Violencia, sobornos y falta de derechos en la cárcel mexicana

La mitad de los presos de las cárceles de la mayor área metropolitana de México afirman que fueron golpeados en el momento de su detención para forzarles a cambiar su declaración. Las denuncias de que la policía exigió el pago de una mordida (extorsión) a cambio de un trato preferencial se han duplicado en los últimos 10 años. Más del 80% asegura que las autoridades de la prisión exigieron a su familia dinero a cambio de que les llevaran comida al interior de la cárcel y el 57% solamente por entrar al penal. Otros tantos —un 76,4%— desconocían sus derechos a la hora de su juicio. Seis de cada 10 de los internos en las prisiones del Distrito Federal y el Estado de México, la tercera aglomeración más grande del mundo según la ONU y que concentra a más de 20 millones de habitantes, han sido condenados por robo simple, la mitad por un monto de 11.000 pesos (700 dólares). Uno de cada cuatro, por menos de 2.500 (160 dólares). Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres.

Son los condenados de un sistema judicial con tal nivel de desconfianza que nueve de cada 10 delitos cometidos en México no se denuncian, según cifras oficiales. Los datos provienen del estudio Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas mexicano (CIDE), y que forma parte del proyecto internacional Poblaciones carcelarias en Latinoamérica, que analiza prisiones de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. El informe, que recoge información de 2013 y la compara con análisis de 2002, 2005 y 2009, arroja un aumento en la corrupción en la actuación de las autoridades.

“Hay dos datos que muestran una preocupante descomposición. Uno, el incremento en los internos que han tenido evidencia de presos que han obtenido su libertad mediante pagos o influencias. El segundo es el aumento de los cobros indebidos [mordidas: soborno o extorsión]”, indica el informe. Los reclusos que han denunciado que algún policía les pidió dinero han crecido de un 36,9% en 2002 a 46,1% en 2013.

El 45,6% de los presos asegura que fue golpeado por la policía para forzarlo a declarar. “Esta cifra es particularmente grave porque refleja que no ha habido, a lo largo de la serie histórica, absolutamente ningún cambio en las formas tradicionales de operación de la policía de investigación y de los ministerios públicos”, indica el informe. La ONU presentó hace 10 días un documento que concluía que la tortura en México era “generalizada” en todos los cuerpos policiales, una acusación que fue rechazada de inmediato por el Gobierno mexicano.

Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres

La mayoría de los presos, además, no entendieron sus derechos en el momento de ser enjuiciados: dos de cada tres declararon que entendieron poco o nada de lo que sucedía a su alrededor. En 2013, la cifra ascendió a un 76,4%. La incomprensión del proceso es grave, aseguran los investigadores, porque “no sólo se refiere a la incapacidad de establecer una interacción adecuada y una defensa racional, sino también a una falta de comprensión de los mecanismos institucionales”.

Durante sus juicios, la mayoría de los detenidos no pudieron hablar a solas con sus familiares y amigos (el 64,6%) y, ya en la cárcel, con su abogado defensor (un 59,1%). El 86,1% desconocía que tenía el derecho de pedir libertad condicional. Seis de cada 10 dieron su primera declaración frente a un juez, fundamental para sus sentencias, sin que estuviera un abogado defensor presente. Un 63,8% no fue informado de que incluso podía negarse a declarar. Un juicio mexicano es escrito y secreto, lo que lo convierte en un proceso largo, complicado y burocrático. La reforma penal, impulsada desde 2008, busca cambiar este sistema para que en México se practiquen juicios orales, donde se valoren las pruebas con mayor claridad.