El Supremo de EE UU, dividido ante el derecho al matrimonio igualitario

El movimiento a favor de la igualdad de gais y lesbianas ha esperado más de una década hasta encontrar un caso que avanzara hasta la sala de audiencias del Tribunal Supremo y obligara a los jueces a responder esta pregunta: ¿El derecho al matrimonio debe incluir a los homosexuales? La cita se ha celebrado finalmente este martes y los nueve jueces se han mostrado profundamente divididos ante el reconocimiento de matrimonio igualitario como un derecho al que tienen acceso todos los ciudadanos.

En un caso que ha despertado la máxima expectación en todo el país, los nueve magistrados pueden determinar el final del último movimiento por los derechos civiles, el de la igualdad de los homosexuales. El Supremo estudió este martes las preguntas planteadas por 12 parejas que demandaron a los estados de Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee por prohibirles el matrimonio, lo que consideran una violación de su derecho a la igualdad, y por no reconocer los matrimonios de quienes ya se habían casado en otros estados.

Las diferencias entre los jueces abarcan desde la definición de matrimonio, los intereses que debe proteger el gobierno o cuál es el papel de los estados al decidir quién puede casarse y quién no. El juez John Roberts, presidente de la Corte, trasladó a los demandantes su preocupación por “cambiar una definición que nos ha acompañado durante milenios”. En respuesta, la juez Ruth Ginsburg, del ala progresista del Tribunal, defendió que “la idea de matrimonio ya no es la misma que antes”.

En un mundo en el que las parejas homosexuales participan plenamente en la sociedad, resulta imposible defender que les neguemos la igualdad de derechos. Se la merecen ya”

El juez Stephen Breyer añadió después que al ampliar el derecho al matrimonio a los homosexuales, el poder federal estaría imponiendo la definición de una minoría a la mayoría de los ciudadanos. El defensor de las prohibiciones impuestas por estos cuatro estados recogió el guante y pidió a los magistrados “que no detengan la conversación” con una sentencia que imponga un “cambio social de tal magnitud”.

El juez Antonin Scalia, uno de los más conservadores, declaró que la cuestión no es si existe el derecho al matrimonio, sino quién debe definirlo, los estados o el Gobierno federal. Breyer añadió que “un grupo de ciudadanos están pidiendo a los estados que hagan algo que no quieren hacer”, al obligarles a legislar en favor del matrimonio igualitario. La abogada de los demandantes, Mary Bonuato, argumentó entonces que en el caso Loving v. Virginia que en 1967 acabó con la prohibición de casarse a parejas interraciales, la mayoría de los estadounidenses habría votado en contra, pero el interés de la corte no está en seguir a la mayoría, sino en defender la igualdad de todos los ciudadanos.

Los defensores de las prohibiciones al matrimonio igualitario alegaron que las leyes estatales y federales siempre han respaldado el matrimonio por ser una garantía de procreación y que uno de sus objetivos es la protección de los menores y su vínculo legal con los padres. Los jueces más liberales de la Corte rechazaron sin embargo este argumento, asegurando que ningún Estado podría negar legalmente el matrimonio a una persona que no pueda o no quiera tener hijos.

Esperar nunca ha servido para justificar la desigualdad de un grupo de ciudadanos”, respondió Mary Bonuato, abogada de los demandantes

“El derecho al matrimonio forma parte de nuestra Constitución”, aseguró la juez Sonia Sotomayor al plantear que si la ley no puede excluir a parejas interraciales o que no puedan tener hijos biológicos, “¿qué justifica la exclusión de los homosexuales?”. El abogado defensor de los estados aseguró entonces que la definición de matrimonio que entiende la mayoría de la sociedad sigue siendo la de un hombre y una mujer. En respuesta, el juez Breyer pronunció una de las preguntas que ninguno de los defensores de la restricción del matrimonio supo contestar: “Si el propósito del matrimonio es proteger el vínculo entre los menores y sus padres, ¿no deberíamos incluir también a los hijos de parejas homosexuales, como ya protegemos a los adoptados?”

En línea con el planteamiento de Sotomayor, los demandantes aseguran que al negarse su derecho a casarse o verse invalidado su matrimonio, tanto ellos como sus hijos están siendo discriminados al carecer de protecciones y beneficios de las que sí disfrutan otros ciudadanos. Las 12 parejas cuentan en este aspecto con el respaldo del Gobierno. El defensor general Donald Verrilli comparó las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo con las de la segregación racial, ya que separan a un grupo de ciudadanos. “¿Por qué querríamos mantener esa historia?”, preguntó retóricamente a los jueces. “En un mundo en el que las parejas homosexuales participan plenamente en la sociedad, resulta imposible defender que les neguemos la igualdad de derechos. Se la merecen ya”.

Roberts también se hizo eco de la preocupación de quienes alegan que una sentencia que legalice el matrimonio igualitario a nivel federal acabará con el debate presente en la sociedad. Scalia, por su parte, alegó que el Tribunal no tiene competencias y que EE UU “debe esperar a ver” cómo evoluciona el debate. “Esperar nunca ha servido para justificar la desigualdad de un grupo de ciudadanos”, respondió Bonuato. El juez Anthony Kennedy, que puede tener en sus manos el voto decisivo, reconoció que su preocupación al excluir a parejas gays y a sus hijos de una institución “noble y sagrada”.

La relevancia del caso hizo que la Corte concediera tiempo extraordinario para la audiencia, de dos horas y media de duración. El Supremo dictará sentencia el próximo mes de junio, sólo dos años después de revocar la ley federal que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El movimiento por los derechos de los homosexuales recibió con aquella decisión, en el caso Windsor, un impulso que ha consolidado la legalización del matrimonio igualitario en 36 Estados, junto con la capital, en el Distrito de Columbia. La avalancha de cambio coincide además con un amplio respaldo por parte de la sociedad.

El juez Kennedy puede decantar la balanza, una vez más, a favor de la igualdad de la comunidad LGBT en EE UU. En 2013, el juez resultó clave al alinearse con el ala progresista al declarar inconstitucional la ley DOMA que establecía la definición del matrimonio a nivel federal como la unión entre un hombre y una mujer. Aquella sentencia, sin embargo, no reconoció el derecho a casarse de los homosexuales. Los jueces se pronunciarán al respecto dentro de dos meses, cuando puede cambiar el futuro del matrimonio igualitario en EE UU de una manera imprevisible hace apenas cinco años.