Cómo sería la cesión del 100% del IRPF a las autonomías en España

Con el fin de fortalecer la responsabilidad financiera del Parlamento de Escocia, el Reino Unido cederá el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, además de la capacidad para fijar los tipos impositivos, concluye la Comisión Smith, constituida después del referéndum por la independencia de Escocia para estudiar la devolución de poderes a Edimburgo.

Si esta propuesta se quisiera trasladar a España habría que contestar dos preguntas: si ello cambiaría los recursos disponibles para el Estado y las comunidades autónomas y si esta cesión es conveniente.

En la actualidad, las comunidades ya tienen competencia para fijar la escala de gravamen general (no la del ahorro), para modificar los mínimos personales y familiares y para establecer las deducciones autonómicas que desee su correspondiente parlamento autonómico, todo ello sobre el 50% del IRPF. Si, manteniendo la capacidad normativa, se sustituyera la actual cesta de tributos (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales) por la cesión del 100% del IRPF, recuperando para el Estado el IVA y los demás impuestos indirectos, la financiación recibida por las autonomías no forales entre los años 2009 y 2012 apenas cambiaría (un aumento de 0,46%). Tampoco variaría sustancialmente su distribución entre ellas.

En cuanto a la conveniencia, esta medida daría lugar a un claro aumento de la autonomía fiscal. Por otra parte, se lograría una delimitación nítida de espacios fiscales: el Estado tendría toda la imposición indirecta, la de sociedades y las cotizaciones sociales. Las administraciones regionales a su vez serían titulares del IRPF y los demás impuestos tradicionalmente cedidos. Esto contribuiría a un funcionamiento más eficaz de los mecanismos democráticos tanto a nivel autonómico como estatal. Si, además, la cesión del 100% del IRPF viniera acompañada de un compromiso creíble de que no habrá nuevos rescates por el Estado, aumentaría la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.

En el lado de los inconvenientes tendríamos que la cesión del IRPF a todas las comunidades podría incrementar la competencia fiscal a la baja y los costes de cumplimiento para los contribuyentes. Para evitarlo habría que reforzar el papel del Estado como coordinador para lograr una Hacienda integrada, además de su capacidad para legislar sobre los elementos que seguirían siendo comunes, como la determinación de la base imponible o el gravamen del ahorro.

Sin embargo, no debe olvidarse que si el gobierno central recuperara el IVA y los impuestos indirectos también en los territorios forales (que ya tienen la totalidad del IRPF), se resolvería un grave problema de inequidad en el sistema de financiación territorial en nuestro país. La corrección de dicha desigualdad territorial quizá compensaría la cesión de poder que supone renunciar a un IRPF de ámbito estatal como instrumento de redistribución personal.

Esos son los elementos que habría que valorar para considerar en España una cesión del 100% del principal impuesto y el más visible que pagan los ciudadanos.

Alain Cuenca. Profesor titular de la Universidad de Zaragoza