La polémica por el financiamiento de campañas salpica a Bachelet

Cuando la Fiscalía y la opinión pública tenían su mirada puesta en el partido de derecha UDI, la principal colectividad implicada en la trama de financiamiento ilegal de campañas conocida como Penta-Gate, esta semana la prensa ha desvelado un nuevo episodio que salpica a la propia presidenta Michelle Bachelet. Pese a que la legislación electoral impide que extranjeros sin derecho a voto en el país aporten dinero a la política chilena, se conoció que en septiembre de 2013, en plena campaña presidencial, el actual canciller Heraldo Muñoz organizó una comida en un yate lujoso en Nueva York con el objetivo de recolectar fondos para la socialista. De acuerdo a la información revelada por el medio The Clinic, que fue corroborada en primera instancia por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cena participaron diplomáticos latinoamericanos.

Luego de la publicación, sin embargo, una seguidilla de declaraciones confusas dejó en evidencia el complejo escenario en que quedó La Moneda con el Yate-Gate, como se ha comenzado a conocer este caso. El canciller Muñoz, que en septiembre de 2013 se desempeñaba como subsecretario general del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, escribió una declaración en la que señalaba que los aportes que recibió habían sido exclusivamente de chilenos. A las pocas horas, sin embargo, el coordinador de la actividad, el chileno Mario Paredes, reconoció a Canal 13 que hubo extranjeros en el evento, entre ellos “puertorriqueños, dominicanos…de varios países”. Aunque no detalló que hayan donado dinero a la campaña de reelección de Bachelet, la invitación que Paredes distribuyó, escrita en inglés y publicada en The Clinic, señalaba que la participación de los invitados era “posible con una donación de 1.000 dólares”.

“Partiremos a las 6pm desde el Pier 25 ubicado en 225 N.Moore Street en Manhanttan para un viaje de 2 horas a bordo del 75´Hatteras Motor Yacht Avanti que incluye varias acomodaciones, entre las cuales se encuentran un gran salón con aire acondicionado de alta velocidad, sistema de sonido sofisticado alrededor del bote y LED 6 tricolor luz bajo el agua”, indicaba la invitación.

En el Gobierno hubo molestia con el canciller Muñoz por la forma en que explicó el acto de proselitismo a favor de Bachelet y prueba de ello fue que el ministro tuvo que comparecer el viernes desde Nueva York, donde Chile asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Leyendo un comunicado a los medios y sin aceptar preguntas, indicó que “no hubo aportes extranjeros, fue todo dentro de la ley”. Precisó que aunque había cerca de cuarenta invitados, no llegaron más de veinte y que “los montos de los aportes fueron muy inferiores a lo que se ha señalado en algunos medios”.

El Yategate toca a las principales autoridades del Gobierno. El jefe de campaña de Bachelet fue Rodrigo Peñailillo, el actual ministro del Interior, que también se vio obligado a intentar poner paños fríos y descartar cualquier ilícito: “Descarto rotundamente cualquier irregularidad”. En la misma línea, el portavoz del Ejecutivo, Álvaro Elizalde, acusó a la UDI de querer “generar una situación de empate”. Luego de que ese partido de derecha desplegara una operación para que el Ejecutivo aclare el episodio, y que evalúe citar al canciller Muñoz a dar explicaciones al Congreso, Elizalde también indicó que “la UDI se siente sola y acorralada, producto de la compleja situación judicial que afecta a un número significativo de sus dirigentes”.

El caso Penta ha destapado la delicada relación entre los políticos y sus financistas en Chile y de paso ha dejado al descubierto la débil institucionalidad que regula el financiamiento electoral. En una trama que podría estar varios años investigándose, la Fiscalía ha detectado que la empresa Penta financió campañas políticas, sobre todo de la UDI, vulnerando los máximos permitidos por la legislación y obteniendo rebajas tributarias. Luego del anuncio de formalización de los dueños de la compañía y del subsecretario de Minería del Presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, acusado de cohecho y lavado de activos, esta semana comenzaron los interrogatorios a los políticos involucrados en esta inédita trama.