Asilo en la UE insolidaria

En el año 2013, la Unión Europea culminó la adopción del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). El programa ofrece algunas ventajas, pero su capacidad sistemática para garantizar que “ninguna persona sea repatriada a un país en que sufre persecución”, así como “la solidaridad entre los Estados miembros”, es cuestionable a la luz de las políticas y de la práctica desarrolladas hasta el momento.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informa de que solo este año 35.000 refugiados e inmigrantes han llegado por mar a las costas del sur de Europa, la mayoría de ellos procedentes de países destrozados por conflictos, el avance del Estado Islámico o la violación sistemática de los derechos humanos (incluido el derecho a la libertad religiosa), como Siria, Irak, Somalia y Eritrea.

El SECA cuenta entre sus instrumentos con la directiva para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de desplazados, que 14 años después de su adopción no ha sido nunca activada. Al contrario, el funcionamiento real del SECA penaliza a los Estados miembros cuyas fronteras exteriores permiten la llegada de refugiados y otros inmigrantes (como ha reconocido la propia Comisión Europea), ante la indiferencia consciente de los demás, y envuelve a los solicitantes de asilo en una maraña de procedimientos y recursos largos y costosos con escasas probabilidades de prosperar, prolongando así el sufrimiento de quienes cada día dan testimonio de que se puede perder todo menos la esperanza.

Es cierto que Europa no podría acoger a todos los que huyen de sus países. Pero también es cierto que son los países en vías de desarrollo quienes acogen al 86% de los más de 50 millones de desplazados en el mundo, y que la UE es la única región del mundo desarrollado que hasta la fecha se ha negado a adoptar un plan de reasentamiento que permita aliviar la presión sobre otros países de acogida. Al mismo tiempo, varios Estados europeos, entre ellos España, se encuentran entre los 10 mayores exportadores de armas del mundo, operaciones en ocasiones enmascaradas como cooperación al desarrollo.

En las sociedades desensibilizadas de hoy, en las que la deshumanización del otro nos deshumaniza a todos, es necesario recordar que la ley existe para desarrollar un ideal de justicia al servicio de la persona humana y exigir una aplicación del SECA que sea coherente con los valores que la UE profesa.

María Teresa Gil Bazo es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido.