Indonesia ejecuta a seis condenados por narcotráfico

Holanda y Brasil han retirado temporalmente a sus embajadores en Indonesia después de que dos de sus ciudadanos fueran ejecutados a medianoche del sábado (hora local) por sendos delitos de narcotráfico. Después de una moratoria de varios años en los que no se aplicó la pena de muerte, el Gobierno de Yakarta endureció sus leyes en 2013. Además del holandés Ang Kiem Soei, y el brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, han sido fusilados cuatro ciudadanos con pasaporte de Malawi, Nigeria, Vietnam y la propia Indonesia. Según el fiscal general indonesio, Muhammad Prasetjo,las autoridades esperan que las ejecuciones "tengan un efecto disuasorio". El presidente, Joko Widodo, ha justificado las muertes “porque estos delincuentes destrozan la vida de muchas personas”.

Para las autoridades holandesas, antigua potencia colonial en Indonesia, la ejecución ha supuesto un duro golpe y crea un conflicto diplomático aumentado por el turbulento pasado común. La familia del holandés ejecutado, que tenía cuatro hijos, reside en Utrecht, y no se les ha permitido tocar el cadáver antes de su cremación. El ministerio de Exteriores intentó paralizar todas las ejecuciones, y el primer ministro, Mark Rutte, intercedió por el condenado. En un último intento, se pidió la mediación del rey Guillermo Alejandro. Su conversación con el presidente Widodo no sirvió para que cambiara de opinión. Ang Kiem, de 62 años, y origen chino, nació en la antigua colonia holandesa de Nueva Guinea. Estaba acusado de fabricar patillas de éxtasis, y su abogado consiguió reunir cerca de un millar de firmas en favor de su liberación. Llevaba desde 2003 en el corredor de la muerte. “La pena de muerte es un castigo inhumano y salvaje que niega la dignidad humana”, reza el comunicado oficial de La Haya, publicado tras el fusilamiento.

Para Brasil, la ejecución ha sido igualmente traumática. Marco Archer Cardoso, de 53 años, ha sido el primero de sus nacionales ajusticiado en el extranjero, y fue condenado por haber intentado entrar en Indonesia con 13,4 kilos de cocaína escondidos en tubos de un ala delta. Dilma Rousseff, la presidenta brasileña habló asimismo con Widodo, pero la decisión ya estaba tomada, informa Marina Rossi desde Sao Paulo. En una nota divulgada tras la muerte de Cardoso, la presidenta aseguró “respetar la soberanía del sistema judicial indonesio” y admitió “la gravedad del delito”, pero se mostró “igualmente indignada”.

Amnistía Internacional había pedido a Indonesia que paralizara las ejecuciones, y aboliera la pena de muerte. El país es la mayor economía del Sureste de Asia y recuperó su independencia de Holanda en 1949 tras una guerra sangrienta. Es el mayor país musulmán del mundo y hay movimientos secesionistas en varias provincias. Joko Widodo,el presidente, era un antiguo empresario y gobernador de Yakarta y es el primero en llegar al cargo sin salir de las filas del Ejército. Ha manifestado que no piensa ceder en su lucha contra el narcotráfico que pasa, de momento, por aplicar la pena capital.