La precampaña argentina satura la calle de policías

La inseguridad se ha convertido en uno de los ejes de la campaña electoral argentina. Y como respuesta, los políticos llenan las calles de nuevos policías. Solo en la provincia de Buenos Aires, tan grande como Italia, se va a pasar de los 36.000 que había a final de 2013 a 71.000 cuando concluya este año. Los candidatos llenan las vallas, los anuncios televisivos y las entrevistas electorales con mensajes contra "los jueces sacapresos", "la impunidad de los delincuentes" y se fotografían rodeados de nuevas hornadas de policías recién salidos de la academia.

Los aspirantes prometen más policía en este año electoral precisamente para combatir una extendida sensación de inseguridad amplificada por los seis canales de noticias que durante 24 horas transmiten en directo desde los lugares de robos, tiroteos, violaciones y atropellos que asustan a los argentinos.

En su despacho de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados ha puesto un crucifijo y una foto de su jefe, el gobernador bonaerense y candidato presidencial kirchnerista, Daniel Scioli. En la sala de al lado, una docena de policías monitorea en más de 40 pantallas la distribución de las patrullas en los 33 municipios del Gran Buenos Aires (periferia), donde vota una cuarta parte de los argentinos.

El aumento de la plantilla de uniformados como remedio ante la delincuencia no es una estrategia que haya escogido sólo la provincia de Buenos Aires, habitada por 15,6 millones de personas. También en la capital (independiente de la provincia) el alcalde y candidato presidencial conservador, Mauricio Macri, creó en 2008 una fuerza policial con 5.000 agentes. En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada después de la de Buenos Aires, otro aspirante a la Casa Rosada (sede del jefe de Estado de Argentina), el peronista opositor José Manuel de la Sota, organizó los pasados días 2 y 3 "operativos de saturación" en los que 1.500 policías salieron a las calles a detener a 341 personas por 39 presuntos delitos, aunque un juez advirtió la semana pasada sobre arbitrariedades en esos arrestos.

Y otro protagonista de la carrera presidencial, Sergio Massa, centra todos sus mensajes políticos en su denuncia de "los jueces sacapresos" mientras exhibe su lucha contra la inseguridad en Tigre, el municipio del que fue alcalde, antes conflictivo y ahora refugio de millonarios.

Inspiración española

Granados asegura que viajó mucho a España y se ha inspirado en su modelo para poner en marcha la policía local. "Por supuesto que la complejidad del Gran Buenos Aires no es la misma", admite. La tasa de homicidios de España es de 0,8 anuales por cada 100.000 habitantes, mientras que en algunos municipios bonaerenses, como Lomas de Zamora, Quilmes y San Martín, se situó en 2014 entre los 11 y los 13. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lleva dos años de retraso en la elaboración de la estadística nacional de crímenes: su último dato, de 5,5, el tercero más bajo de Latinoamérica, es de 2010, pero la mayoría de los países ofrecen estadísticas hasta 2012.

Puede que la cifra se encuentre desactualizada porque, por ejemplo, en Rosario, la tercera ciudad de Argentina, el índice ha subido de 10 a 20,8 entre 2010 y 2014 de la mano del avance del narcotráfico.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG de derechos humanos, señala que la tasa subió desde 2010 en la provincia de Buenos Aires de 7,4 a 7,5 en 2012 y en la capital argentina de 5,5 a 5,7 en 2013. En Córdoba se elevó de 3,6 en 2012 a 4 en 2014.

"Hubo una decisión de no publicar datos nacionales porque se pensaba que iban a fogonear la idea de inseguridad, pero así no se evita el debate público sino que se empobrece, se justifican políticas de endurecimiento y no se puede medir su impacto", lamenta Paula Litvachky, experta del CELS.

"Nos preocupa que la respuesta al problema de la seguridad sea multiplicar la cantidad de policías con baja formación que se insertan en instituciones degradadas, en vez de reflexionar sobre su corrupción, falta de profesionalismo y violencia institucional", añade Litvachky.

En la Universidad de Buenos Aires, a la investigadora Mariana Galvani le preocupa además que "solo se piensa en el delito menor, no en el narcotráfico, el contrabando, el desfalco al Estado u otras inseguridades que arruinan más vidas, como la falta de trabajo, escuelas o seguridad social". Galvani opina que la política procura "tranquilizar a la gente poniendo más policías en la calle".