EE UU amplía la orientación legal para inmigrantes en Texas

En medio de fuertes críticas por el incremento en el arresto de menores y familias inmigrantes, junto a la falta de transparencia, el Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que dará orientación legal a las personas detenidas en el centro de Karnes (Texas). La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), que administra las cortes de inmigración estadounidenses, detalló a EL PAÍS que el Programa de Orientación Legal (LOP) comenzará a partir del 1 de noviembre.

“Al atender a este programa las personas están mejor preparadas para tomar decisiones informadas en sus procesos de deportación y con más conocimiento sobre los recursos disponibles, tienen una mejor posibilidad de obtener representación”, aseguró el director de EOIR, Juan Osuna.

La ciudad de Karnes, con un poco más de 3,000 habitantes, está a 97 kilómetros al sureste de San Antonio. Alberga a uno de los tres centros donde el gobierno estadounidense está concentrando la detención familiar, junto con Artesia en Nuevo México y Leesport en Pensilvania. Artesia ya cuenta con el Programa de Orientación Legal y EOIR aseguró que también se ampliará a Leesport. Se espera que en noviembre se abra un nuevo centro en Dilley Texas, con capacidad para 2.400 personas, el más grande en su tipo.

A través de un contrato, organizaciones gubernamentales enviarán a representantes para hablar con los detenidos sobre el proceso que enfrentarán en la corte de inmigración y les darán información básica. Esto no se traduce en representación legal concreta; una de las necesidades más urgentes para los inmigrantes detenidos.

La orientación legal y acceso a representación ha sido una de las críticas más fuertes hacia el gobierno. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en Texas), Grassroots Leadership y Women’s Refugee Commission visitaron Karnes el mes pasado e insistieron en que se deben mejorar las condiciones predominantes en los centros.

La orientación legal y acceso a representación ha sido una de las críticas más fuertes hacia el gobierno

“La mayoría de las personas que están en Karnes cumplen la condición de miedo creíble -el primer paso para conseguir asilo- pero casi todos no habían recibido asesoría legal. Incluso había mujeres indígenas que no hablan español y fueron entrevistadas en ese idioma”, narró Adriana Piñón, abogada de ACLU Texas.

“Tienen una mucho mejor oportunidad de preparar sus casos afuera del centro de detención, pero insisten en mantenerlos ahí”, agregó. Actualmente sólo cuatro familias han logrado salir de Karnes, que tiene una capacidad para poco más de 500 personas.

EOIR implementó el Programa de Asistencia Legal desde 2003. La organización elegida para dar orientación en Karnes fue Vera Institute of Justice. Consultados por EL PAÍS, no especificaron cuánto personal destinarán para asistir a los detenidos.

La portavoz de EOIR, Kathryn Mattingly, explicó que la agencia recibió un aumento de 1,2 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2014, de manera que redistribuyeron fondos a nivel interno para ampliar LOP y así pueden “enfrentar la situación en desarrollo en la frontera”, dijo.

En los fondos adicionales pedidos por la Casa Blanca al Congreso estaban contemplados 15 millones de dólares para servicios de representación legal directa para niños con procesos de deportación y otros 2,5 millones para expandir el Programa de Orientación Legal, pero no fueron aprobados.

El pasado 11 de octubre, Karnes fue el escenario de una protesta en contra de la detención familiar coordinada por diversas organizaciones de derechos civiles. Por otro lado, el centro en Artesia se enfrenta a una demanda presentada esta semana por organizaciones de derechos civiles y liderada por ACLU, donde exigen al Gobierno responder a una solicitud de información sobre los procedimientos de deportación, petición amparada en la Ley de Libertad de Información.