Sin señales de paz en Palestina

El mes se cierra en Palestina con señales de tensión tan evidentes —aprobación de nuevas construcciones en los asentamientos, intento de asesinato de un rabino radical, cierre de la Explanada de las Mezquitas— que ya nadie parece recordar que arrancó con una febril actividad que se presentó como el inicio de una etapa de esperanza. Así, el pasado 3 de octubre Suecia decidió reconocer a Palestina como Estado, seguido (el día 13) por la recomendación del Parlamento británico a su Gobierno de hacer lo propio, mientras otras cámaras (como la francesa y hasta la española) se apuntan al mismo carro. El día 9 se celebró la primera reunión del Gobierno de unidad palestino en Gaza, gracias al permiso israelí para que Rami Hamdallah y sus ministros residentes en Cisjordania pudieran ser recibidos por Ismail Haniya. El día 12, a instancias de Noruega y Egipto, se celebró una Conferencia en El Cairo en la que se logró el compromiso de dedicar 5.400 millones de dólares a la reconstrucción de Gaza. Dos días después, los primeros camiones con material de construcción entraban en la Franja, en virtud del acuerdo entre Israel y la Autoridad Palestina (AP), impulsado por la ONU.

Sin embargo, es inmediato comprobar como cada una de esas noticias tiene su reverso. En primer lugar, por muy significativo que sea el reconocimiento sueco, hay que recordar que ya antes Polonia, Hungría y Eslovaquia habían dado ese paso (cuando no eran miembros de la UE), al igual que otros 130 países, sin que eso haya significado el más mínimo avance en la resolución del conflicto. Asimismo, cabe recordar que la decisión británica (como la del resto de los parlamentos mencionados) no es, en modo alguno, vinculante para su Gobierno. Imaginar que estos gestos suponen una presión añadida sobre Tel Aviv es, sencillamente, una irrealidad demostrada durante décadas.

Por otra parte, la consolidación de un Gobierno palestino unitario debe superar aún numerosos obstáculos, contando con que su función principal ahora mismo debería ser la convocatoria de unas elecciones legislativas y presidenciales largamente pospuestas —que previsiblemente volverán a provocar agudas fricciones— y la reconstrucción de Gaza —donde no es fácil adivinar hasta qué punto Hamás, en su propio feudo, dejará el protagonismo de la tarea a la AP. Pero aun si ambos actores fueran capaces de superar su mutua y profunda desconfianza, no cabe olvidar que ambas tareas siguen dependiendo en gran media de la actitud de Israel. En el plano gubernamental es tan ilusorio suponer que Tel Aviv vaya a levantar totalmente el asedio que viene ejerciendo sobre la Franja desde julio de 2007, como que Hamás se desarme por completo para cumplir la exigencia israelí. La puntual permisividad israelí busca, fundamentalmente, quebrar la precaria unidad palestina, haciendo ver que la aceptación de sus exigencias puede ser recompensada con ciertos alivios de la presión sobre los 1,8 millones de gazatíes, mientras que la resistencia está abocada a la repetición de lo ya experimentado este pasado verano. A esto se une, por si fuera preciso atender a la opinión pública, que un 75% de los judíos israelíes rechazan la creación de un Estado palestino, si eso supone el abandono del valle del Jordán y la división de Jerusalén.

Por último, en el plano económico, no deja de ser chocante el empeño en señalar que los 5.400 millones de dólares prometidos superan los 4.030 que la propia AP solicitó en El Cairo para la reconstrucción de Gaza. Por un lado, se olvida que los compromisos adquiridos en ese tipo de convocatorias nunca se han traducido en desembolsos reales (y menos ahora, en plena crisis económica global). Por otro, no se toma en consideración que los promotores de la Conferencia han señalado que solo la mitad de esa cifra será para reconstruir la Franja (muy por debajo, en consecuencia, del volumen señalado por la AP), sin especificar en qué se empleará el resto (dando por supuesto, subliminalmente, que los desembolsos reales serán mucho menores). Pero, peor aún, no se considera que el plan de la AP eleva el presupuesto necesario a los 15.500 millones de dólares (4.030 para reconstruir Gaza; 4.500 en apoyo al presupuesto ordinario de la AP en los próximos tres años; y 7.000 para proyectos a largo plazo, incluyendo el puerto y aeropuerto, una planta desalinizadora y la explotación del gas bajo las aguas de Gaza). Visto así, no es fácil compartir el artificial optimismo oficial.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)