La designación de magistrados adapta la Justicia a la medida del chavismo

Con la elección este domingo de 16 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el oficialismo completó en una semana la renovación de los cargos vacantes en los poderes del Estado venezolano. Esa puesta al día había sido una de las principales exigencias de los representantes de oposición durante el frustrado proceso de diálogo que, bajo el auspicio del Vaticano y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los bandos en pugna en Venezuela intentaron de abril a junio de este año.

Entonces el país parecía a punto de implosión tras dos meses de protestas callejeras en varias ciudades que, a la postre, sumarían 43 muertos y más de 800 heridos. En medio de la violencia, una remodelación consensuada de los poderes públicos ofrecía devolverles la credibilidad perdida y, con ello, darle chance a una solución pacífica al conflicto. Pero que meses después, a pesar del naufragio del diálogo, el partido de Gobierno se haya avenido a llevar a cabo el recambio no debe interpretarse como un gesto de magnanimidad hacia sus adversarios. Y es que el chavismo se las ha arreglado de nuevo para mover sus fichas y dar la impresión de cambio, sin arriesgar nada.

"De los 28 cargos a designar solo tres repitieron; es decir, ahora hay 25 nuevos representantes de los poderes públicos que no estaban incluidos", subrayó Elvis Amoroso, diputado del progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su intervención durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en la que quedaron electos los magistrados del TSJ. "Entonces, ¿cómo pueden decir que no hay renovación de poderes?", se preguntó en voz alta, con tono de indignación.

Las cuentas del parlamentario no sólo incluían a los ministros del Supremo, sino además a nueve rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a los titulares de la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, nombrados todos durante el tour de force legislativo de una semana.

La bancada del oficialismo desestimó toda posibilidad de consenso en la Asamblea Nacional para forzar una cuarta votación de las listas propuestas para magistrados. En esa sesión, que ocurrió el domingo, la oposición volvió a votar contra los postulados del Gobierno, tal como en las tres anteriores. Pero ya a esas alturas, según el reglamento de ley, las designaciones podían tener lugar con una mayoría simple de los votos, y no con las dos terceras partes exigidas en rondas previas.

Algunos de los magistrados seleccionados, como Marjorie Calderón y Maikel Moreno, son cuestionados por la oposición por su evidente afinidad política con el régimen. Moreno y Calderón tuvieron actuaciones controvertidas durante el accidentado juicio del comisario Iván Simonovis, preso desde hace diez años, una causa célebre para activistas de derechos humanos en el país.

Todavía más sucinto fue el procedimiento para escoger a los nuevos encargados del denominado Poder Ciudadano. El lunes fueron votados y juramentados, luego de que una decisión de fin de semana del TSJ permitiera elegirlos con la mayoría simple del oficialismo, los titulares de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, reelecta; de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab —ex gobernador por ocho años del Estado de Anzoátegui a nombre del PSUV—; y de la Contraloría General, Manuel Galindo Ballesteros, un reconocido miembro del equipo de la primera dama, Cilia Flores, durante sus gestiones anteriores como presidenta de la Asamblea Nacional y Procuradora de la Nación.

Al filo de la medianoche del viernes 26, el TSJ emitió otra sentencia en la que, alegando una falta legislativa, nombró de manera ejecutiva a los tres rectores principales del Consejo Electoral. Entre ellos están Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, leales al Gobierno, ratificadas este mismo lunes como Presidenta y Vicepresidenta del organismo.

El Gobierno apeló a los subterfugios que encontró en los resquicios de la ley, bajo el entendido de que en estos momentos no puede darse el lujo de la pluralidad

El Gobierno apeló a los subterfugios que encontró en los resquicios de la ley, bajo el entendido de que en estos momentos no puede darse el lujo de la pluralidad. En la antesala de un año que, como el venidero 2015, promete dificultades de todo tipo, el control de las instituciones luce como una de las pocas variables que el chavismo tiene la posibilidad de manejar.

Sin embargo, el proceso de renovación de autoridades del Estado puso bajo inesperadas tensiones al sector opositor. Las suspicacias al interior de lo que todavía se conoce como Mesa de Unidad Democrática (MUD) afloraron ya sin disimulo.

Con el tercer puesto principal del organismo electoral, que le fue asignado a Luis Emilio Rondón, un técnico allegado al partido Acción Democrática —socialdemócrata y hegemónico durante el llamado Democracia de Punto Fijo de 1958 a 1998—  los señalamientos sobre posibles pactos secretos entre esa agrupación y el Gobierno encontraron donde hacer pie. 

La misma noche de esa designación, Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, colgó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que instaba a renunciar a las figuras opositoras nombradas para el CNE, a menos que se tratara "de una farsa desde un principio a espaldas del país". Un militante del partido Primero Justicia (PJ), Pablo Durán –nombrado rector suplente-, obedeció la consigna apenas horas después.

En rueda de prensa del sábado, Jesús Torrealba, Secretario General de la MUD, llegó a insinuar el sábado que alguna facción opositora habría participado en acuerdos para la conformación de los poderes. "No aceptamos ni puesticos ni cuotas. Exigimos cumplimiento de la Constitución. Esa es la posición de la unidad democrática: quien la rompa, que pague".