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La vigilancia del Gobierno británico en Internet violó los derechos humanos

Un Tribunal falla contra los servicios secretos de Reino Unido por su acceso a comunicaciones privadas interceptadas por la NSA entre 2007 y diciembre de 2014

Edward Snowden,  exanalista que filtró documentos de la NSA, en una pantalla de ordenador.
Edward Snowden, exanalista que filtró documentos de la NSA, en una pantalla de ordenador. REUTERS

La inteligencia británica realizó programas de vigilancia masiva en Internet que violaron los derechos humanos entre 2007 y diciembre de 2014, según una sentencia dictada hoy por el tribunal que fiscaliza la actividad de los servicios secretos de Reino Unido. Se trata de la primera vez que este tribunal, conocido como IPT, falla en contra de una agencia de espionaje en sus 15 años de historia.

La sentencia se refiere al sistema por el que el centro de escuchas británico, GCHQ en sus siglas en inglés, accedía desde 2007 a los registros de llamadas y correos electrónicos interceptados en Reino Unido por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA). La ilegalidad, según la sentencia, radica en que las normas para interceptar datos de comunicaciones privadas entre personas deben ser claras y accesibles al público y, hasta el pasado mes de diciembre, según el tribunal, no lo eran. La actividad realizada desde entonces, después de que los servicios secretos divulgaron documentos sobre sus procedimientos, es legal.

La existencia de los sistemas de vigilancia Prism y Upstream, que permiten a los servicio secretos estadounidenses recoger información de ciudadanos de otros países, fue revelada por el diario The Guardian a partir de los documentos de la NSA filtrados por Edward Snowden. Diversas asociaciones de defensa de las libertades civiles denunciaron entonces que el acceso del GCHQ británico a esas comunicaciones privadas era ilegal.

En diciembre, el mismo tribunal que hoy se ha pronunciado en contra dictaminó que esta actividad no contravenía los derechos humanos. Pero ahora ha revisado su criterio original, y considera que sí los vulneraba, hasta que la información sobre el procedimiento se hizo pública, a raíz del proceso abierto en diciembre. “El Tribunal ha dictaminado que la divulgación pública de dos párrafos con detalles adicionales, revelada voluntariamente por el Gobierno durante este litigio, fue clave para que el régimen público se volviera suficientemente previsible y, por tanto, plenamente compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos”, afirmó un portavoz del GCHQ.

Un documento colgado en la web del tribunal este viernes por la mañana establecía que “el régimen que regía la solicitud, recepción, almacenaje y transmisión por parte de las autoridades británicas de comunicaciones privadas de individuos radicados en Reino Unido, obtenidos por autoridades estadounidenses, contravino los artículos 8 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Dichos preceptos se refieren, respectivamente, al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

La actividad es legal ahora que los ciudadanos tienen acceso a información sobre cómo llevan a cabo sus actividades los servicios secretos. Pero algunos siguen considerando que el propio sistema de recogida de datos es ilegal. Es el caso de James Welch, director legal de Liberty, una de las asociaciones que denunció las actividades del GCHQ. “Ahora sabemos que, al mantener ocultos al público sus tratos secretos con la NSA, el GCHQ violó nuestros derechos”, ha declarado Welch tras conocer la sentencia. Ero ha asegurado que no comparte el hecho de que la práctica sea ahora legal y anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un portavoz del Gobierno, por su parte, ha celebrado “una decisión que no requiere que el GCHQ modifique sus operaciones”.