Hallado muerto Rodolfo González, prisionero político venezolano

En la semana en que tanto el Parlamento Europeo como Estados Unidos y España (este viernes mediante el presidente Rajoy) han exigido la liberación de los presos políticos en Venezuela, uno de ellos ha sido hallado muerto en prisión. Se llamaba Rodolfo González y tenía 64 años. La policía venezolana le conocía por el sobrenombre de El aviador, porque era propietario de una agencia de viajes. Estaba preso desde abril de 2014, acusado de coordinar la logística de las protestas ocurridas en el país entre febrero y junio de 2014, que se saldaron con 43 muertes, 800 heridos y más de 3.000 detenciones, unos hechos por los que el Gobierno también mandó a prisión a Leopoldo López.

La noticia de la muerte de González la confirmó este viernes una de sus hijas, Lissette, a través de su cuenta de Twitter. Rodolfo González podría haber salido de la cárcel en los próximos días para cumplir arresto domiciliario, pero los custodios de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) le dijeron que sería trasladado a la cárcel de Yare, próxima a Caracas, uno de los penales más peligrosos del país —las cárceles de Venezuela están consideradas entre las peores de América—. Su familia no tenía conocimiento de esta medida.

González había sugerido varias veces que podría quitarse la vida si permanecía muchos años en prisión. Su hija Lissette aseguró a EL PAÍS que a partir del miércoles, después de que un equipo del Ministerio de Servicios Penitenciarios visitara a los prisioneros, se mostró mucho más preocupado porque la mudanza parecía inminente. “Nosotros pensamos que mi papá se quitó la vida porque estaba muy ansioso, más que de costumbre, por esta situación”, afirmó Lissette en conversación telefónica.

Gonzalo Himiob, representante de la ONG Foro Penal, aseguró que desde este jueves, sin el conocimiento de la defensa y sin autorización del tribunal, el Ministerio de Servicios Penitenciarios preparaba el traslado de los 20 estudiantes presos en las instalaciones de la policía política. “Aparentemente ese proceso se ha detenido por la muerte de González”, afirmó el abogado también a través del teléfono.

La organización calcula que en la actualidad 102 personas cumplen condena o están siendo procesadas por casos relacionados con la violencia política en Venezuela. En algunos de esos procesos judiciales se han logrado sentencias con pruebas dudosas. En los juicios que están en curso, como el del líder opositor Leopoldo López, ni siquiera se le ha permitido a la defensa presentar a sus testigos. Por todas esas razones la oposición venezolana asegura que esas 102 personas son prisioneros del régimen. El Gobierno no reconoce la existencia de presos políticos y asegura, mediante un juego de palabras, que en realidad mantiene a políticos presos.

La audiencia preliminar de González concluyó hace cuatro meses, pero aún no habían asignado el tribunal que llevaría a cabo el juicio. Su esposa, Josefina, también estaba imputada, pero debía presentarse cada 30 días. Como es norma en el sistema judicial de Venezuela, había un retardo importante que minó el ánimo de Rodolfo González. Su hija comentó que la única prueba que tenían para acusarle de ser el organizador de las protestas era un testimonio anónimo. “Mi padre sí colaboraba con los manifestantes, pero en modo alguno tenía la capacidad para coordinarlos. Los ayudaba como cualquier otro vecino”, asegura. En la jerga chavista se conoce a estos anónimos como “patriotas cooperantes”.

El Ministerio Público ha asignado a la fiscal 22 Nacional, Raiza Sifontes, el curso de las investigaciones. Durante la mañana del viernes, ninguna autoridad oficial se había pronunciado. Lo hizo, pero en un sentido más amplio y desde fuera de Venezuela, el presidente de España, Mariano Rajoy. Después de reunirse con la esposa del encarcelado alcalde de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, Rajoy se manifestó en Twitter a favor de la liberación del dirigente opositor. “Solidaridad con los venezolanos y con Mitzy, esposa del alcalde Ledezma. Libertad”.

Esta declaración se produce después de que el Parlamento Europeo exigiera al presidente Nicolás Maduro que libere inmediatamente a todos los líderes políticos, estudiantes y manifestantes detenidos adversos al Gobierno “que han sido castigados arbitrariamente y sin fundamento legal”. La exigencia fue avalada por una resolución conjunta de los cuatro principales grupos de la Eurocámara, en la que no se incluyeron sanciones a Venezuela.