La justicia condena a Perú

Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano indemnizar a familiares o a miembros de los dos grupos terroristas que desataron la violencia en el país entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se reavivan los pedidos de políticos y militares en retiro para que Perú se aparte de esa jurisdicción supranacional. Esta vez ha vuelto a ocurrir tras conocerse la sentencia de la CIDH a favor de Gladys Espinoza Gonzales, condenada en 2004 a 25 años de prisión por terrorismo, pero torturada y violada en 1993 en una dependencia policial después de ser capturada en Lima.

La sentencia obliga a Perú a pagar a la mujer, en el plazo máximo de un año, 60.000 dólares; 40.000 a la madre de Espinoza, y 5.000 al hermano; habiendo fallecido la madre, el dinero será entregado a sus descendientes, indica la Corte. Sin embargo, Gladys Espinoza debe al Estado una reparación civil de unos 11.200 dólares por los daños que causaron sus acciones en el MRTA, dedicado en los años 90 a la extorsión y secuestro de empresarios, y la procura de armas para una insurrección.

La agrupación subversiva se formó en 1982, liderada por Víctor Polay Campos, y hacia finales de esa década se expandió desde Lima hacia la selva central.

Espinoza y su pareja, también emerretista, fueron detenidos por la policía en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, como supuestos responsables del secuestro de un empresario del ramo de la vidriería, Antonio Furukawa. Ella fue trasladada a la División de Secuestros de la policía, donde la golpearon y violaron.

El ministro de Justicia, Fredy Otárola, ha indicado que la cantidad que adeuda Espinoza al Estado "debe actualizarse e incluir el concepto de intereses a la fecha".

Sin embargo, Gloria Cano, la abogada de la mujer, indicó a este periódico que su defendida está de acuerdo en que le descuenten —de la reparación que espera—, el monto que ella adeuda al Estado. Pero no se le debe aplicar intereses, si pretenden hacerlo podríamos presentar un recurso ya que desde que fue detenida ha sido sometida a un tratamiento de alta seguridad con prohibición de trabajo", anotó.

El catedrático y abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera destacó que "desde 1995, ha habido 30 sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado peruano ha perdido, y la suma de las reparaciones asciende a aproximadamente18 millones de dólares. Habría que preguntarnos por qué ha perdido tanto".

"Perú fue buen pagador de las reparaciones ordenadas por la Corte hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pero después de la sentencia por el caso Castro Castro (de miembros de Sendero Luminoso asesinados en una prisión) se produce un quiebre y es difícil conocer en qué casos Perú ha cumplido con sus obligaciones (deudas)", dijo Rivera a EL PAÍS.

Durante el Gobierno del presidente Alan García, el ministro de Justicia indicó en 2010 que no se destinó "ningún pago de reparaciones en los casos derivados de terrorismo. Debemos señalar que como política del Ministerio, ocupan el último lugar entre estas prioridades". En esa línea, uno de los portavoces del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, criticó la semana pasada la sentencia a favor de Espinoza. "Creo que debe haber una protesta por parte del Gobierno de Perú y tiene que haber un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ámbito de la misma corte", sugirió.

Además, un polémico magistrado, el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, sugirió que se someta a referéndum la permanencia de Perú en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calificó la sentencia de inaceptable, aberrante y antijurídica. En contraste, el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó la sentencia, pero también lamentó el hecho que la originó.