MATANZA EN IGUALA

Los claroscuros del caso ‘Iguala’

Guerrero quedará marcado por un conflicto entre el Gobierno y los normalistas que tuvo uno de sus primeros encontronazos en 2011

Familiares de los desaparecidos participan en una celebración religiosa.
Familiares de los desaparecidos participan en una celebración religiosa. j.m / EFE

Ayotzinapa nunca olvidara sus nombres: César, Felipe, Jacinto, Rodrigo… eran 43, todos alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Sus familias ya no los verán de vuelta en casa. Los esperaban desde hace más de un mes. La historia de Guerrero, la entidad mexicana con el índice de violencia más alto del país, quedará marcada por esta matanza y por un conflicto entre el Gobierno estatal y los estudiantes lleno de claroscuros, que tuvo uno de sus primeros encontronazos el 12 de diciembre de 2011, cuando dos jóvenes fueron asesinados en la autopista del Sol, Chilpancingo, la capital del Estado.

Las muertes de aquel día ocurrieron durante una protesta estudiantil contra el nombramiento del nuevo director de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Eugenio Hernández García, acusado por los alumnos de no cumplir con el perfil académico. El caso, que nunca se aclaró, puso sobre las cuerdas a las autoridades locales. El 9 de enero de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe en el que afirmó que la Policía Federal provocó el enfrentamiento y que los agentes locales dispararon a los alumnos.

En mayo de 2013, 40 meses después de que Ángel Aguirre tomara las riendas del Estado, 13 activistas habían desaparecido

Ángel Aguirre Rivero, —del PRD (izquierda mexicana)—, quien había negado inicialmente que su Gobierno estuviera involucrado en la matanza, acató la resolución de la CNDH y aseguró que todos los funcionarios involucrados en el crimen serían separados de sus cargos. Las pesquisas de la Fiscalía local desvelaron, días después, que los asesinatos fueron consecuencia de los disparos de dos agentes ministeriales: Ismael Matadama y Rey David Cortes, que después de ser aprendidos fueron puestos en libertad el 23 de abril de 2013, tras 16 meses en prisión.

En mayo de 2013, 40 meses después de que Ángel Aguirre tomara las riendas del Estado, 13 militantes de organizaciones sociales habían desaparecido. Iguala, una ciudad de Guerrero con 130.000 habitantes, se había convertido en uno de los puntos más rojos de la región. Su alcalde, José Luis Abarca, ha sido acusado de asesinar al líder de la organización Unidad Popular —movimiento de defensa de los derechos de los campesinos y cercano al PRD—, Arturo Hernández Cardona, quien fue secuestrado el 30 de mayo de 2013 junto a ocho de sus compañeros. La versión de uno de los sobrevivientes indica que el regidor disparó a la cara y después al pecho de su adversario político, con el que había tenido severas disputas.

José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.ap

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De este caso no se supo nada durante más de un año. José Luis Abarca continuó al frente del Gobierno de Iguala, siempre acompañado de su esposa María de los Ángeles Villa, hermana de dos exoperadores del capo Arturo Beltrán Leyva, abatido por la Marina en 2009, y que habían fundado el grupo criminal Guerreros Unidos en este Estado.

La violenta mano de Abarca y de su mujer se evidenció al extremo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Ayotzinapa recolectaban fondos, en la ciudad de Iguala, para acudir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México en memoria de las víctimas de Tlatelolco.

El primer ataque se desató sobre las 21.30 horas, cuando los alumnos de la Escuela Normal acudieron a la central de autobuses y tomaron un par de autobuses. Al salir de la central, fueron alcanzados por la policía municipal, que disparó contra los estudiantes. Pese al tiroteo, un vehículo logró arribar hasta el Palacio de Justicia de Iguala.

El saldo del 26 de septiembre fue de seis muertos, tres de ellos normalistas, 17 heridos y 58 desaparecidos

La masacre se produjo en la avenida Periférico Norte. Tres autobuses fueron baleados. Dos ocupantes murieron; otros cinco resultaron heridos. Los estudiantes identificaron a los fallecidos como compañeros suyos. Los agresores no se bastaron con eso y secuestraron a 43 jóvenes, según las primeras versiones. Al filo de la media noche, un autobús que llevaba al equipo de fútbol los Avispones de Chilpancingo recibió una lluvia de unos 400 tiros en la que fallece uno de los jugadores. El saldo total: seis muertos, tres de ellos normalistas, 17 heridos y 43 desaparecidos.

El 27 de octubre, la Fiscalía de Guerrero reconoció que fueron policías municipales los que dispararon contra los estudiantes. En una de las carreteras de la ciudad fue encontrado el cuerpo de uno de los normalistas reportados como desaparecidos, al que le habían sacado los ojos y arrancado la piel de la cara. Fue un día después cuando la Fiscalía federal detuvo a 22 agentes de Iguala. 

La Fiscalía de Guerrero ofreció una recompensa a cambio de información que ayudará a dar con los estudiantes.
La Fiscalía de Guerrero ofreció una recompensa a cambio de información que ayudará a dar con los estudiantes.Eduardo Verdugo / ap

Aquel día surgió otro enigma. El alcalde, José Luis Abarca, solicitó separarse de su cargo para no entorpecer las investigaciones, después que la Fiscalía de Guerrero lo señalara a él y al titular de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, como posibles responsables de las muertes. Desde entonces ninguno ha sido localizado. De la esposa de Abarca, posible futura candidata a las elecciones municipales, tampoco hay rastro.

Enrique Peña Nieto, el presidente de México que arrastra más de 13.000 desapariciones, emitió un primer mensaje el 1 de octubre. El mandatario exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, asumir el saldo por lo ocurrido. “El Gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios Gobiernos Estatales”, aseveró el mandatario.

¿Dónde queda Iguala? ¡A menos de 200 kilómetros del Distrito Federal, a tres horas por carro! ¡No hay excusa!"

Reclamo de Human Rights Watch a Enrique Peña Nieto

La incertidumbre inundaba Iguala. Ante la incapacidad de investigación, la Fiscalía de Guerrero ofreció una recompensa de un millón de pesos (73.800 dólares) a quien diera información útil que para encontrar a los estudiantes, y frente al reclamo social emite una orden de aprensión contra José Luis Abarca. Pero el olor a muerte estaba cerca. El 4 de octubre, la Fiscalía de Guerrero encuentra seis fosas, con 28 cadáveres calcinados, en un cerro a las afueras de Iguala. Después de 24 horas, la misma Fiscalía informa que fueron los policías municipales quienes detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros del narco local, quienes ejecutaron al menos a 17 de los 43 desparecidos, según la confesión proporcionada por dos presuntos sicarios. El procurador del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, afirmó que la orden de asesinar a los jóvenes la dio El Chucky, integrante y uno de ños lideres del cartel de los Guerreros Unidos.

A casi dos semanas de la matanza, los organismos internacionales levantaban la voz. “¿Dónde queda Iguala? ¡A menos de 200 kilómetros del Distrito Federal, a tres horas por carro! ¡No hay excusa! Éste no es un sitio remoto que queda en la selva distante, y sin embargo le tomó cuatro días al presidente de México intentar incluso delegar responsabilidades en las autoridades de Iguala”, reclamó Human Rights Watch. Su denuncia se sumó a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. EE UU y la OEA también habían pedido que México esclareciera la desaparición de los estudiantes.

Miles de personas salieron a las calles para exigir una respuesta clara sobre el caso 'Iguala'.
Miles de personas salieron a las calles para exigir una respuesta clara sobre el caso 'Iguala'.Marco Ugarte / ap

El 9 de octubre, la Fiscalía federal detuvo a cuatro personas que revelaron la ubicación de cuatro fosas más. “No podemos confirmar si es cierto que se trate de los restos de los estudiantes”, afirmó el fiscal general, Jesús Murillo Karam. A pesar de ello, el Gobernador de Guerrero se negó renunciar a su cargo, pero ofreció realizar una consulta para revocar su mandato. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional denunciaba que la investigación para localizar a los estudiantes es deficiente, caótica y hostil.

La rabia de los jóvenes, así como de cientos de activistas por la lenta respuesta del Gobierno, se dejó ver el 13 de octubre. Los normalistas de Ayotzinapa incendiaron las oficinas del Gobierno de Guerrero. “Esto no va a parar, que sepan lo que se viene encima”, amenazaban. Mientras, el hallazgo de los jóvenes se aplazaba. El 14 de octubre, la Fiscalía federal confirmó que los arrestados hallados en las primeras fosas no eran de los 43 jóvenes desaparecidos. Ese mismo día, uno de los líderes del grupo Guerreros Unidos, identificado como Benjamín Mondragón Pereda, alías El Benjamón, murió en un enfrentamiento con la Policía Federal, en el Estado de Morelos.

Tras tres semanas sin respuesta, los universitarios del país y de las familias de los normalistas salieron a las calles en son de protesta. El 15 de octubre, los estudiantes de 32 escuelas de todo el país declaran la suspensión de clases por 48 horas. El 17 de octubre, Acapulco, la ciudad más turística de Guerrero, se echa a la calle. La Fiscalía, en tono de respuesta, detuvo a 14 policías de la Iguala que supuestamente entregaron a los normalistas a los miembros del narcotráfico, así como al ‘líder máximo’ del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Para ese entonces, Guerrero era un polvorín. El domingo 19 de octubre, el Gobierno federal asumió la seguridad de 13 municipios del Estado, por posibles nexos del narcotráfico con miembros de la seguridad pública.

Estudiantes marchan por el centro de la Ciudad de México.
Estudiantes marchan por el centro de la Ciudad de México.Eduardo Verdugo / AP

Los detenidos, que sumaban ya 44, se incrementaban al igual que las dudas sobre sobre un trágico final de los estudiantes. El Gobierno, que después de 25 días de lo ocurrido se reunió con los familiares de los estudiantes desaparecidos, aumentó la recompensa por información que ayudara a localizar a los estudiantes. Su oferta ascendió a 1,5 millones pesos (110.000 dólares) por cada uno de los normalistas. 

La Fiscalía general imputa a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, y a su esposa, María de los Ángeles, así como al director de seguridad pública de la zona, Felipe Flores, en la desaparición de los estudiantes. Una marcha masiva en México DF exige esclarecer el ‘caso Iguala’. Más de 50.000 personas recorrieron el centro del país para exigir una respuesta clara de las autoridades. La protesta la encabezan los padres de los jóvenes normalistas. Dos días después, la crisis fulmina al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien abandona el cargo a casi tres años de terminar su mandato en el Estado donde hasta esta fecha se habían encontrado 11 fosas con un total de 38 cuerpos humanosEl 26 de octubre, Rogelio Ortega, exsecretario general de la Universidad de Guerrero, quedó al cargo del Estado. 

El 5 de noviembre, después de 40 días de la desaparición de los estudiantes, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, son capturados en el Distrito Federal. Ese mismo día, la sociedad civil sale a las calles de la Ciudad de México, por tercera ocasión desde que inició la tragedia. 

Este viernes 7 de octubre, la Fiscalía anuncia que los normalistas secuestrados fueron transportados hasta un basurero de la Ciudad de Cocula y ahí fueron ejecutados. El reclamo se ha quedado en el aire: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Ahora, las familias de Marcial, Luis, Everardo y de 40 más están a la espera de que algún día se haga justicia.

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