La Haya pide aclarar qué significa “acceso soberano al mar”
La corte decidirá este año si puede dirimir el litigio entre Chile y Bolivia
La fase preliminar del diferendo marítimo que enfrenta a Bolivia y Chile por culpa del acceso soberano al Pacífico, reclamado por la primera, concluyó este viernes ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ). A partir de ahora, los jueces decidirán si tienen competencia para ver el caso, como afirma La Paz, o bien si la demanda es nula, como defiende Santiago. Estaría ya resuelta por el Tratado de Paz de 1904. La respuesta del TIJ llegará en el curso de 2015, pero la pregunta final formulada por el juez Hidashi Owada puede dar un giro inesperado al litigio. Ha pedido a ambas partes que clarifiquen justamente la expresión “acceso soberano al mar, dado que no es un concepto aceptado por el Derecho Internacional consuetudinario”. Aclarar este punto podría despejar la duda de si la salida marítima demandada por el Gobierno boliviano a sus vecinos chilenos modificaría o no el acuerdo de 1904.
“Agradecería al solicitante y también al equipo chileno (…) que tengan a bien definir el sentido de este término tal y como ellas lo entienden, y que expliquen el contenido específico del mismo tal y como lo utilizan, para determinar sus posiciones sobre la cuestión de competencia de la corte”, ha añadido Owada, antiguo presidente de turno de la misma. La respuesta de ambas delegaciones debe ser remitida el próximo 13 de mayo a la sede del TIJ, en La Haya.
Tanto Bolivia como Chile aprovecharon el turno de réplica que cerró la presentación oral del caso para reiterar sus argumentos. El Gobierno de Evo Morales considera la cuestión de su mediterraneidad (falta de litoral) como inherente a su identidad nacional. Sin salida soberana al mar, el país se queda aislado con el consiguiente lastre para su desarrollo. Para el equipo legal que representa a Bolivia, recuperarla es un derecho emanado de las negociaciones frustradas (en 1950, 1970, 1980 y 2000) entabladas con los sucesivos gobiernos chilenos desde la Guerra del Pacífico (1879-1884). Dado que la situación sigue sin resolverse a pesar del Tratado, no hace falta modificarlo. Escapa, asimismo, a las restricciones impuestas por el pacto de Bogotá (1948) para tratar asuntos resueltos con anterioridad. “Este caso no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar nuestras relaciones amistosas y pacíficas”, en palabras del expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé.
Chile admite el diálogo a través del tiempo y subraya su buena fe. Niega sin embargo compromisos legales y firmes y asegura que la petición boliviana sí requiere modificar el Tratado de 1904. “Ello minaría la santidad de estos convenios. Negociar no crea una promesa de contrato. Y Bolivia ha hecho de contorsionista porque el Tratado resulta tóxico para ella”, según el jurista británico Daniel Bethlehem. En consecuencia, el TIJ carecería de competencia porque Bolivia ya tiene una salida marítima. Concedida por los chilenos, facilita el comercio exterior a unas 7.000 empresas bolivianas a través del puerto de Arica. “Las negociaciones no crean jurisdicción, y si tocamos el Tratado, ningún país querrá sellar así sus litigios”, concluyó Samuel Wordsworth, otro de los representantes de Chile ante los jueces internacionales.
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