intentó aclarar su asesor jurídico, Guillermo Saltos Guale. Mientras tanto, la fiscalía ecuatoriana dijo que no investigará el escándalo porque no ha recibido información al respecto desde EE UU.

La Federación Colombiana de Fútbol prometió colaboración en las investigaciones, defendió sus contratos con Full Play, pero no mencionó nada de los pagos de Datisa. En El Salvador, pese a que sus dirigentes no figuran en la denuncia de Lynch, la fiscalía prometió una investigación integral. Nada igual se ha escuchado en otros países latinoamericanos de la Concacaf.