Peña Nieto toma la bandera de la justicia para recuperar popularidad

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio ayer una muestra de vuelo rasante. Sin haberse recuperado aún de los golpes recibidos en los últimos meses, dejó por un momento las grandes palabras y puso la mira en uno de esos problemas diarios y casi bíblicos que sufre la población mexicana: el desastre de los juzgados. En un gesto diseñado hasta el último milímetro, en el imponente patio central de Museo Nacional de Antropología y con presencia masiva de la inteligencia universitaria, se comprometió a reformar la denominada justicia cotidiana, aquella que, excluyendo el ámbito penal, absorbe el 87% de los pleitos y que, por tanto, más directamente afecta a los ciudadanos. Un sector que, en opinión de Peña Nieto, anda “rezagado, olvidado y rebasado”.

“Es la justicia que permite a un menor recibir la pensión alimentaria, es la justicia que demanda una trabajadora despedida por estar embarazada, es la justicia que se merece el dueño de un negocio que no puede cobrar un cheque o que se siente acosado por inspectores abusivos que le impiden realizar su actividad”, afirmó el presidente.

La iniciativa, con un claro sesgo popular, responde al compromiso adquirido el 27 de noviembre pasado, cuando, acuciado por la tragedia de Iguala y los escándalos inmobiliarios, Peña Nieto hizo pública una segunda agenda de reformas. La posibilidad de que por esta vía pueda recuperar el crédito perdido es vista con escepticismo por los analistas, pero su presentación, como es habitual en el ámbito presidencial, no es casual, ni por el momento ni por el contenido.

Un informe académico plantea una batería de medidas como agilizar trámites y aumentar el conocimiento ciudadano del sistema judicial

El PRI se enfrenta el próximo siete de junio a unas espinosas elecciones parciales (1.009 ayuntamientos, 9 gobernadores, 17 Estados y el Congreso) que van a ser contempladas como una reválida a la política del presidente. Su pérdida de atractivo entre la población, sumida en una profunda crisis de confianza, como ha reconocido el propio Peña Nieto, le ha llevado a replantearse en voz alta el rumbo de su Gobierno y poner como nuevo objetivo la recuperación de la calle, de su conexión con la ciudadanía. Un deseo en el que encaja perfectamente la mejora del sistema judicial.

La ocasión elegida para este giro fue la entrega al presidente del informe sobre justicia cotidiana elaborado por el prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en colaboración con 17 instituciones. El documento, con 217 propuestas, constituye un ambicioso programa de acción, cuyo desarrollo ha de comprometer, según sus autores, a todos los poderes e instancias del Gobierno.

“El escenario es profundamente preocupante y cuenta con tres obstáculos: el primero, que la mayoría de las personas desconocen sus derechos; el segundo, que el acercamiento a la justicia es largo y oneroso, y el último, la falta de medios y una independencia judicial frágil”, explicó el director general del CIDE, Sergio López Ayllón.

Para hacer frente a este desafío, el informe postula una batería de medidas que tienen como denominador común agilizar los trámites, aumentar el conocimiento ciudadano del sistema judicial, y apoyar a grupos vulnerables, como inmigrantes o trabajadoras domésticas. También se centra en la apertura de centros de asistencia, instancias de diálogo y juntas de arbitraje, así como una reforma del gobierno judicial tendente a fortalecer su independencia y transparencia.

“México necesita una política de Estado para hacer frente a la profunda crisis de la justicia social. Encaramos el reto de evitar el divorcio entre los ciudadanos y el Estado, una separación que puede dar lugar a la regresión y el caos”, afirmó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.

El informe entra ahora en la maquinaria gubernamental. Muchas de sus recomendaciones tendrán que transformarse en iniciativas parlamentarias y su plasmación para el ciudadano tardará años. Mucho tiempo para un presidente cuya valoración anda bajo mínimos históricos, pero que se resiste a perder el partido.