La emigración está en el ADN europeo

Por el mundo se desplazan dos grupos de viajeros, ambos formados por muchos millones de personas. Unos viajan por propia voluntad y por placer. Son los turistas. Abandonan sus hogares para disfrutar de su tiempo libre en lugares exóticos, para conocer otros países, o para mezclarse con gente diferente. Al hacerlo, a veces incluso asumen algún riesgo, pero por regla general, el peligro está cuidadosamente calculado. Transcurridas dos, tres o, menos frecuentemente, cuatro semanas de ausencia, vuelven al mismo lugar que habían dejado, a la misma casa, al mismo trabajo, en el mismo entorno. El otro grupo, no tan voluntario, lo forman los emigrantes. Son menos numerosos que los turistas, pero suelen recorrer los mismos trayectos en los mismos medios de transporte y, además, suelen encontrarse en los mismos lugares. Porque a menudo sus economías están relacionadas: el huésped de un país extranjero se encuentra con camareros, conductores, comerciantes, empleados de gasolinera, vigilantes y mendigos de otros países extranjeros. La diferencia reside en que los trabajadores abandonan sus patrias por necesidad y muchas veces no vuelven, y en caso de que en alguna ocasión viajen allí donde una vez estuvo su hogar, irán de vacaciones. Las personas se quedan, y a veces prosiguen su viaje.

Hay tres grupos de emigrantes: los trabajadores emigrantes, los exiliados clásicos – o, más concretamente, los perseguidos políticos con sus circunstancias individuales – y las personas evidentemente cada vez más numerosas que se ponen en marcha asfixiadas por la necesidad. En el caso del primer grupo, se trata de un acuerdo en mutuo beneficio: la gente emigra para encontrar trabajo en otro lugar o para conseguir más ingresos. Y su nuevo país la necesita y la acoge al menos de cierto buen grado. El medio millón de emigrantes polacos de Masuria o Alta Silesia que llegaron en las últimas décadas del siglo XIX a la región del Ruhr eran trabajadores emigrantes. Y los cientos de miles de jóvenes italianos, españoles y griegos con un buen nivel de estudios que se han trasladado a los países del norte de la Unión Europea desde que comenzó la crisis de 2008, también forman parte de este grupo. Desde el punto de vista histórico, los trabajadores emigrantes han sido la norma dentro de los que se desplazan más o menos en contra de su voluntad. Llevan milenios moviéndose, y si en las pasadas décadas – bien en forma de “trabajadores invitados” que se quedaban periodos demasiado largos, de “trabajadores emigrantes” que se establecían definitivamente, o de “fuerza de trabajo estacional” que también pasaba el invierno en el país – se les ha adjudicado insistentemente la condición de “problema”, no ha sido tanto debido a ellos mismos como a un Estado que quería mantener con ellos una relación estrictamente empresarial.

Da igual cuánto contribuyan los inmigrantes a los fondos de pensiones o al seguro de desempleo, porque los extranjeros, lisa y llanamente, no tienen derechos

El episodio del cierre del reclutamiento con el que, a raíz de la crisis del petróleo, el Gobierno de Alemania Occidental intentó evitar la llegada de inmigrantes de los países europeos pobres en 1973, demuestra que este planteamiento calculador no se puede mantener mucho tiempo. Las razones del fracaso son múltiples. Una de ellas es que las ideas de las empresas sobre la fuerza de trabajo barata difieren de las del Estado, que tiene que administrar su llegada. Una segunda razón reside en que la fuerza de trabajo no está constituida solo por ella misma, sino que conoce y necesita a otras personas, o es conocida y necesitada por ellas. Algunos ejemplos son los parientes, los amigos, los compañeros, los compromisos de larga duración o toda clase de rufianes. Los países con una larga y profunda historia colonial tienen más experiencia en este tipo de relaciones que, digamos, la República Federal de Alemania, que durante mucho tiempo ha sido un país de inmigración antes de que sus propios políticos lo reconociesen públicamente. La razón no es en ningún caso que dichos políticos no supiesen lo que pasaba a su alrededor, sino que de ese modo transmitían a sus votantes cuál era su posición ante el fenómeno: en el mejor de los casos se toleraría con la condición de que no cupiese duda de que el interés económico de la población nacional estaba garantizado. Por lo demás, en esto, los políticos conservadores se diferencian poco de sus colegas liberales o incluso verdes.

¿Y qué hay detrás de todo ello? El Estado nacional. Y es que, por mucho que se comporte tan bondadosamente– como hace sobre todo Suecia – que pueda llegar hasta a acoger proporcionalmente a muchos más inmigrantes que cualquier otro Estado occidental, seguirá distinguiendo entre dentro y fuera; entre ciudadanos, a los que contabiliza en su inventario, y aquellos que pertenecen a las reservas de otros Estados. ¿No es curioso que, en los últimos tiempos, se oiga decir con tanta frecuencia, refiriéndose a los jóvenes españoles o italianos que buscan empleo en los Estados del norte de la Unión Europea, que se trata de personas muy bien preparadas y que por lo tanto sería ventajoso acogerles dado que otro Estado ya ha pagado esa formación? Y el ciudadano comparte el razonamiento. Esta clase de cálculo es tan solo la otra cara de la expectativa de que el propio Estado estará al servicio del interés personal, de manera que quienes vienen de fuera resultan ser beneficiarios sin derecho al beneficio. Desde este punto de vista, no tiene sentido repasar las cuentas. Da igual cuánto contribuyan los inmigrantes a los fondos de pensiones o al seguro de desempleo, porque los extranjeros, lisa y llanamente, no tienen derechos.

Generalmente se tiende a considerar la condición de refugiado como algo pasajero; como algo que va y viene y que tal vez un día incluso desaparecerá del todo. Pero son  parte de este mundo y van a seguir siéndolo

En el siglo XIX, los movimientos migratorios todavía los formaban sobre todo trabajadores. Es cierto que estaban los judíos del Este, que, después de haber sido víctimas de los cada vez más frecuentes pogromos en Rusia, se marcharon no solo a Estados Unidos, sino también al oeste de Europa. Y por supuesto, existían los refugiados políticos, los carbonarios y los bonapartistas dispersos por Suiza, los nacionalistas polacos en Francia, los comunistas en Londres y París, los anarquistas, que se movían por todo el mundo. Pero en total formaban un grupo de quizás 10.000 personas, cuyo control era una cuestión de seguridad, pero no de política exterior, para los Estados que los acogían. Esto cambió sustancialmente con la Primera Guerra Mundial, a raíz de la cual los imperios Austrohúngaro, Otomano y Ruso desaparecieron y fueron sustituidos por Estados nacionales. Desde entonces, el exilio y la búsqueda de asilo ha sido el destino de grandes masas de población, una historia que comienza con los armenios, que antes de las masacres de los turcos abandonaron sus hogares en Anatolia; con los rusos, que, huyendo del régimen comunista, buscaron refugio en Berlín (en 1920 vivían en la ciudad alrededor de un cuarto de millón de rusos); con el posiblemente más de un millón de belgas que durante la Primera Guerra Mundial escaparon hacia Holanda y Gran Bretaña huyendo de los alemanes.

El moderno derecho de asilo, creado en la década de 1920, reflejaba las nuevas circunstancias políticas. No solo institucionalizaba la figura del refugiado, sino que también la nacionalizaba. Lo que surgió con él, en forma de organismos, legislación y procedimientos en torno a los refugiados, no fue en ningún momento solo una medida humanitaria, sino siempre un instrumento de la política exterior. La razón es que, en la relación entre Estados, el asilo se concibe como una excepción. Un refugiado es un ciudadano que pertenece en realidad a un poder estatal ajeno, al cual se le priva de él al menos temporalmente. Por eso, dicha excepción no puede fundamentarse únicamente en que una persona quiera escapar de la persecución en la que vive. Por el contrario, en la decisión siempre entrará en juego el otro Estado, y solo si este se demuestra censurable a ojos del país que concede el asilo, se tomará efectivamente en consideración la posibilidad de otorgarlo. De ahí que el derecho de asilo solo adquiriese verdadera entidad con la Guerra Fría, y que siempre flote en el aire la sospecha de que a lo mejor el interesado no es más que un “refugiado económico”.

Jamás ha habido más personas huyendo por el mundo que en la segunda mitad de la década de 1940. El historiador británico Peter Gatrell, cuyo libro The Making of the Modern Refugee [El origen del refugiado moderno] (Oxford University Press, 2013) documenta la historia de la figura del refugiado en el siglo XX, ha calculado que, después de la Segunda Guerra Mundial, 175 millones de personas tuvieron que buscar una nueva patria, entre ellas 12 millones que llegaron a Alemania procedentes de sus antiguos territorios orientales y de Checoslovaquia. Todavía quedan algunas, como los dos millones y medio de palestinos que viven en campos de refugiados. Además, desde entonces se les han añadido muchas más, como es el caso de las víctimas de las guerras civiles yugoslavas o los dos millones de refugiados de Irak que viven provisionalmente en Turquía. Generalmente se tiende a considerar la condición de refugiado como algo pasajero; como algo que va y viene y que tal vez un día incluso desaparecerá del todo. Pero estos desplazamientos no son ni episódicos, ni afectan a las sociedades occidentales solo tangencialmente. Son parte de este mundo y van a seguir siéndolo.

Actualmente llegan a Europa cada año unas 200.000 personas de África o de Oriente Próximo pidiendo asilo. Son pocas en comparación con los millones y millones que se desplazaron después de la Primera y, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial

En lo que llevamos de año, unos 124.000 refugiados han llegado a Italia por el Mediterráneo. La mayor parte procede de Siria e Irak (es decir, de una región en la que los países occidentales industrializados están sosteniendo guerras, por muy indirectamente que sea), así como de Estados al sur del Sáhara: Sudán, Eritrea, Malí o Somalia. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, actualmente no solo vienen jóvenes que creen en un futuro mejor en Europa, sino poblaciones enteras que ya no pueden sobrevivir en su patria porque los señores de la guerra se han adueñado de Somalia; porque en Malí combaten los islamistas, los rebeldes tuaregs y las tropas francesas; porque Eritrea no logra llegar a un acuerdo sobre las fronteras ni con Etiopía ni con Somalia. Y, al fin y al cabo, cada uno de estos conflictos es expresión y consecuencia de que los respectivos Estados no pueden sostenerse ni económica ni políticamente en las condiciones de una globalización cada vez más intensa. Ya no tienen economía, y su política consiste en la guerra, hacia dentro, hacia fuera y en ambas direcciones. La inutilidad de un Estado así la sufren en sus propias carnes las personas que pertenecen a su inventario y la ponen de manifiesto los políticos europeos y sus medios de comunicación al convertir a esas personas en una “corriente” o una “avalancha”.

Actualmente llegan a Europa cada año unas 200.000 personas de África o de Oriente Próximo pidiendo asilo. Son pocas en comparación con los millones y millones que se desplazaron después de la Primera y, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, y que, sin embargo, y salvo algunas excepciones (entre las que se encuentran principalmente los palestinos) siempre encontraron una nueva patria. Y aun así, la inquietud cunde no tanto entre los políticos – que, como siempre, insisten en que todas las obligaciones de sus respectivos Estados en relación con los refugiados ya están más que cumplidas – como entre la gente corriente. Detrás de la idea de la hiperextranjerización no solo se oculta el mero hecho de que los inmigrantes de África o de Oriente Próximo son claramente visibles en el paisaje urbano, a diferencia, digamos de los búlgaros o de los rusos, ni tampoco solo el racismo habitual. Más bien viene acompañada por la sospecha de que las “mareas de refugiados”, como dice la desagradable metáfora, que “inundan” los países del corazón de Europa tan solo representan el inicio de un movimiento mucho mayor, y de que existe una relación entre el bienestar de que se disfruta en Europa y la miseria que reina en esos continentes y que engendra multitudes que presumiblemente no puedan ser útiles a ninguna política ni a ninguna economía nacional. Suena al comienzo de la emigración de los pueblos superfluos.

Este proceso resulta todavía más inquietante porque, aunque tenga que ver directamente con Europa, sucede en gran medida fuera del continente. El régimen de violencia ligado a la vigente política de asilo, generalmente llamado Frontex, de momento solo es reconocible como tal en las fronteras exteriores de Europa. Mientras sea así, seguirá siendo algo que sucede lejos, en otra parte del mundo. La ilusión reinante dentro de estas fronteras de que Europa es una manifestación más bien pacífica solo se puede sostener porque los conflictos en cierto modo están externalizados. No es que se pueda confundir el interior del continente con las condiciones en la ciénaga, pero hasta los episodios de violencia en los suburbios de París o en el West End de Londres no son sino una pálida sombra de lo que ocurre junto a las vallas griegas, frente a las costas italianas o delante de las fortificaciones fronterizas marroquíes, por no hablar de lo que es sobrevivir al sur del Sáhara.

Lo que se recrimina con más frecuencia a los Estados de los que proceden los refugiados  es su incapacidad para impedir que sus ciudadanos huyan

Hay razones de peso para sospechar que se está fraguando algo nuevo y tal vez amenazador. Se puede ver, por ejemplo, en que para estos movimientos de refugiados ya no son válidas las relaciones interestatales, ni tampoco las circunstancias sobre las cuales se asentó la creación del derecho de asilo del siglo XX. De ahí que lo que se recrimine con más frecuencia a los Estados de los que proceden los refugiados sea su incapacidad para impedir que sus ciudadanos huyan. O, en otras palabras, sencillamente en ellos no hay nadie con quien un ministro italiano de Exteriores o incluso un comisario de Naciones Unidas pueda negociar y, ni que decir tiene, nada sobre lo que negociar. Y esto vale no solo para los países de origen de los emigrantes, sino también para los Estados que tienen que atravesar en su desplazamiento, por ejemplo, para embarcarse en dirección a Italia. Pero, ¿quién querría recordar que ninguno de esos Estados miserables se encontraría en su situación actual sin la vital colaboración de las grandes potencias del mundo? ¿O el empeño con que no hace tanto tiempo se pretendía ajustar las cuentas con personajes como Bachar el Asad? ¿Quién querría darse por enterado de que fueron los propios Estados occidentales los que, durante la Primavera Árabe, y sobre todo en Libia, tomaron parte activa en el derrocamiento de las viejas autocracias, de manera que hoy sus países pueden servir de paso a los refugiados?

A la vista de tales circunstancias, de nada vale insistir en que Europa no resistirá una inmigración descontrolada. Por el contrario, muy bien podría ocurrir que los Estados de este continente no tengan que decidir qué pueden soportar y qué no, ya que la inmigración es un hecho, y no toma en consideración las intenciones de las respectivas economías nacionales. Pero cuanto más se intente hacer frente a este nuevo tipo de inmigración aferrándose a los viejos métodos legales y económicos, más duras se volverán las alternativas. Al final no habrá otras que muerte o integración. Y como algo así no debe ocurrir, Europa tendrá que abrirse de forma tan controlada y meditada como sea posible.