Columna
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Argentina: Recuperar la democracia de la amenaza populista

Las elecciones de octubre son una oportunidad para revertir el avance autoritario en el país

El 18 de Enero de este año apareció muerto en su apartamento el fiscal argentino Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación en torno al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en Buenos Aires en 1994, el cual acabó con la vida de 85 personas. Su muerte ocurrió un día antes de presentar ante el Congreso de la Nación una acusación formal contra la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, señalándola como responsable de una negociación con el gobierno de Irán para dejar impune a los responsables del atentado a través del levantamiento de las alertas rojas contra altos funcionarios iraníes implicados.

Aún se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de Nisman, no habiéndose encontrado los responsables. Si bien la teoría que cobra más fuerza es la del homicidio y encubrimiento, la investigación en torno al episodio fue desprolija, permanentemente afectada por el accionar del Gobierno y la presión ejercida sobre los Jueces y Fiscales a cargo del caso.

La impunidad en el caso de la muerte de Nisman es un reflejo del deterioro del Estado de Derecho en la Argentina durante los últimos 12 años, así como del creciente apremio del gobierno sobre las libertades civiles, los permanentes intentos del Poder Ejecutivo por ejercer un mayor control sobre la justicia y los ataques sistemáticos en contra de la libertad de prensa.

Las denuncias sobre corrupción se producen a diario, con casos van desde el Vicepresidente, imputado por enriquecimiento ilícito, pasando por la actual Embajadora ante la OEA, Nilda Garré, señalada por reportes de prensa como la titular de cuentas bancarias en los Estados Unidos por decenas de millones de dólares. Han llegado incluso a acusaciones en contra de la propia familia presidencial, a la cual señalan haber amasado una gran fortuna a través de su principal testaferro, Lázaro Báez.

La libertad de prensa también se ha deteriorado de manera paulatina. Argentina está clasificado como parcialmente libre en el informe anual de Libertad de Expresión de Freedom House. El gobierno ha intentado coartar o restringir la posibilidad de los medios de comunicación de realizar su trabajo. Ello a través de una ley de medios de comunicación que buscaba acabar con el Grupo Clarín, la organización periodística con mayor penetración, a través del uso discriminatorio y abusivo de los recursos estatales y la publicidad oficial, que sirven para financiar a una inmensa red de medios para estatales, a través de la concentración de medios privados en manos de empresarios allegados al Gobierno y a través del ataque y la intimidación directa a periodistas.

Uno de los casos recientes ha sido el del periodista Damián Pachter, quien debió salir del país por miedo a la persecución política, luego de ser el primero en reportar sobre la muerte de Alberto Nisman, caso que fue motivo de preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado de prensa.

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Esta no es la única área en la cual el gobierno de Argentina ha perdido credibilidad. Lo cierto es que en el área económica las estadísticas oficiales no cuentan con seriedad de acuerdo con las organizaciones internacionales y la academia. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de instituciones financieras, expertos y publicaciones respetadas como The Economist consideran las cifras oficiales de Argentina en materia de inflación, desarrollo económico, crecimiento, desempleo y seguridad como falsas.

Los argentinos deben procurar por medio del voto solucionar la crisis en la que se encuentran. Pero existe algo que Estados Unidos puede hacer, dado su liderazgo global, para prevenir la impunidad. En el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo una iniciativa que busca convertir la llamada Ley Magnitsky de 2012—una ley que hace responsables de sus actos a los violadores de Derechos Humanos y los corruptos de Rusia—en una ley aplicable a cualquier país. La ley permitiría evitar que funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, incluyendo los de Argentina, viajen impunemente a los Estados Unidos, posean propiedades y cuentas bancarias en el país.

Argentina tiene la capacidad de terminar con la corrupción endémica del gobierno. Algunos países de Latinoamérica han visto sus instituciones deterioradas, su estado de derecho debilitado y su libertad de expresión marginalizada, mientras los funcionarios de los gobiernos se van enriqueciendo y usan los mercados internacionales para ocultar sus fortunas. Argentina se encuentra sufriendo del mismo mal. 

En Reporte Anual Sobre el Estado de la Libertad en el Mundo, Freedom House continúa ubicando a Argentina en la categoría “libre”, ya que a pesar de los serios intentos del gobierno por concentrar los poderes públicos en una persona (la Presidenta), Argentina aún cuenta con los mecanismos democráticos para resolver esos problemas. Las elecciones de Octubre constituyen una oportunidad para revertir el avance autoritario en el país. 

Mark P. Lagon es el Presidente de Freedom House. Fue Embajador y Director de la Oficina de Monitoreo y Lucha Contra la Trata de Personas de Estados Unidos.

Twitter: @marklagon

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