Tarjeta amarilla

En la vida antes de la crisis sólo había dos certezas: la muerte y los impuestos. Pero en la vida tras la crisis, las economías, atrapadas en una espiral de deuda, desempleo y sin crecimiento, más bien parecen zombis. En cuanto a los impuestos, que ya habían pasado del estado sólido al líquido con la liberalización de los movimientos de capitales, ahora han transitado al gaseoso, como muestran las revelaciones sobre las prácticas fiscales de Luxemburgo.

Como ha señalado el economista francés Thomas Piketty, el principal problema que tiene la izquierda del siglo XXI es que no puede sostener el Estado del bienestar exclusivamente sobre los impuestos a los salarios. Y no lo puede hacer por razones de eficiencia, ya que con esos impuestos no basta para sostener las políticas de igualdad, ni por razones de equidad, porque la riqueza patrimonial ha crecido desproporcionadamente respecto a los salarios. Por tanto, aunque cargar todos los impuestos sobre el trabajo y los salarios es, además de injusto, ineficaz, se hace porque las rentas salariales son fijas y las patrimoniales son móviles, líquidas o disfrutan de regulaciones muy favorables. En otras palabras, los superricos y las empresas pueden marcharse y pagar impuestos en otros países; pero asalariados y consumidores, no.

Este doble rasero fiscal representa una amenaza existencial para el Estado del bienestar, por lo que sus partidarios deberían ser intransigentes con los esquemas fiscales que favorecen estas prácticas, y que están más extendidos de lo que parece (Luxemburgo no es una excepción). Sin embargo, como vemos estos días en el Parlamento Europeo, los socialistas europeos, temerosos de debilitar al presidente de la Comisión y de reforzar a los eurocríticos, se han dejado robar la cartera por unas promesas inconcretas de Jean-Claude Juncker sobre la armonización fiscal que seguramente no llegarán a nada una vez sean trituradas por Gobiernos y grupos de interés.

El resultado de las dudas de los socialistas es que los populistas eurófobos, que han presentado una moción de censura contra Juncker, y los Verdes e Izquierda Unida Europea, que acertadamente han visto el potencial político de este tema entre el electorado de izquierdas, les han arrebatado la bandera de la equidad y la transparencia fiscal. Dicen los socialistas que lo importante es el plan de inversiones públicas que Juncker va a presentar la semana que viene, porque eso supondrá crecimiento y empleo. Pero también hay quienes desconfían de ese plan y señalan que no traerá dinero nuevo sino sólo un lavado de cara de partidas presupuestarias ya existentes. Así que, confiados en que su acuerdo de coalición con Juncker funcione, los socialistas sólo han pitado falta cuando seguramente debían haber sacado tarjeta amarilla. Porque no sólo la política debe ser transparente, sino también las empresas.

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