Grandes países de la UE se plantean nuevas acciones ante el reto yihadista

“No hay que reaccionar inmediatamente después de una tragedia para no cometer el error de ir demasiado lejos o quedarse demasiado corto”, decía el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras los atentados en Francia. Los grandes países de la UE han hecho justo lo contrario: Francia, Reino Unido, Alemania, España y Bélgica anunciaron este lunes que preparan medidas fulminantes ante la amenaza yihadista, que pueden suponer recortes de libertades y, a la postre, una respuesta política en caliente muy parecida a la que dio el Gobierno de EE UU tras el 11-S con la denominada Patriot Act.

Berlín estudia retirar el DNI a los sospechosos de violencia islamista

La gran mayoría de esos países tenían ya preparadas algunas de esas propuestas para hacer frente al fenómeno de los combatientes extranjeros: los ciudadanos europeos que van a luchar a Siria y a las zonas en conflicto. Los atentados en Francia no han hecho sino acelerar su puesta en marcha ante la posibilidad de vencer con más facilidad las resistencias internas a ese tipo de medidas. Aunque legislar en caliente puede tener efectos secundarios. Juncker daba en el clavo cuanto explicaba que la precipitación entraña algunos riesgos: tras los atentados en Madrid (2004) y Londres (2005), la Unión aprobó una directiva que obligaba a los operadores de telecomunicaciones a conservar los datos de sus clientes hasta dos años para facilitar la lucha antiterrorista; los tribunales europeos la anularon el año pasado al considerarla una injerencia “de gran magnitud y especial gravedad” en los derechos fundamentales y en la protección de datos.

Pero los atentados en Francia, a pesar de las advertencias, han servido como catalizador en varios países. El Gobierno británico anunció este lunes que revisará sus protocolos de seguridad, con la intención de actualizarlos para responder mejor a amenazas como la que desembocó en los ataques terroristas sufridos en Francia la semana pasada. Así lo expresó el primer ministro conservador, David Cameron, tras una reunión celebrada en Downing Street para abordar los nuevos retos a la seguridad del país.

Reino Unido elevó la alerta de terrorismo en agosto del año pasado al segundo nivel más alto, lo que significa que un ataque sobre el país es “altamente probable”. Las fuerzas de seguridad aseguran haber detectado y frustrado diversos planes de ataques en suelo británico en los últimos meses, por parte de ciudadanos británicos entrenados en la yihad fuera de sus fronteras. El primer ministro insistió, a preguntas de los periodistas tras su discurso sobre sus planes para reducir el déficit si resulta reelegido tras las elecciones de mayo, en que los servicios de inteligencia necesitan más poderes para rastrear las comunicaciones en Internet de sospechosos de cometer actos de terrorismo. Si los conservadores ganan las elecciones, el Gobierno introducirá nuevas leyes que garanticen el acceso a cualquier tipo de comunicación siempre que se cuente con una orden de Interior.

Se trataría de un paso más allá de los planes, ya anunciados por los conservadores, de recuperar la legislación sobre comunicaciones que no llegó a entrar en vigor debido a la oposición el año pasado de sus socios de gobierno liberal demócratas. Lo que sugirió este lunes Cameron es que los servicios de espionaje tendrían más acceso, no solo a los registros de las comunicaciones, sino también al contenido de las mismas. Esto, dijo el primer ministro, es compatible con una “democracia moderna y liberal”.

En otro gran gesto destinado a combatir el peligro del terrorismo en Alemania, el Gabinete federal aprobará mañana, miércoles, un paquete de leyes que prevén, entre otras medidas, retirar los documentos de identidad a los supuestos yihadistas por un plazo de tres años, para impedir que viajen a Oriente Próximo para unirse a las fuerzas del Estado Islámico, informa Enrique Müller desde Berlín.

Londres pretende establecer controles en comunicaciones a través de Internet

Alemania, al igual que otros países europeos, está esforzándose por evitar que sus ciudadanos viajen para unirse al Estado Islámico, el grupo yihadista que controla amplios territorios en Irak y Siria, y otros grupos islamistas, según Reuters. En virtud del proyecto de ley, aquellos a los que se retiren los documentos recibirán un nuevo documento que les prohibirá viajar. Unos 550 ciudadanos alemanes se han unido a la lucha en Siria y unos 180 se cree que ya han regresado.

Bélgica pretende también acelerar la adopción de las medidas contra el terrorismo y la radicalización previstas en el acuerdo entre los partidos de la coalición de centroderecha que gobierna el país, después de las últimas amenazas del Estado Islámico, según el diario Le Soir. El ministro belga de Seguridad e Interior, Jan Jambon, presentará “en los próximos días” sus propuestas, que incluyen mejorar la vigilancia de las redes sociales y establecer un marco legal que facilite la movilización del Ejército para tareas de supervisión en aeropuertos o estaciones en caso de urgencia.