La credibilidad exterior de Argentina, en juego

Argentina se juega la credibilidad como país en el caso Nisman. La investigación y el proceso judicial tienen que ser las más transparentes no sólo para tranquilidad de los propios argentinos, sino para consumo externo. Buena parte del mundo está pendiente de cómo se aclare la muerte del fiscal y el eco del caso resonará por mucho tiempo en quienes tomen decisiones, en términos sociales, políticos o económicos, desde fuera del país. ¿Invierto en Argentina? ¿Hago negocios con argentinos? ¿Envío a mis empleados y sus familias a vivir allí?, se podrían preguntar muchos empresarios.

Tanto la seguridad ciudadana como la jurídica ya estaban muy cuestionadas en Argentina antes de la muerte de Nisman. Sin embargo, un caso que levanta sospechas sobre la implicación del propio Gobierno, de supuestas “mafias” que actúan en la sombra, en el que se mira a agentes del servicio secreto, ministros, diputados, jueces y hasta agitadores profesionales que al parecer participan en negociaciones bajo cuerda con gobiernos extranjeros supone un antes y un después en la creencia de que en Argentina impera la impunidad de los afines al kirchnerismo o de cualquier otro grupo que ostente poder de intimidación.

El caso AMIA es un estigma para Argentina. El país lleva 20 años sin dar una respuesta contundente y creíble sobre los detalles y la responsabilidad del peor ataque terrorista sufrido por el país. Si la causa del fallecimiento del fiscal que investigaba el atentado corre la misma suerte, las posibilidades de que Argentina se perciba desde el extranjero como un Estado judicial y policialmente fallido son altísimas. No se trata sólo de la muerte de un miembro de la Justicia en circunstancias más que sospechosas, sino que se trata del fiscal que señaló a la presidenta Cristina Fernández como posible instigadora de un acuerdo con Irán para zanjar en falso el asunto de la AMIA a cambio de intercambios comerciales.

Las primeras informaciones del caso desafortunadamente apuntan a que Argentina tendrá serias dificultades para demostrar al mundo que es un Estado de derecho solvente. La prisa de la presidenta Fernández de dar por buena la tesis del suicidio en un mensaje a través de Facebook, la presencia del secretario de Seguridad en la escena del crimen antes de que llegaran el juez y la fiscal de la causa, o la ausencia de los escoltas asignados por el poder público atizan la sensación de que no importa cómo se resuelva el caso, nunca se sabrá la verdad.

Buena parte de la sociedad argentina ya se ha movilizado para forzar a las autoridades a trabajar con rapidez y transparencia. Los argentinos tienen experiencia en esto y han logrado con las marchas lo que deberían haber solventado los poderes públicos. En 1990, en el asesinato de María Soledad Morales, de 17 años, en la provincia de Catamarca, la presión social y mediática fue determinante para sentar a los responsables en el banquillo y acabar con el régimen casi feudal que gobernaba la provincia. El crimen se produjo durante la presidencia del peronista Carlos Menem en una región gobernada por peronistas.

En 1994, la indignación popular también forzó el esclarecimiento del asesinato del recluta Omar Carrasco en un cuartel de la provincia de Neuquén. El caso tuvo como consecuencia la derogación del servicio militar obligatorio instaurado un siglo atrás. Diez años después, las movilizaciones tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en el Gran Buenos Aires impulsaron el endurecimiento de las leyes penales, aunque ello no mejoró la seguridad ciudadana. En el caso Nisman todo apunta a que esta presión también será fundamental para albergar la esperanza de que se llegue al fondo del asunto, caiga quien caiga.