Netanyahu rompe su Gobierno y adelantará las elecciones en Israel

La controvertida norma que pretendía cambiar la Ley Básica de Israel —el país carece de Constitución— y definirlo como un “Estado nación judío” que discrimina a las minorías ha precipitado la caída del Gobierno de Benjamín Netanyahu (Likud). El primer ministro israelí solicitó este martes la disolución de la Knesset (Parlamento) “lo antes posible” y la convocatoria de elecciones anticipadas, tras expulsar de la coalición de Gobierno (integrada por cinco partidos) al ministro de Finanzas, Yair Lapid (Yesh Atid), y a la ministra de Justicia, Tzipi Livni (Hatnua), a los que acusó de “atacar” a su Ejecutivo y de “dar un golpe de Estado”. El adelanto electoral, tras 22 meses de legislatura, preserva una tradición nunca rota desde la fundación del Estado de Israel, en 1948: ningún Ejecutivo ha terminado su mandato.

“En las últimas semanas, incluyendo las últimas 24 horas, los ministros Lapid y Livni atacaron duramente al Gobierno que dirijo. No voy a [...] tolerar ministros que atacan desde dentro del Gobierno a las políticas del Gobierno y a su líder”, aseveró este martes Netanyahu.

La aprobación en el Gabinete hace diez días del proyecto de ley del “Estado nación judío” —con 14 votos a favor y seis en contra, entre ellos, los moderados Lapid y Livni— hacía prever un anticipo electoral. No solo esta deriva ultraderechista de Netanyahu le granjeó duras críticas del fiscal general, del presidente, Reuven Rivlin (del Likud, como Netanyahu), y de la Unión Europea y EE UU, sino que sus socios moderados en el Gobierno se apresuraron a lanzar una campaña mediática para impedir una ley que, en su opinión, aleja a Israel del resto de democracias.

Pero el último empujón hacia la ruptura se produjo tras una reunión el lunes por la noche entre Netanyahu y Lapid en la que el líder israelí exigió a su ministro de Finanzas que apoyara la polémica norma y que renunciase a su proyecto de ley de reducir impuestos a quienes compran su primera casa. Lapid se negó. “El primer ministro ha decidido llevarnos a unas elecciones innecesarias. (…) Ha elegido actuar con irresponsabilidad”, lamentó este martes Lapid, que acusó a Netanyahu de gastar “miles de millones de shekels [moneda israelí]” en la celebración de elecciones en lugar de utilizarlos para mejorar la vida de los ciudadanos.

Desde el partido de Lapid, interpretan el “acto cobarde” de expulsar ministros como una maniobra de Netanyahu, rendido a las presiones de “los [judíos] ultraortodoxos”. Livni analizó el adelanto electoral en términos similares: “Las elecciones decidirán si seremos un Estado sionista o extremista”.

“La norma que promueve Netanyahu no podía salir adelante sin romper antes este Gobierno”, el primero en décadas sin ultraortodoxos, señala Yohanan Plesner, presidente del Instituto de Israel para la Democracia. “La ley es superflua porque la defensa de Israel como Estado judío ya está incluida en la Ley Básica”, dice. Significaría una “ruptura entre el equilibrio establecido entre Estado judío y Estado democrático, a favor del primero”. Para Plesner, “el proyecto de ley es un reflejo de la crisis política”. Y si Netanyahu lo defiende “es porque quiere conectar con su base política, movilizarla y demostrar lealtad a los principios fundamentales” para formar una nueva mayoría de Gobierno, especialmente en un contexto en el que “existe un descenso en el número de judíos que creen que Israel debe ser judío y democrático al mismo tiempo”. Netanyahu apeló a los sentimientos nacionales y acusó a Lapid de criticar su política contra el programa nuclear de Irán y su exigencia de que las facciones palestinas reconozcan a Israel como Estado judío.

Un argumento similar sostiene Mordechai Kremnitzer, profesor de Derecho de la Universidad Hebrea, para quien Netanyahu busca acercarse a los sectores sociales más a la derecha con una ley que no menciona la “protección de los derechos colectivos” de los no judíos, lo que incluye al 20% de los israelíes que son árabes. “Los drusos sirven en el Ejército, y si la ley se aprobara se preguntarían por qué sus derechos no están garantizados”, añade.