La oposición denuncia a Rousseff por maquillar las cuentas públicas

Los partidos de la oposición a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), comandados por el senador Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia brasileña (PSDB) y candidato a la presidencia en las últimas elecciones, han anunciado que pedirán formalmente a la Fiscalía General que investigue a la presidenta por inflar las cuentas públicas de 2013 y 2014 de forma que se maquille el déficit público. Esto, incurrir en déficit público es constitutivo de delito en el país, de modo que maquillar los balances públicos para esconderlo o disimularlo podría acarrear problemas jurídicos para Rousseff. Neves, al presenter la iniciativa, que podría considerarse un escalón jurídico inferior a la petición de impeachmet o destitución parlamentaria, aseguró: “La acción conjunta refuerza este movimiento que busca reparar los enormes daños que este Gobierno del PT ha venido causando a este país”. Neves añadió que la petición de impeachment “todavía es una posibilidad”.

El Tribunal de Contas da União (Tribunal de Cuentas) ya ha anunciado que hay indicios de que el Gobierno cometió, en los años citados, “crimen de responsabilidad fiscal” al “maquillar” las cifras de gastos e ingresos federales, al pagar cuentas con recursos de bancos públicos. Esto, a juicio de los partidos de la oposición, puede ser objeto de denuncia.

No hay pruebas de que la presidenta brasileña supiera nada de la red corrupta

Paralelamente, un colectivo denominado Marcha pela liberdad (marcha por la libertad) ha decidido presentar en Brasilia, formalmente, una petición de impeachmet. Este colectivo fue uno de los que organizó, en marzo y en abril, las dos manifestaciones multitudinarias que llenaron las calles de São Paulo y de otras ciudades brasileñas pidiendo la destitución de la presidenta Rousseff. Algunos diputados y senadores de los partidos politicos de oposición los apoyan a nivel personal pero ningún partido les respalda a nivel institucional. Ellos aseguran sentirse traicionados y recuerdan que una encuesta hecha hace meses indicaba que más del 60% de los brasileños estaban a favor de que el Parlamento destituyera a la presidenta Rousseff, entre otras cosas, por permitir la corrupción de la petrolera Petrobras. No hay pruebas de que la presidenta brasileña supiera nada de la red corrupta. De ahí que la mayoría de los juristas –que tampoco ven en el maquillaje del déficit público razón suficiente- considere que no existe base legal para un impeachment.