Crimen, espías y Estado

Es imposible responder la pregunta que se hace la ciudadanía argentina hoy, ¿quién es el cerebro detrás del crimen del fiscal Nisman? Convencida de que se trata de un asesinato según una encuesta reciente, la mayoría ciudadana cree, además, que quedará impune. Procuro entonces una reflexión más general: ¿qué revela el crimen del fiscal Nisman acerca de la política oficial? El homicidio simboliza el alto nivel de injerencia alcanzado en la política interna por los servicios de inteligencia del Estado. Su resultado, expuesto ahora brutalmente, es la superposición del gobierno con el Estado, pero junto con la fragilidad y la creciente ausencia del Estado allí donde es necesario.

Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno en 2003 estaba en juego la consolidación del Estado de derecho y de sus distintos componentes. Dos modelos opuestos se encontraban entre las opciones posibles: un Estado garante o un Estado vigilante. Un Estado garante, capaz de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de todos sus derechos, se coloca por encima de las facciones y garantiza una mejor calidad de vida para todos. Lejos de proponerse como la instancia que protege y representa a toda la ciudadanía, el Estado vigilante, por el contrario, resulta el instrumento de concentración personal del poder político presidencial. De este modo, los recursos del Estado no se utilizan en función de las necesidades de la sociedad sino en función de las necesidades políticas del presidente y del partido de gobierno.

Esto explica la primera tardía reacción de la presidenta de la nación frente a la muerte del fiscal; simular a Asa Larsson, cuando la nación esperaba escuchar una presidenta que anunciaba su compromiso con la verdad y la justicia. Además, lo hace una semana después cuando, ¡sentada en silla de ruedas! y sin una palabra de condolencia para la familia del fiscal, le explica al país, una vez más, que ella es víctima de una conspiración de jueces y medios, analiza la situación como una ciudadana más, pone al fiscal como responsable de su propia muerte y anuncia una nueva central de inteligencia, deshaciendo la que ella misma creó.

El estado garante busca que las medidas se implementen por ley y que el consenso funde políticas de largo plazo en aquellos temas que resultan cruciales para el país. Salvo algunas excepciones, el otro se acerca al modelo implementado por el kirchnerismo en sus 12 años. Me corro de los innumerables escándalos de corrupción, que alcanzan incluso al vicepresidente de la República, para recordar los distintos mecanismos empleados para acumular poder político por parte del oficialismo: intimidar a los opositores –sociales o políticos—vía la Administración Federal de Ingresos Públicos, pretender crear una Justicia a partir del nombramiento de jueces y fiscales simpatizantes del oficialismo, denostar periodistas críticos al gobierno, dar fondos a los medios amigos retaceándoselos a los críticos, falsear los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), que era una de las pocas instituciones creíbles que existían en el país, cooptar a algunas organizaciones de derechos humanos a través de beneficios simbólicos y materiales (incluso un escándalo por corrupción salpicó al sector de las madres de Plaza de Mayo encabezado por Hebe de Bonafini).

Como si esto fuera poco el estado da concesiones a los empresarios amigos, asigna los recursos de las políticas de acción social directa a las organizaciones amigas y los estudios académicos sobre el presupuesto federal prueban que los recursos más abundantes van a los gobernadores amigos. Esta discrecionalidad acompaña la utilización de los servicios de inteligencia para amenazar o extorsionar a opositores sociales y políticos.

La consecuencia de este modo de construcción del poder, que ha debilitado la democracia, el capitalismo, la república y el federalismo argentinos, no se hizo esperar: el estado vigilante derivó en una mayor acumulación de poder de aquellos sectores que se dedican al espionaje y en consecuencia en una mayor peligrosidad. Por primera vez, el jefe de las fuerzas armadas es un general de inteligencia, sospechado, además, de formar parte del terrorismo de estado de los años setenta. La ausencia de controles sobre los servicios de inteligencia se evidencia en el funcionamiento dela Comisión bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia, cuestionada por organizaciones de la sociedad civil de composición plural. En el marco de esta forma de ejercer el poder, se da el viraje de la política del gobierno en relación con el atentado ala AMIA: primero apoyó la hipótesis iraní para luego firmar un memorando de entendimiento con Irán. Empieza ahí una tensión entre los distintos sectores del espionaje que encuentra su expresión más feroz en la muerte del fiscal Nisman el día antes de denunciar a la presidenta en el Congreso.

El estado vigilante no solo no custodió y preservó la vida del fiscal sino que la falta de idoneidad con que manejó un caso tan delicado terminó en su muerte.

María Matilde Ollier es decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.