Un país de rodillas ante el crimen

Tomás Pablo Ralios abandonó su pueblo natal del altiplano guatemalteco sin más propósito que labrarse una vida digna. De su padre aprendió dos cosas: el que trabaja para patrón nunca dejará de ser pobre, y que el comercio es una actividad digna que permite vivir bien.

Empezó vendiendo cigarros y golosinas en las calles de Ciudad de Guatemala cuando apenas tenía 10 años. Después logró instalar un tenderete en un barrio en expansión, donde abundaban los obreros. Ayudado por sus hermanas que preparaban panes con frijoles, progresó rápidamente. Ahora es propietario de una tienda bien surtida en un barrio popular de la capital.

Pero sus sueños se vieron truncados por una actividad que se ha convertido en una excelente fuente de ingresos para las mafias que mantienen al país de rodillas: la extorsión. Un mediodía cualquiera, mientras atendía su negocio, se le acercó chaval de unos 16 años, quien le entregó un teléfono móvil. “Si cumplís con lo que te mandemos, no te va pasar nada. Si nos fallás o te quejás con la policía, te matamos”. Media hora después recibió el mensaje: semanalmente debería entregar 500 quetzales (unos 65 dólares) a la persona que lo buscaría en su tienda.

Han pasado tres años desde entonces y los extorsionistas le exigen ahora 100 dólares semanales, a los que hay que sumar los dos salarios extraordinarios que la ley guatemalteca contempla para los trabajadores tanto de la iniciativa privada como del Estado: el Bono 14, a mitad de año, y el Aguinaldo Navideño, el 15 de diciembre.

Y de que estas mafias cumplen con sus amenazas, no hay ninguna duda. Según cifras de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), unos 600 chóferes de autobuses del servicio público, uno de los gremios más castigados, han sido asesinados. En más del 90% de los casos, porque los patronos no pagaron puntualmente la extorsión.

La impunidad –solo uno de cada 1.000 casos denunciados llega a sentencia, según cifras oficiales– ha provocado que el entre sus víctimas se cuenten ya hasta las mujeres que viven de vender tortillas de maíz, el pan de los centroamericanos.

Más desalentador, si cabe, es que la mayoría de las extorsiones y de los crímenes relacionados con esta actividad se ordenan desde los cárceles, sin que el Estado haya demostrado la más mínima capacidad para ponerles fin. A esto se añade que las mafias utilizan a menores de edad como soldaditos de plomo tanto para cobrar el chantaje como para apretar los gatillos. En Guatemala, por disposición constitucional, los menores de edad, no pueden ser juzgados.

Otra de las angustias con que los guatemaltecos despiden el año 2014 son las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Hasta el 30 de noviembre, 40.000 habían sido expulsados por residir y trabajar al margen de las leyes migratorias. El extremo es de particular gravedad si se considera que las remesas de los migrantes (4.649 millones de dólares hasta el 30 de octubre), constituyen el 10% del PIB, mientras que, a nivel familiar, significan la posibilidad de comprar comida, ropa y pagar los estudios de los niños. Sin olvidar que para los que regresan a este país no ofrece ninguna posibilidad de empleo con salarios medianamente dignos.

Parte importante del dinero recibido se invierte en la construcción de viviendas, algunas veces con ribetes simpáticos, como poder contemplar, perdidas en las montañas, réplicas más o menos acertadas de la Casa Blanca.

Así las cosas, y cuando lo que está en juego es llevar el pan a la mesa de los hijos, el hombre de la calle, desencantado con una clase política que sólo llega al poder para enriquecerse, pasa de temas que han ocupado las portadas de los periódicos, como el reinicio inminente del juicio por genocidio en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, la próxima sentencia en contra de Pedro García Arredondo, el jefe de la policía que entró a sangre y fuego a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, o la cooptación de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado.

También camina, indiferente, ante las elecciones generales del otoño de 2015, porque no ve en las propuestas actuales ninguna alternativa real de cambio, o que se hable de Guatemala como un país a las puertas de ser considerado un Estado fallido. Solo intenta trabajar en paz y no morir asesinado en el intento.