El chavismo nunca pierde en el Supremo venezolano

Los amigos del abogado venezolano Antonio Canova suelen decir que tiene un estómago de hierro. No es para menos, piensan. Junto a sus colegas Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol, Canova revisó y clasificó las 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 2013 por las salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela —las tres que controlan los actos del Gobierno—, y las compiló en un libro de circulación casi clandestina llamado El TSJ al servicio de la revolución (Editorial Galipan), valorado también como una joya por analistas y periodistas. La conclusión principal de este grueso ensayo de reciente aparición es que el Supremo jamás ha dictado una sentencia contra el Gobierno.

Esa primera certeza es la corteza de un árbol frondoso y cargado de frutos como estos: los autores afirman que, a medida que pasa el tiempo, los magistrados del Supremo venezolano necesitan mostrarse más revolucionarios para sobrevivir a las purgas periódicas impulsadas por la troika gobernante, que el Gobierno interviene y controla políticamente al Poder Judicial con el objetivo de que este no limite sino que legitime "jurídicamente sus decisiones y actuaciones", que tras la muerte del presidente Hugo Chávez [5 de marzo de 2013] se han hecho más explícitas las evidencias de politización de la justicia, y que los criterios judiciales de las cortes estudiadas se apartan y son contrarios al derecho internacional, a los derechos humanos "y a la jurisprudencia y doctrina universal más reconocidas en materias como democracia y Estado de derecho".

En el libro se recuerda que durante la apertura del año judicial en 2007, el entonces presidente del Supremo, Omar Mora Díaz, instó en su discurso a los otros magistrados a apoyar el proyecto de reforma constitucional que entonces impulsaba Chávez, o como en el año anterior los magistrados corearon el cántico chavista "Uh, ah, Chávez no se va" como una manera de saludar al entonces jefe de Estado, quien estaba presente entre los invitados.

Hay un patrón que se cumple invariablemente, según Canova. El Gobierno anuncia una medida que se corresponde con su visión estratégica. La oposición y los expertos critican la decisión por anticonstitucional, pero a los pocos días una sentencia del TSJ avala la postura de la alta jerarquía chavista. "Esto no es un tribunal, sino una farsa", opina el abogado. "Con una justicia así, será imposible que alguien invierta en Venezuela. No hay garantía alguna de protección al empresario", agrega.

El libro pretende zanjar también una vieja discusión de la oposición. El chavismo ha sido un proceso de difícil caracterización: algunos dicen que es un proceso autoritario y que es posible reconstruir al país respetando las instituciones legadas por la Constitución promovida por Chávez en 1999; otros, más dramáticos, prefieren enunciarla como una dictadura que segrega a los que piensan distinto y viola los derechos humanos. Canova se inclina por la segunda opción. En Venezuela, dice, no hay un déficit de justicia ni el sistema judicial es perfectible, como sostiene la oposición menos radical. "Ellos quieren permanecer en el poder y que los tribunales garanticen la supervivencia de la revolución, como el propio Chávez decía", opina Canova.

La politización de los jueces crece desde la llegada de Maduro, según los autores

El coautor Luis Alfonso Herrera dice que el fallecido líder planificó la toma del poder judicial desde el mismo momento en que asumió su primer Gobierno, el 2 de febrero de 1999, e impulsó la redacción de una nueva Constitución. Las resistencias naturales a los procesos que plantean cambios de raíz impidieron el plácido avance de ese plan. Chávez sufrió un revés cuando el Supremo decidió no enjuiciar a los altos cargos militares que en 2002 participaron en el golpe de Estado que le derrocó durante un fin de semana. Aún resuenan los ecos de la escatológica frase que pronunció —"Los magistrados del Supremo pusieron una plasta"— al conocer el fallo. En buena medida, ese día quedó sellada la suerte del Supremo. El Gobierno logró imponer una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que incluyó el aumento del número de magistrados —de 20 a 32— y su elección por mayoría simple en la Asamblea Nacional.

Después de leerse más de 45.000 sentencias, Antonio Canova está satisfecho. El abogado ha logrado trascender los análisis interesados y establecer conclusiones comprobando él mismo el razonamiento del Poder Judicial. "Después de esto ya no escribiré más", dice como despedida.