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La ONU acusa a México de intentar minimizar la tortura

El relator argentino que vio una práctica extendida de abusos en el país considera que el Estado trata de cuestionarle para no atajar el problema

Policías mexicanos se enfrentan con manifestantes en Guerrero
Policías mexicanos se enfrentan con manifestantes en Guerrero EFE

El durísimo informe del relator especial de la ONU que concluye que la tortura es generalizada en México habla de policías corruptos y de forenses, jueces y fiscales cómplices. Nadie se salva. A los aludidos, como era de esperar, no les ha hecho ninguna gracia. El autor de las recomendaciones, Juan Méndez, a quien los señalados tachan de poco ético y profesional a la hora de realizar su investigación, ha contestado ahora que los ataques en su contra son una distracción que le sirven al Gobierno para minimizar el problema y no atajarlo como se merece.

El enfrentamiento, in crescendo a medida que han pasado las semanas, rompe los códigos diplomáticos habituales. El canciller mexicano, José Antonio Meade, ha llegado a decir que México no colaborará más con el relator. Un subsecretario de Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, argumentó que el significado de tortura generalizada, en derecho internacional, se considera un crimen de lesa humanidad y requeriría de la intervención de la Corte Penal Internacional. En este caso, según su criterio, no debería aplicarse el término. “En modo alguno se puede decir que las instituciones del Estado mexicano no funcionan o no están en un tránsito hacia mejores estándares”, agregó.

El argumento choca frontalmente con las conclusiones del enviado de la ONU. “Que yo califique la tortura como generalizada me parece que no es injusto ni arbitrario decirlo, y francamente no me han dado ninguna razón para cambiar de idea sobre eso”, declaró el relator al periódico Reforma. Méndez visitó México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y publicó el informe casi un año después. El resultado es demoledor.

El relator, de nacionalidad argentina, pide en ese escrito que el Gobierno devuelva al Ejército a los cuarteles. El expresidente Felipe Calderón, al iniciar su guerra contra el narcotráfico en 2007, sacó a los militares a patrullar las calles y enfrentar directamente a los cárteles de la droga. En estos años han sido numerosos los casos de violación de derechos humanos en los que los soldados se han visto involucrados. Las investigaciones de los casos denunciados son escasas y sin afán de encontrar la verdad.

El relator pide al Gobierno que devuelva a los militares a los cuarteles e investigue con mayor profesionalidad los casos de tortura que sean denunciados

La investigación establece que la tortura, de la que son cómplices, policías, médicos y autoridades ministeriales, se practica sobre todo durante la detención para obtener confesiones relacionadas con el crimen organizado. Todos los cuerpos de seguridad la practican. Las víctimas, frecuentemente, proceden de entornos marginales. Las torturas pueden acabar en muerte o, en el caso de las mujeres, también en violación. Los captores, encapuchados, suelen estar vestidos de civil y no informan a los detenidos de sus derechos: “golpean con puños, pies y palos; toques con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos”.

El Gobierno mexicano considera que el concepto tortura generalizada es un exceso y equipara, injustamente, su proceder en el ámbito de la justicia con el de otros regímenes oscuros en los que hubo una intención premeditada de esquilmar a la población. Además, critica al relator por su metodología, ya que el informe se basa solo en 14 casos. 

Méndez ha matizado el alcance del término en las explicaciones que ha dado a posteriori. Afirma no tener elementos para sostener que se trate de un crimen de lesa humanidad, aunque sí de una práctica extendida por todo el territorio y las corporaciones militares y policiales. Por tanto, generalizada. La Corte Internacional será la que deba valorar si procede alguna intervención de su parte, según el relator. Su posición en cuanto a la calificación, de todos modos, no es inamovible: “Si me dan elementos de juicio para cambiar mi apreciación, la cambiaré. Nunca me han demostrado nada”.