La denuncia de Nisman contra Kirchner, definitivamente archivada

Cuando murió Alberto Nisman, un 18 de enero, varios fiscales se conjuraron para seguir adelante con su denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrimiento del atentado de la AMIA, en el que murieron 85 personas en 1994. Lo intentaron hasta el final, pero la denuncia ha quedado definitivamente rechazada. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la apelación del fiscal Germán Moldes, con lo que formalmente la denuncia acaba su recorrido judicial. La decisión se tomó de forma unánime.

La denuncia, que en un primer momento puso en serios aprietos al Gobierno de Kirchner y tuvo una gran repercusión internacional, ha ido poco a poco diluyéndose hasta quedar definitivamente en nada. En el medio ha habido varias resoluciones muy duras sobre el contenido de la denuncia porque la consideraban endeble en sus argumentaciones, aunque los fiscales defendieron hasta el último momento su validez. “No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista", aseguran en su sentencia definitiva tres jueces argentinos. Nisman sostenía que el Gobierno había firmado un memorándum con Irán que incluía el ocultamiento de los indicios sobre la participación de altos cargos de este país en el atentado de 1994.

Mientras su denuncia muere definitivamente, el caso de su propia muerte sigue lejos de aclararse. El gran misterio de Argentina está lejos de resolverse, y la fiscal retrasa una y otra vez la decisión final de la junta médica que deberá dilucidar si Nisman se suicidó o fue asesinado. En este momento todo parece indicar que los médicos se inclinarán por el suicidio aunque hay división entre los profesionales y los representantes de la demanda de la exmujer de Nisman siguen defendiendo que el fiscal fue asesinado. Lo más probable es que no se llegue a ningún tipo de informe unánime y la incógnita siga por mucho tiempo entre los argentinos, que de momento, según las encuestas, siguen creyendo mayoritariamente que fue asesinado.

La justicia, en sus varias vertientes, sigue siendo la gran protagonista de la política en Argentina precisamente estos días cuando se ha abierto una durísima batalla entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en la que el Ejecutivo y sus apoyos pretende que renuncie a su puesto Carlos Fayt, un veterano y prestigioso juez de 97 años. El oficialismo cree que Fayt no está en condiciones de ejercer su trabajo y le presionan para que demuestre que está bien o renuncie. Se esperaba que hoy acudiera a la reunión del Tribunal Supremo, ahora solo de cuatro miembros -uno dimitió y no hay acuerdo para renovarlo- pero Fayt se quedó en su casa, lo que alienta la teoría de que no puede seguir y anima al Gobierno a recrudecer su batalla.