Argentina impulsa la expulsión de delincuentes extranjeros

Los extranjeros sin papeles que sean descubiertos in fraganti cometiendo un delito serán expulsados de forma inmediata de Argentina, según establece el proyecto de nuevo código procesal penal que presentó este martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Seguridad del Gobierno, Sergio Berni, ya venía quejándose de manera permanente contra los inmigrantes de otros países sudamericanos involucrados en episodios de inseguridad. Varias veces ha apuntado contra colombianos y chilenos y en agosto pasado advirtió: "Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a Argentina únicamente a delinquir y esto se debe a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario". Para contrarrestar críticas por presunta xenofobia, Fernández recordó que su país es uno de los más abiertos a la inmigración en Latinoamérica. De hecho, es el tercero con mayor población extranjera en la región (3,6% del total), solo por detrás de Costa Rica y República Dominicana.

"Se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y no podrán volver a entrar por 15 años”, dijo Fernández en un nuevo mensaje por cadena nacional de radio y televisión. "Es una protección que merecen los argentinos (respecto) de los extranjeros que entran a delinquir”, añadió la jefa de Estado. En 2013, los principales colectivos que iniciaron trámites de residencia en Argentina fueron los de paraguayos, bolivianos, peruanos, colombianos y chilenos, en ese orden.

El nuevo código procesal penal deberá ser votado por el Congreso, donde el kirchnerismo y sus aliados mantienen la mayoría absoluta en ambas cámaras. El proyecto prevé que las acusaciones dentro de una investigación judicial dejen de estar dirigidas por jueces y fiscales, y recaigan solo en manos de estos últimos. “(La reforma) no le quita potestades al juez, pero la investigación es conducida, diriga y a cargo del fiscal”, anunció Fernández. Dirigentes de la oposición ya habían anticipado su rechazo a esta propuesta porque sostienen que la jefa de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que ocupa un cargo designado por el Ejecutivo con aprobación del Senado, defiende supuestamente los intereses de kirchneristas acusados en la justicia por presunta corrupción. Fernández advirtió de que Argentina es el único país de Latinoamérica donde la investigación no está conducida por el fiscal sino que éste comparte la tarea con el juez.

Argentina es el tercer país latinoamericano con mayor población extranjera

"Las víctimas van a poder participar del proceso junto al fiscal”, anunció Fernández otra de las novedades del futuro código. "Las causas deberán durar como máximo un año y el juicio se deberá llevar a cabo 30 días después. Las causas no prescriben; si los fiscales y los jueces no cumplen, van a ser sancionados”, prometió la presidenta argentina. El año pasado, Fernández había impulsado una reforma judicial para que los miembros del organismo que designa y destituye a los jueces fuesen elegidos por la ciudadanía, en lugar de por los integrantes del Poder Judicial, los abogados y los académicos, pero la ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Argentina.

Fernández contó que el nuevo código mantendrá en prisión preventiva a aquellos acusados de delitos que hayan sido condenados con anterioridad. La medida apunta contra la “puerta giratoria”, según la líder peronista. Así es como llaman los ciudadanos a las entradas de las comisarías policiales, donde, según un dicho popular, los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”.

Pero la presidenta argentina negó que estas medidas apunten contra la inseguridad ciudadana, uno de los asuntos que más critican los candidatos opositores para las elecciones presidenciales de 2015. “No hablo de inseguridad, tema que tiene mucho marketing. El que diga que con tal gobierno se termina la inseguridad miente y el que lo cree es un tonto”, opinó quien no podrá buscar la reelección porque la Constitución argentina prohíbe tres legislaturas consecutivas, pero que ha sabido evitar el fenómeno del pato cojo, es decir, la pérdida de poder real de un presidente que finaliza su periodo. Claro que el índice de confianza en el Gobierno, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, muestra que tras la crisis de deuda de julio pasado el Ejecutivo argentino pierde apoyo, sin llegar a los niveles mínimos de la era Fernández, de 2008/2009, ni a guarismo inferiores de 2013 y principios de 2014, tras la devaluación del peso que elevó la inflación y contrajo la economía.