El desafío migratorio de Obama

"Go big". El mensaje de los activistas hispanos a Barack Obama pasadas las elecciones legislativas es inequívoco: dado que el Congreso no ha permitido —ni ahora que pasa a manos republicanas parece que lo vaya a hacer— el avance de una reforma migratoria integral, el presidente de Estados Unidos no solo debe cumplir de una vez su promesa de actuar por su cuenta para paliar al menos las deportaciones de indocumentados. Además, tiene que hacerlo "a lo grande".

"Si el presidente actúa con audacia, unido a políticas proinmigrantes a nivel estatal y local, la mayoría de los inmigrantes indocumentados podrán llevar una vida razonablemente normal, sin miedo a la deportación, y todo ello sin necesidad de que actúe el Congreso", razona America's Voice, uno de los grupos más activos en el movimiento migratorio.

Frustrado por la negativa de la Cámara de Representantes dominada por la oposición republicana a votar la reforma migratoria que ya aprobó el Senado en 2013, Obama anunció en junio que actuaría por su cuenta, mediante acciones ejecutivas o decretos, antes de que acabara el verano para paliar las deportaciones de indocumentados, que bajo su mandato han alcanzado cifras récord.

Pero llegó septiembre y, con la amenaza de perder el Senado en las elecciones legislativas de este martes, el presidente decidió retrasar cualquier medida hasta pasados los comicios. La nueva fecha fijada: antes de que acabe el año. En su primera comparecencia tras los comicios, el miércoles, el presidente reiteró que actuar es un "compromiso" ineludible y que lo hará en este 2014. Para lo que no le quedan ni dos meses.

El mandatario, sin embargo, sigue sin revelar qué pasos piensa dar, y no aclara siquiera qué le ha recomendado su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, al que ordenó revisar la política de deportaciones.

Analistas consideran que lo más probable es que giren en torno a DACA, la exitosa acción diferida que ordenó en 2012 —justo antes de las elecciones en donde salió reelegido— y que ha beneficiado a algo más de medio millón de jóvenes indocumentados.

En un artículo de opinión publicado en la web de la cadena hispana Univisión unos días antes de las elecciones, los congresistas demócratas Nancy Pelosi, Luis Gutiérrez y Zoe Lofgren defendieron la autoridad de Obama para actuar, citando precedentes de presidentes anteriores, incluidos los republicanos Ronald Reagan y George Bush.

Los legisladores sostenían además que el mandatario podría detener las deportaciones de todas las personas que se habrían podido beneficiar por la propuesta de reforma migratoria aprobada en el Senado. Es decir, hasta ocho millones. Claro que también apuntaron alternativas más modestas, como centrarse en evitar la separación de familias o en dar garantías de no deportación a los trabajadores del campo.

Tras la renovación de su promesa de acción de Obama, caben pocas dudas de que el presidente hará, esta vez sí, algo. La duda es cuán lejos se va a atrever a ir: si actuará "a lo grande" para beneficiar hasta a varios millones de indocumentados, como le piden los activistas y esos congresistas, o si se limitará a hacer un cambio cosmético para salvar la cara ante un electorado que puede ser clave en las presidenciales de 2016, sin indignar sin embargo demasiado a unos republicanos con los que todavía tendrá que trabajar durante los dos años de mandato que le quedan.

Y estos ya le han dejado claro que considerarán cualquier decreto como una afrenta directa.

En una carta fechada el 30 de octubre, los senadores republicanos John McCain, Marco Rubio y Lindsey Graham -tres de los coautores de la fracasada propuesta de reforma migratoria- le advirtieron a Obama de que "una acción unilateral de la rama ejecutiva en esta materia sería perjudicial para los intentos de lograr e implementar las muy necesitadas soluciones políticas y legislativas a largo plazo para nuestro quebrado sistema migratorio".

"Actuar mediante una orden ejecutiva en un tema de esta magnitud constituiría la acción más divisiva que Usted podría realizar y minaría todos los esfuerzos de buena fe para actuar en este tema tan importante", insistieron.

El nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, lo dijo de forma más gráfica aún en su primera rueda de prensa desde la victoria conservadora en las legislativas: Actuar por su cuenta en materia migratoria sería como "agitar un trapo rojo delante de un toro", le advirtió a un Obama que sabe que ahora tendrá que negociar más duramente con un Congreso en manos opositoras.

Por lo pronto, el presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, ya ha prometido que peleará con uñas y dientes contra una acción unilateral del Ejecutivo.

"Es inconstitucional, ilegal y no lo apoyamos. Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que (una acción ejecutiva) no tiene lugar: la dejaremos sin fondo, iremos a los tribunales, emitiremos una orden restrictiva. Lo que haga falta", prometió.

Una amenaza que según Marc Rosemblum, del Migration Policy Institute, debería paradójicamente acabar de convencer a Obama para que se atreva con medidas amplias.

"El presidente no quiere que su legado en inmigración sea el de deportador en jefe y eso sugiere que podría actuar a lo grande", razonó en una reciente charla sobre el tema en el think tank Diálogo Interameriano en Washington. Cierto es que ello podría provocar "una lucha" política como la que ya se desató con su reforma sanitaria, "incluidos nuevos cierres del gobierno", reconoció. "Pero por otro lado, (los republicanos) se van a enfadar de cualquier manera, actúe a lo grande o no, así que por qué preocuparse".